El homenaje que el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Bolivia dedicaron a los militares que combatieron a Ernesto Che Guevara en 1967 no es únicamente una ceremonia castrense. También es una señal política y cultural sobre la forma en que el país quiere contar uno de los episodios más discutidos de su historia reciente. Para los ciudadanos, la noticia importa porque muestra cómo el Estado selecciona los recuerdos que considera dignos de reconocimiento y cómo esa decisión puede influir en la educación, los símbolos nacionales y la relación con las Fuerzas Armadas.

Qué ocurrió y por qué vuelve a ser relevante

El acto se celebró en el Colegio Militar del Ejército, en La Paz, con la presencia del ministro de Defensa, altos mandos y alrededor de quince excombatientes de 1967. La fecha fue presentada como el “Día de la victoria del soldado contra guerrillero” y coincidió con el 59 aniversario de la muerte de Guevara. Los veteranos, vestidos con el uniforme del Ejército boliviano, desfilaron junto a cadetes de la institución.

El ministro Ernesto Justiniano defendió que la historia de aquellos años no debe concentrarse exclusivamente en la figura internacional del Che y en los miembros de la guerrilla. Según su argumento, también debe conocerse la experiencia de los soldados bolivianos, muchos de ellos jóvenes enviados a combatir en un contexto de incertidumbre y peligro. La reivindicación no se planteó, al menos en el discurso oficial, como una exigencia de negar otras interpretaciones, sino como una ampliación del relato histórico.

La disputa no es solo sobre el pasado

La memoria del Che ocupa un lugar particular en Bolivia. Para una parte de la sociedad latinoamericana, Guevara representa la rebeldía, la lucha revolucionaria y la oposición a la influencia de Estados Unidos. Para otra, su incursión en Bolivia fue una intervención armada extranjera que puso en riesgo la soberanía nacional y obligó a jóvenes bolivianos a enfrentarse a una guerrilla organizada en territorio del país.

Las dos miradas pueden coexistir como objetos de estudio, pero no producen los mismos efectos políticos. Durante los gobiernos de Evo Morales, entre 2006 y 2019, las conmemoraciones oficiales tendieron a destacar a Guevara y dejaron en segundo plano a los militares bolivianos que participaron en su captura. En 2020, el Gobierno transitorio de Jeanine Añez organizó un acto de desagravio para los llamados beneméritos de Ñancahuazú y los presentó como héroes. El homenaje actual retoma esa línea y la convierte en una señal institucional más visible.

Por eso, el acto también puede leerse como parte de una disputa por los símbolos nacionales. Reconocer a los soldados puede reparar una omisión sufrida por sus familias y por los veteranos, pero también puede ser utilizado para reforzar una determinada imagen de las Fuerzas Armadas. La diferencia dependerá de si el reconocimiento se acompaña de investigación histórica rigurosa o si se transforma en una versión oficial cerrada a las preguntas incómodas.

Qué significa para las familias y los veteranos

Para los excombatientes, un reconocimiento público tiene una dimensión concreta. Significa que su servicio deja de aparecer como una nota secundaria frente a la celebridad mundial del Che. También puede contribuir a preservar testimonios, documentos y experiencias personales que desaparecerán si no se incorporan a archivos, museos y programas educativos. La edad de estos veteranos vuelve urgente esa tarea: cada año se reduce la posibilidad de reconstruir los hechos a partir de sus protagonistas directos.

Para sus familias, la reivindicación puede representar una reparación simbólica por décadas de escasa atención oficial. Sin embargo, una medalla o un desfile no resuelven por sí mismos todas las responsabilidades pendientes. La sociedad también necesita conocer las condiciones en que fueron enviados los soldados, las decisiones de los mandos, las bajas registradas y las consecuencias que el conflicto tuvo para las comunidades de Ñancahuazú y La Higuera.

El punto que todavía exige respuestas

La muerte de Guevara continúa rodeada de interrogantes. No existe consenso público completo sobre la forma en que se tomó la decisión de ejecutarlo ni sobre el grado de influencia que tuvieron el Gobierno de René Barrientos y Estados Unidos. Sus restos no fueron localizados hasta 1997, cuando fueron trasladados a un memorial en Cuba. Estos elementos muestran que el episodio no puede reducirse a una celebración militar ni a una leyenda revolucionaria.

Una lectura responsable debería distinguir entre tres cuestiones: el derecho de Bolivia a defender su territorio frente a una incursión armada; la posible existencia de presiones o instrucciones externas; y las decisiones tomadas después de la captura de Guevara. Defender el papel de los soldados no obliga a justificar cada actuación del Estado, del mismo modo que estudiar la figura del Che no obliga a ignorar que encabezó una operación guerrillera en suelo boliviano.

Qué debería esperar el ciudadano

La consecuencia más importante para el público no será un cambio inmediato en su vida cotidiana, sino la posibilidad de que esta versión del pasado gane espacio en los colegios, los actos oficiales y los discursos institucionales. Conviene observar si el Gobierno impulsa archivos abiertos, investigaciones académicas y testimonios plurales, o si la conmemoración se limita a presentar héroes y enemigos sin contexto.

Para los ciudadanos, la clave es exigir una memoria completa. Eso implica escuchar a los militares bolivianos, a las comunidades afectadas, a los investigadores y a quienes mantienen una valoración distinta de Guevara. La historia nacional no se fortalece cuando elimina una voz para sustituirla por otra, sino cuando permite contrastar los hechos y reconocer responsabilidades. El homenaje puede ser legítimo; su valor democrático dependerá de que no cierre el debate que pretende reordenar.