Luiz Inácio Lula da Silva ganó el balotaje presidencial de Brasil frente a Flávio Bolsonaro y aseguró un cuarto mandato no consecutivo para el periodo 2027-2031, en una elección marcada por la mínima diferencia entre los dos candidatos y por la persistencia de la polarización política. El líder del Partido de los Trabajadores obtuvo el 51,78 % de los votos, unos 64,2 millones, frente al 48,22 % de su rival, senador por Río de Janeiro e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La jornada electoral se prolongó dos horas más de lo previsto y concluyó a las 19:00, hora local, después de que el juez Cristiano Zanin, del Tribunal Supremo, decretara la extensión por los obstáculos para votar denunciados por el equipo de Lula. Tras conocerse el resultado, el mandatario electo agradeció el respaldo ciudadano y afirmó que los brasileños habían acudido a las urnas para “garantizar la democracia”. También anunció que buscará regular las plataformas digitales, a las que acusó de haber sufrido una intromisión extranjera durante la campaña.

Flávio Bolsonaro rechazó reconocer el desenlace. El candidato del Partido Liberal sostuvo que la decisión de ampliar la votación comprometió la legitimidad del proceso y anunció que solicitará la anulación de los comicios. Cualquier impugnación deberá superar las instancias electorales correspondientes, pero sus declaraciones anticipan una etapa de elevada conflictividad institucional y mantienen activa la disputa política dentro del campo bolsonarista.

Una victoria sin mayoría política

El resultado confirma la capacidad de Lula para recuperar terreno después de haber perdido la primera vuelta, una remontada que no se registraba desde la elección celebrada tras el fin de la dictadura militar, en 1989. Sin embargo, la magnitud de la victoria es limitada: casi la mitad del electorado respaldó a Bolsonaro. La condena de Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por golpismo tampoco desarticuló a su movimiento, que conserva una estructura partidaria, una base social amplia y una fuerte presencia parlamentaria.

El principal desafío inmediato será transformar el triunfo presidencial en capacidad efectiva de gobierno. El Partido Liberal se consolidó como la primera fuerza del Congreso, con 121 de los 513 escaños de la Cámara de Diputados y 28 de los 81 del Senado. Lula tendrá que negociar con el Centrão, bloque de partidos de centro y centroderecha que suele respaldar al gobierno de turno a cambio de cargos, recursos y participación en las decisiones presupuestarias.

La politóloga Flávia Loss, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo, considera que el margen de maniobra del nuevo gobierno será reducido. A su juicio, la oposición bolsonarista no necesariamente buscará acuerdos programáticos, sino bloquear las iniciativas del PT. En ese contexto, la negociación parlamentaria puede dejar de ser un intercambio sobre políticas públicas y convertirse en una disputa permanente por la supervivencia política de cada bloque.

El costo económico de cumplir las promesas

La agenda social de Lula también enfrentará restricciones fiscales. El déficit brasileño equivale al 9,48 % del producto interno bruto y la deuda pública ronda el 82,9 %, mientras las tasas de interés elevadas encarecen el financiamiento del Estado y desalientan la inversión. Esa combinación reduce el espacio para ampliar el gasto sin generar nuevas presiones sobre las cuentas públicas, la inflación o la confianza de los mercados.

Pedro Rossi, investigador asociado del Instituto de Economía de la Universidad Estatal de Campinas, sostiene que la respuesta no debería limitarse a recortes presupuestarios. Propone combinar inversiones en infraestructura, vivienda, salud y educación con una política industrial orientada a la transición ecológica, la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los salarios. Para financiarla, plantea una tributación más progresiva, la revisión de beneficios fiscales y un mayor control sobre la evasión.

El problema político es que esas medidas afectarían intereses con representación en el Congreso. Aumentar la contribución de las rentas altas y de los grandes patrimonios, así como revisar privilegios tributarios, exige una mayoría que Lula no tiene garantizada. La conciliación puede facilitar acuerdos puntuales, pero encuentra límites cuando las reformas modifican la distribución de la riqueza y del poder, precisamente el terreno en el que la polarización brasileña es más intensa.

Seguridad y presión desde Washington

La inseguridad será otro frente decisivo. El Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho ejercen control territorial en distintas ciudades y constituyen una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La administración de Donald Trump declaró terroristas a ambas organizaciones, una medida que Brasilia observa con cautela por sus posibles efectos sobre la soberanía nacional y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La relación con Washington ya llega deteriorada al nuevo mandato. Trump impuso aranceles punitivos a productos brasileños como represalia por el proceso judicial contra Jair Bolsonaro y posteriormente aplicó un gravamen adicional del 25 %. Aunque los dos gobiernos reabrieron canales de diálogo por la presión de empresarios afectados y por la acción de la diplomacia brasileña, el conflicto comercial permanece pendiente y puede restringir las opciones económicas de Lula.

Brasil ha respondido buscando nuevos mercados y acelerando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La diversificación puede reducir la dependencia de Estados Unidos, pero sus resultados serán graduales y no eliminarán la necesidad de mantener una relación funcional con Washington. Además, el gobierno brasileño podría recibir presiones para adoptar la clasificación del narcotráfico como terrorismo o aceptar enfoques de intervención que no se ajusten a las particularidades de sus redes criminales.

El nuevo mandato comienza, por tanto, con una legitimidad electoral suficiente para gobernar, pero sin una mayoría política que le permita hacerlo con facilidad. Lula deberá sostener el diálogo institucional, movilizar apoyo social para sus proyectos y evitar que la disputa entre el PT y el bolsonarismo paralice las decisiones económicas y de seguridad. La elección cerró la carrera presidencial, pero dejó abierta la batalla por la gobernabilidad de un Brasil dividido.