El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro ha solicitado al Tribunal Superior Electoral (TSE) que anule la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva y de su vicepresidente, Geraldo Alckmin, por el supuesto uso de recursos públicos para promocionar programas sociales durante la campaña. La denuncia sostiene que el Gobierno difundió mensajes masivos y personalizados a través de un canal oficial vinculado a Gov.br.

Una disputa sobre recursos públicos y ventaja electoral

La representación acusa a Lula de abuso de poder político y económico y de publicidad institucional irregular. Según los abogados del candidato opositor, las notificaciones habrían promocionado iniciativas como Bolsa Família, Gás do Povo y Luz do Povo mediante bases de datos oficiales. El argumento central es que el Ejecutivo habría tenido acceso a una capacidad de comunicación con millones de ciudadanos que no está al alcance de sus rivales.

Flávio Bolsonaro pide detener los envíos y preservar contratos, costes, registros y bases de datos utilizados. También reclama la anulación del registro electoral de Lula y Alckmin, o de sus diplomas si fueran elegidos, además de declarar inelegibles durante ocho años al presidente y a Sidônio Palmeira, responsable de la Secretaría de Comunicación Social. Estas medidas son solicitudes de la parte denunciante y todavía deben ser evaluadas por la Justicia electoral.

WhatsApp, nuevo frente de la campaña

La acusación se produce mientras ambas candidaturas disputan el papel de las plataformas digitales. El equipo de Lula prepara acciones contra Flávio Bolsonaro por una supuesta interferencia de Meta, propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram. La campaña oficialista afirma que la empresa habría limitado la difusión de sus contenidos, mientras Meta asegura ante el tribunal que aplica medidas para garantizar un trato equitativo y niega haber favorecido deliberadamente a Bolsonaro.

El caso eleva la presión sobre el TSE, que deberá distinguir entre comunicación institucional legítima y propaganda electoral financiada con recursos públicos. La conservación de las pruebas digitales será decisiva: contratos, criterios de segmentación y alcance de los mensajes podrían determinar si hubo una ventaja estructural capaz de afectar la igualdad entre candidaturas.