La batalla entre Meta y la justicia electoral brasileña no es un episodio accesorio de la segunda vuelta presidencial: es la expresión más visible de una transformación profunda de las campañas políticas. En un país donde más del 90% de la población utilizó internet en 2025 y 168,7 millones de personas mayores de diez años se conectaron a la red, la disputa por la visibilidad digital se ha convertido en una disputa por el acceso mismo al electorado. Facebook, Instagram y WhatsApp ya no funcionan únicamente como canales de propaganda. También filtran, clasifican, amplifican o bloquean los mensajes con los que los ciudadanos forman sus opiniones.

Ese poder explica la intervención del Tribunal Superior Electoral (TSE), que en la última semana exigió a Meta demostrar que ofrece un trato equivalente a Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, bajo amenaza de multas diarias. La decisión llegó después de acusaciones cruzadas: el equipo de Lula denunció una supuesta manipulación algorítmica y restricciones para producir contenido electoral mediante herramientas de inteligencia artificial en Instagram; el entorno de Bolsonaro afirmó que WhatsApp estaba siendo utilizado para impulsar una campaña negativa con respaldo gubernamental. Ambos bandos llegaron a pedir que se anulara la candidatura de su adversario.

Una campaña nacida en las pantallas

La importancia del conflicto se entiende mejor al observar la estructura digital brasileña. La mayoría de los usuarios accede a internet desde el teléfono celular y el 95,6% lo hace diariamente, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. La conexión permanente modifica la lógica de la propaganda: un mitin tiene lugar y hora determinados, mientras que un mensaje distribuido por una plataforma puede circular durante todo el día, reproducirse en grupos privados y alcanzar a públicos distintos mediante sistemas de segmentación.

WhatsApp ocupa un lugar especialmente sensible porque combina alcance masivo, comunicación interpersonal y apariencia de confianza. Un contenido recibido de un familiar, un compañero de trabajo o un vecino suele ser interpretado de manera distinta que un anuncio identificado como propaganda. Esa dinámica ya fue relevante en elecciones anteriores y vuelve a ser decisiva en una contienda estrecha. Tras la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo una ventaja inferior a dos puntos porcentuales, y las encuestas previas al balotaje situaron la diferencia en apenas un punto: 45% para el candidato del Partido Liberal frente a 44% para el líder del Partido de los Trabajadores, según el Instituto Quaest.

En una elección tan ajustada, la circulación de un anuncio, la suspensión temporal de una cuenta o la reducción de la distribución de un vídeo pueden adquirir un peso político desproporcionado. No hace falta que una plataforma favorezca abiertamente a un candidato para alterar el equilibrio. Basta con que sus sistemas automaticen de manera desigual la revisión de contenidos, interpreten con distintos criterios las expresiones de campaña o tarden más en restituir una publicación retirada. El problema central no es solo el resultado de una decisión concreta, sino la dificultad de comprobar quién la tomó, con qué datos y bajo qué regla.

El algoritmo como nuevo territorio de disputa

La respuesta de Meta intentó separar fallos técnicos de cualquier decisión política. La empresa reconoció incidentes, entre ellos la desactivación de anuncios proselitistas, pero negó que existiera parcialidad. También comunicó que había puesto en marcha un sistema de revisión humana: cualquier bloqueo automático de cuentas vinculadas a campañas debía ser examinado manualmente en un plazo de dos horas. La medida revela una tensión difícil de resolver. Las plataformas necesitan automatizar grandes volúmenes de decisiones, pero una elección no permite tratar todos los errores como simples incidencias operativas.

Un anuncio retirado por error durante una semana puede ser restituido después sin que el daño desaparezca. La campaña habrá perdido tiempo, alcance y capacidad de respuesta. En cambio, un mensaje falso que permanece activo durante las horas de mayor circulación puede haber cumplido su objetivo aunque luego sea eliminado. La velocidad, por tanto, no es una cuestión técnica secundaria: es parte del poder político de la moderación.

Las revelaciones difundidas por Folha de Sao Paulo, con mensajes internos de Meta en los que empleados reconocían restricciones perjudiciales para las cuentas de uno de los candidatos, ampliaron la sospecha. No prueban por sí solas una estrategia deliberada de favorecimiento, pero sí muestran que la arquitectura de moderación produce efectos concretos y que esos efectos pueden ser identificados dentro de la propia empresa. En términos institucionales, la diferencia entre un error aislado y un sesgo sistemático solo puede establecerse mediante auditorías, registros y criterios transparentes, elementos que siguen siendo difíciles de obtener desde fuera de las plataformas.

El TSE entre la urgencia y la legitimidad

El tribunal electoral enfrenta un dilema igualmente delicado. Si actúa con lentitud, permite que la desinformación se consolide antes de la votación. Si interviene con órdenes amplias y plazos muy breves, puede ser acusado de sustituir a las plataformas en decisiones técnicas o de limitar la libertad de expresión política. Las dos campañas han cuestionado al TSE, al que atribuyen parcialidad y lentitud. La institución, además, llega a la segunda vuelta bajo una presión extraordinaria: desde julio se abrieron casi 100.000 procesos en los tribunales electorales del país, y alrededor del 45% ya fue analizado o se encuentra en estudio.

El volumen convierte estos comicios en los más judicializados de la historia brasileña. Esa judicialización cumple una función de contención, porque ofrece un cauce formal para denunciar abusos y obliga a las empresas a responder. Pero también puede generar el efecto contrario si los ciudadanos perciben que cada controversia política se resuelve mediante órdenes de emergencia, multas y decisiones difíciles de explicar. La autoridad electoral no solo debe sancionar; debe demostrar que aplica reglas previsibles a todos los contendientes.

La nueva orden dirigida a Meta y X para que expliquen el funcionamiento de sus algoritmos y herramientas de inteligencia artificial apunta precisamente a esa zona opaca. Sin embargo, exigir explicaciones no equivale a obtener una auditoría completa. Las empresas pueden describir políticas generales sin revelar modelos, datos de entrenamiento, parámetros de priorización o sistemas de detección de riesgo. El reto del TSE será traducir una tecnología compleja en evidencias verificables, sin aceptar como prueba suficiente ni la palabra corporativa ni la acusación partidista.

Libertad de expresión, desinformación y responsabilidad empresarial

La controversia también ha recibido críticas de Naciones Unidas por las presuntas restricciones a la expresión política en las plataformas de Meta. Esta dimensión impide reducir el caso a una oposición simple entre regulación y libertad. Una plataforma que retira propaganda legítima puede perjudicar el pluralismo; una que deja circular campañas coordinadas de falsedades puede dañar la capacidad de los votantes para decidir con información mínima. En ambos escenarios, el problema es democrático, aunque el mecanismo sea distinto.

La dificultad aumenta porque las redes no distribuyen únicamente opiniones individuales. También permiten campañas pagadas, redes coordinadas, contenidos generados o modificados mediante inteligencia artificial y mensajes segmentados que no siempre son visibles para el conjunto del público. Un candidato puede responder públicamente a un anuncio televisivo, pero no necesariamente conoce todas las versiones de los mensajes que la plataforma muestra a grupos específicos. La esfera pública se fragmenta y, con ella, la posibilidad de exigir responsabilidades.

De ahí que la neutralidad no pueda medirse solo por el número de anuncios aprobados para cada candidato. También deben observarse los tiempos de revisión, las tasas de bloqueo, la restitución de cuentas, la distribución orgánica de contenidos y la aplicación de las normas en espacios públicos y privados. Una plataforma podría cumplir formalmente con una cuota de anuncios y, aun así, producir un efecto desigual si sus sistemas recomiendan más intensamente una narrativa o penalizan una determinada forma de lenguaje.

Lo que queda después del balotaje

El resultado de la segunda vuelta resolverá quién gobernará Brasil, pero no cerrará el conflicto sobre el poder digital. Cualquiera que sea el ganador, las campañas tendrán incentivos para presentar las decisiones de las plataformas como parte de una conspiración si pierden y como una defensa de la democracia si vencen. Esa lógica puede erosionar la confianza en los árbitros electorales y reforzar la idea de que la voluntad ciudadana depende de empresas privadas capaces de cambiar las condiciones de visibilidad en tiempo real.

El episodio puede acelerar tres cambios. El primero es la creación de mecanismos permanentes de supervisión, con acceso independiente a datos sobre moderación y publicidad política. El segundo es la exigencia de mayor trazabilidad: los partidos y los ciudadanos deberían poder saber por qué se suspendió un anuncio, cuánto tardó su revisión y qué alcance tuvo antes de ser retirado. El tercero es la profesionalización de las campañas digitales, que deberán invertir menos en la difusión indiscriminada y más en el cumplimiento documentado de las normas.

También existe un riesgo de sobrerregulación. Si las plataformas, temerosas de multas, bloquean de manera preventiva cualquier contenido polémico, el debate electoral puede empobrecerse y favorecer a quienes tienen más recursos para producir mensajes menos vulnerables a los filtros automáticos. La regulación eficaz tendrá que distinguir entre crítica política dura, propaganda negativa, falsedad verificable y coordinación fraudulenta. Esa distinción exige criterios públicos, revisión humana competente y vías rápidas de apelación.

Brasil está poniendo a prueba una pregunta que ya trasciende sus fronteras: quién controla la infraestructura mediante la cual se forma la opinión pública. El enfrentamiento entre Meta, X, el TSE y las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro muestra que el poder electoral ya no se concentra únicamente en los partidos, los medios tradicionales o las instituciones del Estado. También reside en sistemas privados que ordenan la atención de millones de personas. La respuesta democrática no consistirá en entregar ese poder a los tribunales ni en dejarlo sin supervisión, sino en construir reglas capaces de hacerlo visible, auditable y responsable antes de que otra elección vuelva a depender de decisiones que nadie fuera de una plataforma puede explicar.