El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno evalúa conceder libertad anticipada y condicional a cerca del 50% de las personas condenadas por colaborar con pandillas y detenidas desde la entrada en vigor del régimen de excepción. La propuesta permitiría que algunos cumplan fuera de prisión una parte de sus condenas, bajo monitoreo, pero todavía no tiene fecha de aplicación ni criterios públicos para determinar quiénes podrían acceder al beneficio.

Según CNN en Español, Bukele dijo que se examinarían las circunstancias individuales y el grado de participación de cada persona. El mandatario sostuvo que no es equivalente integrar una estructura criminal y colaborar con ella en un nivel menor, como alertar sobre la llegada de la policía. Aclaró que la medida no supondría declarar inocentes a los beneficiarios: seguirían siendo considerados culpables y quedarían sujetos a condiciones y supervisión.

La responsabilidad individual, eje de la propuesta

En declaraciones difundidas por La Prensa Gráfica, Bukele afirmó que el Gobierno estableció un criterio para distinguir niveles de colaboración y evaluar la responsabilidad individual. Como ejemplo, planteó el caso de quienes avisaban a las pandillas de operativos policiales y cuestionó cómo debía ponderarse esa conducta frente a la de quienes ejercían directamente la violencia.

El presidente justificó la revisión al señalar que las pandillas mantuvieron durante años control territorial y social en distintas comunidades. Según su planteamiento, algunas personas pudieron cooperar bajo presión o en un contexto de dominio criminal, circunstancias que, a su juicio, deben diferenciarse de la participación directa en las estructuras que imponían ese control. La eventual clasificación, sin embargo, dependerá de criterios cuya metodología y aplicación aún no se han detallado.

Revisión de detenciones y cuestionamientos pendientes

El anuncio se produce en medio de cuestionamientos sobre las capturas realizadas durante el régimen de excepción. La Prensa Gráfica recordó que en abril de 2026 Ibrajim Bukele, hermano del presidente, afirmó en publicaciones en X que existía un equipo para revisar casos, incluidas denuncias de detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia. Según esas declaraciones, el grupo trabajaba con instituciones relacionadas con la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y los centros penales, además de personal del despacho de la esposa del mandatario.

Consultado sobre ese equipo, Nayib Bukele negó que su hermano integrara una comisión de revisión y aseguró que no tenía ningún papel en ella, según el mismo medio. La diferencia entre esas versiones deja sin aclarar públicamente quién supervisa la revisión, qué procedimientos utiliza y cómo se atenderán las denuncias relativas a las detenciones y a la custodia estatal.

El régimen continuará vigente

La posible excarcelación parcial no implica, según Bukele, el fin de las medidas extraordinarias. Infobae reportó que el presidente dijo que le gustaría levantar el régimen en algún momento, pero sostuvo que todavía existen estructuras criminales que justifican mantenerlo. Desde su implementación, las autoridades han detenido masivamente a presuntos integrantes y colaboradores de pandillas; organizaciones nacionales e internacionales han denunciado restricciones al debido proceso y vulneraciones de derechos humanos.

El vicepresidente Félix Ulloa afirmó recientemente que El Salvador acumula más de 91.000 capturas y defendió que las personas detenidas son puestas a disposición de las autoridades judiciales, según Infobae. La propuesta de libertad condicional abre así una nueva etapa de revisión dentro de la política de seguridad: su alcance dependerá de las reglas de selección, la supervisión efectiva y las garantías para que las decisiones sobre cada caso puedan ser evaluadas.