Ceuta afronta el día 85 desde la entrada masiva de migrantes sin recuperar la normalidad. Según los últimos datos del Gobierno autonómico, alrededor de 15.000 personas permanecen en la ciudad, entre ellas unos 3.300 menores. El volumen y la duración de la emergencia han convertido una respuesta inicialmente excepcional en un problema estructural para los servicios públicos y la convivencia.
Una crisis con impacto económico y social
El Gobierno ceutí calcula en 75 millones de euros las pérdidas directas provocadas por la crisis y estima que el turismo ha caído cerca de un 90 %. La presión también se refleja en la sanidad: las urgencias hospitalarias han aumentado un 400 % y los centros llegan a atender a unos 120 migrantes diarios. A estos efectos se suman las quejas vecinales y comerciales por la seguridad y la convivencia. El presidente Juan Jesús Vivas ha cifrado en un 80 % el incremento de la criminalidad y ha advertido de que la falta de normalidad podría terminar consolidándose como la nueva situación habitual.
El Ejecutivo central ha anunciado medidas económicas, entre ellas un convenio de 10 millones de euros para reactivar el consumo y modernizar pequeñas empresas y autónomos mediante bonos, digitalización, relevo generacional y promoción exterior. La ayuda puede aliviar parte del impacto, pero no resuelve por sí sola la presión sobre alojamiento, sanidad, seguridad y atención a los menores.
En el plano político, Pedro Sánchez reconoció este jueves que la gestión de la crisis “se pudo gestionar mejor”. El presidente defendió la actuación de las autoridades y sostuvo que una respuesta más contundente habría podido elevar el número de víctimas. Sus declaraciones llegan mientras la Guardia Civil investiga a una ONG por la presunta distribución de espray pimienta a migrantes para atacar a agentes, una operación que se saldó con al menos tres detenidos. La investigación sigue abierta y añade tensión a un escenario cuya principal incógnita continúa siendo cuánto tiempo podrá sostenerse la situación actual.
