A menos de 48 horas de las elecciones israelíes, Cisjordania ha quedado prácticamente aislada. El cierre de cientos de pasos, las redadas extendidas a varias ciudades y el desalojo de miles de vecinos en Hebrón han transformado la respuesta a un tiroteo contra un puesto militar en una operación de alcance territorial. La secuencia combina seguridad, castigo colectivo y cálculo electoral en un momento especialmente sensible para el Gobierno de Beniamin Netanyahu.

El tiroteo que activó la operación

El punto de partida fue un ataque registrado el viernes por la tarde en las inmediaciones de Hebrón. Dos palestinos, Mohamed y Firas Yaaba, abrieron fuego contra un puesto de control israelí. El intercambio duró más de veinte minutos, según testigos, y dejó dos soldados muertos, el sargento primero Ron Yonatan Roytman y el sargento Yuval Shai Svilem, además de otros tres militares heridos. Los dos atacantes murieron durante la respuesta de las tropas.

La magnitud de la reacción israelí no se explica únicamente por el balance de víctimas. Hebrón es la ciudad más poblada de Cisjordania y uno de los principales focos de tensión entre palestinos, ejército y colonos. El Gobierno ha presentado la operación como una intervención “focalizada y limitada” en el área de origen de los atacantes, pero sus efectos se han extendido mucho más allá de ese perímetro. La propia dimensión geográfica de las medidas sugiere que el objetivo no es solo localizar a posibles cómplices, sino recuperar mediante la fuerza el control de un territorio que Israel considera vulnerable antes de la jornada electoral.

Netanyahu suspendió sus actos de campaña y ordenó el cierre total de Hebrón. En un mensaje difundido por redes sociales advirtió a los responsables del ataque de que no tendrían “refugio seguro” y anunció una amplia campaña de detenciones. La declaración fijó el marco político de la respuesta: la seguridad pasó a ocupar el centro de la conversación pública justo cuando los partidos competían por movilizar a un electorado preocupado por la violencia y la capacidad del Estado para contenerla.

Casi un millar de cierres y una sociedad inmovilizada

El segundo dato decisivo es la escala del bloqueo. Según cifras palestinas recogidas por Al Yazira, cerca de un millar de puestos de control y verjas metálicas permanecen cerrados en Cisjordania. Las carreteras entre localidades han sido cortadas y comunidades enteras han quedado separadas de centros de trabajo, hospitales, escuelas y mercados. El cierre afecta también a los trabajadores palestinos autorizados a entrar en Israel, a quienes se prohibió el paso durante el domingo y el lunes. El martes, día de los comicios, el bloqueo entre Cisjordania e Israel será total.

En términos políticos, esta medida convierte a toda la población palestina de Cisjordania en parte del dispositivo de seguridad. Cerca de tres millones de residentes no pueden votar en las elecciones israelíes, pero soportan directamente sus consecuencias territoriales. El cierre electoral de los pasos entre Israel y los territorios palestinos se aplica habitualmente por razones de seguridad; sin embargo, esta vez coincide con una operación militar abierta y con nuevas restricciones que paralizan la circulación durante varios días. La excepcionalidad no está solo en el cierre, sino en su conexión con desalojos, demoliciones y detenciones.

El momento agrava el impacto económico. La ofensiva coincide con la cosecha de la aceituna, una actividad de la que dependen miles de familias campesinas. La Comisión Palestina contra el Muro y la Colonización documentó el jueves 17 agresiones de colonos y soldados contra agricultores. El bloqueo impide acceder a tierras y transportar la producción, de modo que una medida presentada como temporal puede generar pérdidas difíciles de recuperar para hogares que dependen de una temporada agrícola concreta.

Hebrón, laboratorio de una política de presión

La operación ha alcanzado su expresión más severa en Hebrón. El ministro de Defensa, Israel Katz, reconoció que unas 2.000 personas fueron desalojadas de los barrios de Ein Deir Baha y Al Yalda; el alcalde, Yusef al Yabari, elevó la cifra a 2.200. Muchos residentes recibieron la orden de abandonar sus casas durante la noche, mediante avisos por megafonía. Katz afirmó que no podrán regresar hasta que concluyan las acciones contra Hamas en la ciudad.

La presión no se limita a la expulsión temporal. Excavadoras derribaron un edificio de tres plantas después de conceder a sus habitantes cinco minutos para recoger sus pertenencias. Las fuerzas israelíes sellaron además las viviendas de los dos atacantes, un paso previo a su demolición, y arrestaron a otras doce personas. Estas acciones buscan disuadir futuros ataques, pero también trasladan el coste de la represalia a familiares y vecinos que no han sido vinculados públicamente con la planificación del tiroteo.

La Autoridad Palestina calificó la operación de “castigo colectivo”. António Guterres advirtió que los cierres restringen gravemente la libertad de movimiento, el acceso a servicios básicos y los medios de vida de los palestinos. La organización israelí B’Tselem señaló que algunas de las medidas podrían constituir crímenes de guerra. Esas advertencias sitúan la operación ante un dilema conocido: Israel sostiene que las restricciones son necesarias para impedir nuevos ataques, mientras sus críticos consideran que la respuesta indiscriminada alimenta la frustración y profundiza el conflicto que pretende contener.

La seguridad se convierte en argumento electoral

Las redadas se han extendido a al menos quince localidades del norte, entre ellas Yenín, Nablús, Tubas y Qalqilya, y también han alcanzado Jericó, Ramala y Belén. El Club del Preso Palestino calcula que unas 70 personas han sido detenidas. En Halhul, nueve personas, seis de ellas niños, recibieron atención médica por asfixia tras el uso de gases lacrimógenos. La extensión de la operación refuerza la percepción de que Hebrón funciona como punto de partida de una política de presión sobre toda Cisjordania.

La ultraderecha israelí ha aprovechado el ataque para reclamar medidas aún más amplias. Itamar Ben-Gvir exigió el desmantelamiento y la desmilitarización de la Autoridad Palestina y defendió que Israel asuma el control total de Cisjordania. No hay indicios, por ahora, de que la Autoridad Palestina esté detrás del tiroteo, pero la ausencia de pruebas no ha impedido que el episodio se utilice para cuestionar su existencia y sus competencias.

Así, el ataque de Hebrón ha dejado de ser únicamente un incidente militar. Se ha convertido en un instrumento de campaña que permite al Gobierno presentar la elección como un plebiscito sobre la fuerza, mientras la población palestina afronta restricciones sin capacidad de decisión electoral. El resultado inmediato es una Cisjordania inmovilizada; el efecto político más profundo puede ser la normalización de medidas excepcionales como respuesta rutinaria a cada episodio de violencia.