El segundo gobierno de Michelle Bachelet, entre 2014 y 2018, no consumó la refundación de Chile, pero sí modificó el horizonte desde el que comenzó a discutirse el futuro del país. Su importancia política no reside únicamente en las leyes aprobadas, sino en haber convertido la transformación estructural en programa de Estado y en haber desplazado el centro del debate desde la reforma gradual hacia la sustitución de los consensos de la transición.

El fin de la confianza en la transición

Durante dos décadas, la Concertación había gobernado combinando apertura económica, disciplina fiscal, iniciativa privada y políticas sociales. Ese modelo produjo una fuerte reducción de la pobreza, amplió las clases medias y consolidó la estabilidad democrática, aunque dejó pendientes desigualdades y abusos relevantes. La movilización estudiantil de 2011 alteró esa lectura: las críticas al endeudamiento y al lucro en la educación pasaron a convertirse en una impugnación general del llamado “modelo”.

El programa presidencial de 2013 recogió ese cambio y anunció un “nuevo ciclo político y social” basado en reformas tributarias, educacionales y constitucionales. La incorporación del Partido Comunista a la Nueva Mayoría confirmó que la antigua coalición de centroizquierda ya no se limitaba a administrar y corregir la obra de la transición. En su interior convivían la Democracia Cristiana, la izquierda renovada y una fuerza de tradición marxista con posiciones distintas sobre Cuba, Venezuela y los límites del poder democrático.

La reforma educacional como laboratorio político

La educación fue el principal campo de prueba de esta nueva orientación. La eliminación progresiva del copago, la prohibición del lucro en establecimientos subvencionados, las reglas de admisión y la desmunicipalización no fueron medidas aisladas: buscaban alterar la arquitectura institucional del sistema. El fortalecimiento de la profesión docente formó parte del paquete, pero el núcleo político estuvo en limitar el papel de la elección familiar y de la gestión privada.

La reforma expresó una convicción que luego se extendería a otras áreas: los derechos sociales debían descansar en una mayor responsabilidad directa del Estado. El problema fue que la expansión de las obligaciones públicas no siempre estuvo acompañada por una evaluación suficiente de sus costos, incentivos y capacidades de ejecución. En educación, esa tensión apareció entre el propósito de reducir desigualdades y el riesgo de debilitar mecanismos que habían permitido diversidad y movilidad dentro del sistema.

Promesas sociales y límites materiales

La reforma tributaria debía financiar el nuevo ciclo. Su complejidad obligó a aprobar una simplificación legislativa en 2016 y coincidió con una pérdida de dinamismo económico, aunque también pesaron factores internacionales. La cuestión central, sin embargo, no era solo coyuntural: los derechos que el Estado distribuye requieren una riqueza previamente generada mediante trabajo, ahorro, inversión y emprendimiento. Cuando la política ignora esa secuencia, transforma una aspiración legítima en una promesa difícil de sostener.

El mismo límite apareció en salud. La Ley Ricarte Soto y la inversión hospitalaria representaron avances concretos, pero ningún Estado puede producir de manera ilimitada prestaciones sanitarias. La distancia entre derechos declarados y recursos disponibles se convirtió así en una de las contradicciones del proyecto: cuanto más amplia es la definición jurídica de las garantías, mayor es la presión sobre instituciones y presupuestos que tienen capacidades finitas.

En paralelo, el Acuerdo de Unión Civil y la ley de aborto en tres causales introdujeron cambios de alcance antropológico y jurídico. Más allá de la valoración de cada norma, el debate reveló que la autonomía individual comenzaba a ocupar un lugar creciente en la definición legal de bienes y relaciones antes regulados por concepciones compartidas sobre la vida, la familia y la responsabilidad. La discusión dejó de ser exclusivamente sanitaria o administrativa y pasó a involucrar la idea de persona que el Estado reconoce y protege.

La puerta constitucional que otros atravesaron

El último anclaje decisivo fue constitucional. Bachelet organizó consultas y cabildos y presentó en marzo de 2018 una propuesta de nueva Constitución. No buscó quebrar la institucionalidad ni interrumpir la alternancia democrática, pero otorgó legitimidad presidencial a una tesis que hasta entonces parecía más acotada: la Constitución vigente no debía limitarse a ser reformada, sino que podía ser reemplazada por completo.

La Nueva Mayoría terminó dividida. Para sectores de la antigua Concertación, el programa había puesto en riesgo equilibrios que explicaban parte del progreso chileno; para la izquierda surgida de las movilizaciones de 2011, las reformas eran demasiado moderadas. El Frente Amplio convirtió esa insatisfacción en una identidad política propia. Cuando llegó octubre de 2019, sus causas fueron múltiples y no podían atribuirse a Bachelet, pero el lenguaje del agotamiento del modelo, las desigualdades estructurales y la nueva Constitución ya estaba instalado.

La Convención Constitucional de 2021 y 2022 llevó esa lógica mucho más lejos, con propuestas de plurinacionalidad, sistemas jurídicos indígenas, reorganización territorial y una concepción expansiva de derechos e identidades. Gabriel Boric llegó a La Moneda durante ese proceso como representante de la generación que había construido su identidad cuestionando los acuerdos de la transición. La secuencia política resulta clara: la Concertación reformó, Bachelet transformó estructuras y la nueva izquierda intentó refundar el orden institucional.

La responsabilidad histórica del segundo gobierno de Bachelet debe situarse en ese punto intermedio. No fue un gobierno refundacional: respetó las reglas democráticas y no desmanteló la institucionalidad. Pero convirtió la transformación estructural en criterio rector de la acción estatal y abrió un horizonte que otros actores radicalizaron. Su legado no fue la ruptura consumada, sino la normalización de la idea de que la sociedad podía ser rediseñada desde el poder político. El desafío posterior consistió en recordar que las instituciones pueden corregir injusticias, pero no reemplazar indefinidamente la realidad económica, la libertad responsable ni las comunidades que existen antes que el Estado.