Diane Foley sostiene que Estados Unidos pudo haber intentado salvar a su hijo James, pero decidió no hacerlo. La acusación, formulada durante la presentación en Madrid de su libro Madre americana: el coraje frente al terrorismo, no se limita a una crítica retrospectiva de la Administración de Barack Obama: resume el agravio que, según ella, padeció una familia abandonada por su propio Gobierno mientras el periodista permanecía secuestrado en Siria.

James Foley, nacido en Evanston, Illinois, en 1973, fue asesinado por Estado Islámico el 19 de agosto de 2014. La grabación de su decapitación convirtió su muerte en uno de los símbolos más reconocibles de la violencia yihadista. Antes de ser ejecutado, compartió cautiverio con los periodistas españoles Marc Marginedas, Javier Espinosa y Ricardo Garcia Vilanova. Durante esos años aprendió español y, según los testimonios reunidos por su madre, conservó pequeños vínculos con la vida anterior, entre ellos su afición por la paella y su relación con una familia política española.

La herida no terminó con la ejecución

El libro reconstruye las torturas sufridas por Foley y otros rehenes: privación de alimentos, simulaciones de asesinato, crucifixiones ficticias y tortura con agua. Sin embargo, para Diane Foley, el cautiverio tuvo una segunda dimensión, menos visible y también decisiva. Mientras buscaba una salida, la familia recibió hasta tres advertencias de que podía ser procesada si intentaba reunir dinero para pagar el rescate. Además, las autoridades le comunicaron que no habría negociaciones ni operaciones de liberación.

La madre afirma que el Gobierno tardó días en notificarles oficialmente la muerte, después de que Obama la anunciara públicamente. Esa secuencia consolidó su percepción de que la familia no había sido tratada como parte de la respuesta nacional, sino como un elemento secundario de una política diseñada para no pagar rescates. Su enfado, explica, no se dirigía únicamente contra una decisión concreta, sino contra la falta de sinceridad de quienes le aseguraban que James era una prioridad cuando, en su opinión, nunca lo fue.

El caso Foley cambió las reglas, pero no el principio

La presión de la familia y el impacto de los asesinatos de Foley, Steven Sotloff, Kayla Mueller y Peter Kassig contribuyeron a que la Casa Blanca revisara su respuesta a los secuestros. Nueve meses después, Obama aprobó la Directiva de Política Presidencial número 30, que creó una estructura específica con participación del FBI, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Más tarde, Donald Trump impulsó su incorporación a la legislación mediante la Ley Levinson de recuperación de rehenes.

El cambio principal fue institucional: las familias empezaron a tener un canal de comunicación más claro y el Estado estadounidense asumió que hablar con gobiernos extranjeros podía ser necesario para recuperar ciudadanos. Foley asegura que más de 200 personas han regresado a casa gracias a esas negociaciones. La política oficial, sin embargo, mantiene la prohibición de pagar rescates. Su propuesta no consiste en normalizar el pago a grupos armados, sino en utilizar el dinero como señuelo dentro de operaciones destinadas a identificar y detener a los extorsionadores, una práctica que, según denuncia, se aplica en territorio estadounidense, pero no de forma equivalente en el exterior.

La comparación con Europa sigue abierta

La pregunta que atraviesa el libro es por qué España, Francia e Italia pudieron conseguir la liberación de sus ciudadanos mientras Estados Unidos se negó a seguir el mismo camino. Foley responde que no fue una imposibilidad técnica, sino una elección política. A su juicio, una coordinación occidental semejante a la que permitió liberar a Alsu Kurmasheva y Evan Gershkovich habría podido plantearse para los rehenes retenidos por Estado Islámico. La negativa de Washington, sostiene, dejó a británicos y estadounidenses en una posición especialmente vulnerable.

También critica la misión de rescate desplegada cuando, según se informó posteriormente, las autoridades ya conocían el paradero de Foley. La operación se produjo nueve meses después de ese descubrimiento y cuando otros rehenes europeos ya habían sido liberados. Para Diane Foley, el retraso hizo que los secuestradores tuvieran tiempo de trasladarse y convirtió la misión en un esfuerzo tardío, costoso y sin posibilidades razonables de éxito. La cuestión no es solo si una operación militar podía funcionar, sino por qué se autorizó cuando la ventana de oportunidad parecía haberse cerrado.

Perdonar al captor no significa absolver al Estado

La posición de Foley resulta más compleja por su relación con Alexanda Kotey, uno de los hombres implicados en el cautiverio. Al entrevistarlo en prisión, sintió compasión por el remordimiento que expresaba y por sus dos hijas pequeñas. Su catolicismo y su convicción de que el perdón forma parte de la responsabilidad cristiana le permitieron separar al individuo arrepentido del daño que había causado. Incluso afirma que sintió más ira hacia su propio Gobierno que hacia Kotey, porque esperaba de las autoridades protección y honestidad.

Foley no acepta, sin embargo, la equivalencia moral que el captor planteó entre las acciones de sus hijos, destinados entonces en Afganistán e Irak, y las torturas cometidas por él. Sí reconoce que los abusos de Abu Ghraib y Guantánamo, junto con otros errores cometidos después del 11 de septiembre, alimentaron el odio utilizado por los grupos yihadistas para justificar su violencia. Reconocer ese contexto, advierte, no borra la responsabilidad individual de quienes torturaron y asesinaron.

Una defensa del periodismo que incomoda

La última dimensión de su campaña se dirige a la seguridad de los periodistas freelance. Foley considera que el periodismo independiente se ha vuelto más peligroso porque quienes desean imponer una versión de los hechos perciben a los reporteros como una amenaza. Cita la muerte violenta de al menos 129 periodistas durante el año anterior, 86 de ellos en Gaza, como muestra de un deterioro que afecta tanto a la seguridad física como a la posibilidad de conocer lo que ocurre.

Por eso la Fundación Foley impulsa programas para formar a jóvenes reporteros en protección personal y de sus fuentes. Su iniciativa Reporting with Resilience añade apoyo psicológico y herramientas para afrontar ataques emocionales o físicos. La trayectoria de James Foley dejó así una consecuencia política doble: obligó a Estados Unidos a revisar cómo recupera a sus ciudadanos y convirtió el derecho de informar, especialmente desde zonas de guerra, en una responsabilidad que también exige proteger a quienes la ejercen.