Inicio / Noticias / EE. UU. aparta a grandes tecnológicas del programa de residencia para trabajadores extranjerosLa Administración de Donald Trump suspendió a Microsoft, Adobe y varias consultoras tecnológicas del programa federal que permite a las empresas gestionar la residencia permanente de sus trabajadores extranjeros. El vicepresidente J. D. Vance anunció la medida en la Casa Blanca en nombre del grupo de trabajo antifraude que dirige y sostuvo que las compañías habrían utilizado el sistema en perjuicio de los trabajadores estadounidenses. Las empresas afectadas no fueron presentadas como responsables de una infracción ya probada en un proceso judicial: la suspensión refleja la actuación del Gobierno y sus acusaciones.El filtro laboral, centro de la disputaAdemás de Microsoft y Adobe, Vance mencionó a Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL y Capgemini. El procedimiento cuestionado se relaciona con la transición desde el visado temporal H-1B a la tarjeta de residencia permanente, conocida como green card. Antes de iniciar ese trámite, el empleador debe anunciar el puesto en Estados Unidos y demostrar ante el Departamento de Trabajo que no encontró trabajadores estadounidenses disponibles para cubrirlo. La exigencia pretende proteger el empleo nacional; la Administración sostiene que algunas compañías la habrían convertido en un requisito meramente formal.Vance describió un método que, según dijo, consistiría en publicar ofertas en periódicos de localidades pequeñas y utilizar la ausencia de respuestas como prueba de que no hay candidatos estadounidenses. A partir de ahí, afirmó, se reemplazaría a trabajadores locales por extranjeros a quienes calificó de «siervos por contrato». Esas expresiones son parte de la acusación política del vicepresidente, no una conclusión independiente establecida en la información difundida. El punto que deberá aclararse es si las ofertas se publicaron de manera efectiva y si las compañías evaluaron de forma genuina a los candidatos disponibles.Para ilustrar su argumento, Vance citó cifras sobre Microsoft que la compañía no ha confirmado: aseguró que la firma despidió a 6.000 trabajadores estadounidenses el año pasado y que, durante el mismo periodo, contrató a más de 6.300 trabajadores extranjeros con visados H-1B y tramitó casi 3.000 tarjetas verdes. El vicepresidente comparó esos datos y sostuvo que por cada empleado despedido hubo uno y medio extranjeros que lo sustituyeron. La información disponible no establece que todos esos trabajadores ocuparan los mismos puestos ni que las contrataciones fueran reemplazos directos, por lo que la comparación no permite, por sí sola, demostrar esa relación.La respuesta de Microsoft y el alcance de los visadosUna portavoz de Microsoft señaló que la mayoría de los empleados de la empresa en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses y que el 80 % de las solicitudes H-1B presentadas durante el último año fiscal correspondía a personas que ya trabajaban en la compañía. La respuesta no refuta de forma directa cada cifra citada por Vance, pero aporta un dato relevante para interpretar las solicitudes: no todas implican nuevas incorporaciones desde el extranjero. Según datos de los servicios de inmigración citados en la información, Microsoft ocupa el quinto lugar entre las empresas del país por uso de H-1B; Amazon figura en primer lugar.El visado H-1B está destinado a empleos que requieren cualificación especializada y se utiliza ampliamente en el sector tecnológico. Cerca de tres cuartas partes de estos permisos se conceden a trabajadores de India, según el texto de referencia. El visado es temporal; la green card, en cambio, concede residencia y autorización de trabajo permanentes y puede abrir la vía a la ciudadanía. Sus titulares extranjeros deben declarar impuestos y pueden solicitar ayudas, aunque no tienen derecho a votar. Distinguir ambos estatus resulta esencial: las cifras de visados y de tarjetas verdes describen trámites diferentes y no equivalen automáticamente a contrataciones nuevas o a sustituciones laborales.Una ofensiva más amplia sobre programas migratoriosLa suspensión se suma a otras medidas recientes de la Administración. El mes pasado, la Casa Blanca firmó un decreto que instruye a las agencias a adoptar acciones para proteger a los trabajadores estadounidenses frente a abusos del programa H-1B. En el mismo anuncio, Vance señaló a nueve universidades por un posible uso fraudulento de visados J-1 de intercambio: Harvard, Yale, Stanford, Brown, Pittsburgh, UC Davis, Caltech, Arizona State y el MIT.Brown, el MIT y Pittsburgh confirmaron haber recibido citaciones del Gobierno, mientras Stanford y UC Davis anunciaron que cooperarán. El MIT recordó que cada titular de un visado J-1 en su centro ha sido examinado y autorizado por el Gobierno estadounidense. La existencia de citaciones y respuestas institucionales no equivale a una determinación de fraude; el resultado dependerá de la revisión de los expedientes y de las pruebas que presenten las partes.También permanecen en debate los costes asociados a otros programas. El Departamento de Seguridad Nacional propuso una tasa de 70.000 dólares por cada estudiante extranjero que participe en el programa OPT, que permite trabajar en un empleo relacionado con los estudios. Además, sigue pendiente una propuesta de 103.265 dólares para los visados H-1B. La tasa anterior, de 100.000 dólares, fue anulada por un juez en junio; la nueva, anunciada en agosto, aún no es definitiva y se espera que sea recurrida.El conjunto de iniciativas abre una disputa que va más allá de una lista de empresas: enfrenta la protección del empleo local con la dependencia de sectores tecnológicos y universidades de trabajadores y estudiantes extranjeros. Para valorar el efecto de las suspensiones serán decisivos los criterios utilizados por las agencias, la posibilidad de impugnar las medidas y la evidencia sobre cada contratación. Las acusaciones gubernamentales señalan una posible falla de supervisión; la respuesta de las compañías y la revisión de los casos determinarán si hubo abuso y qué consecuencias corresponden.