Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal del Ministerio Público de Guatemala y abogado vinculado a varios casos de corrupción, fue asesinado a tiros este sábado mientras entrenaba a un equipo de fútbol en el Campo Marte, en la zona 5 de Ciudad de Guatemala. El ataque ocurrió poco después de las nueve de la mañana, a plena luz del día y frente a numerosas personas.

Según la información proporcionada por las autoridades, al menos cuatro atacantes habrían participado en la agresión y llegaron al lugar vestidos con prendas deportivas. Solórzano Foppa, de 43 años, contaba con escolta policial desde 2010, pero había pedido a sus agentes que permanecieran junto a su hijo menor de edad durante el entrenamiento. Los policías se encontraban a unos 30 o 40 metros del punto del ataque e intentaron reaccionar cuando comenzaron los disparos, aunque el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, admitió que la respuesta llegó demasiado tarde.

En el tiroteo también murió Gustavo Adolfo Aguilar, integrante de la Federación Guatemalteca de Judo, alcanzado por una bala perdida. La presencia de una segunda víctima ajena al objetivo aparente del ataque subraya el riesgo que supuso la acción para todas las personas que se encontraban en el recinto deportivo.

Dos detenidos y una investigación aún abierta

La Policía detuvo diez minutos después del crimen a dos hermanos, de 30 y 18 años, originarios del departamento de Alta Verapaz. Los arrestados se desplazaban en una motocicleta de reparto y fueron localizados en San Isidro, zona 16 de la capital. Las autoridades aseguran que hallaron una carabina y munición que podrían haber sido utilizadas en el asesinato.

El hermano mayor, Rigoberto Choc Toz, negó cualquier relación con el ataque. Ante los medios sostuvo que trabajaba como repartidor de comida y que se trasladaba con su hermano para entregar un pedido. También denunció que la Policía pudo haber colocado el arma en la mochila empleada para transportar los alimentos. Ambos fueron trasladados a la Torre de Tribunales, donde esperan la audiencia de primera declaración.

El ministro Villeda señaló que uno de los detenidos perteneció al Comando Regional Central del Ejército entre 2017 y 2019. Ese antecedente será previsiblemente incorporado a la investigación, aunque por sí solo no establece una conexión con el asesinato. El Gobierno ha evitado atribuir un móvil definitivo y ha afirmado que todavía se encuentra en la fase de recolección de evidencias.

Un abogado con un perfil público incómodo

Solórzano Foppa no se limitaba al ejercicio profesional. Utilizaba con frecuencia las redes sociales para analizar asuntos de seguridad, justicia y política, y denunciaba presuntos vínculos entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 y estructuras dedicadas al narcotráfico. Su último vídeo fue publicado dos días antes de su muerte y estuvo dedicado a la matanza ocurrida el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde murieron ocho personas.

En esa grabación afirmó que, según su análisis, los hechos podían corresponder a un supuesto operativo fallido de mercenarios de la CIA. También cuestionó la actuación del Ejército guatemalteco y mencionó testimonios sobre helicópteros que habrían sobrevolado el área durante la incursión. El Gobierno ha reconocido que militares realizaron disparos durante el operativo para capturar al supuesto líder de la estructura narcotraficante Los Lorenzana y puso a disposición judicial a 107 soldados.

Hasta ahora, el Ejecutivo y el Ministerio Público no han establecido una relación entre esas declaraciones y el asesinato. La prudencia oficial resulta relevante en una investigación marcada por múltiples hipótesis: atribuir el crimen a una represalia política o a una operación vinculada con las denuncias de Foppa sin pruebas podría contaminar el proceso y dificultar la identificación de los responsables materiales e intelectuales.

La trayectoria que explica su nivel de riesgo

Durante sus 12 años en el Ministerio Público, Solórzano Foppa ocupó puestos relacionados con la investigación criminal y participó en el caso conocido como “La Línea”, una red de defraudación aduanera que provocó procesos contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. También investigó organizaciones criminales, incluido el Barrio 18, y contribuyó a la condena de su principal dirigente en Guatemala, Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”.

En 2016 fue nombrado director de la Superintendencia de Administración Tributaria durante el Gobierno de Jimmy Morales. Dos años después fue destituido tras el incumplimiento de la meta de recaudación. Más adelante intentó competir en elecciones municipales y afrontó varios procesos judiciales. En 2021 ingresó en prisión y, en junio de 2023, aceptó cargos en el caso Política y Falsedad, por el que recibió una condena de dos años conmutables por falsedad ideológica con agravación electoral.

Su historial combina investigaciones contra redes criminales, exposición política y controversias judiciales. Esa trayectoria no permite deducir quién ordenó su muerte, pero sí ayuda a entender por qué mantenía protección policial desde hacía más de una década y por qué el asesinato tiene una relevancia que excede el ámbito estrictamente personal.

Condena oficial y presión para esclarecer el caso

El presidente Bernardo Arévalo calificó de “cobardes asesinos” a quienes mataron a Solórzano Foppa y a Aguilar. Aseguró que su Gobierno no se dejará intimidar por los grupos violentos y ordenó al Ministerio de Gobernación adoptar medidas inmediatas para localizar a los autores materiales e intelectuales. La Embajada de Estados Unidos también condenó el “atroz asesinato” y pidió una investigación completa y transparente.

El desafío para las autoridades será demostrar que esas declaraciones se traducen en una investigación independiente, técnicamente sólida y capaz de resistir presiones. La existencia de dos detenidos, una posible arma y testigos que describen a atacantes con camisetas del Fútbol Club Barcelona ofrece líneas iniciales, pero todavía no prueba quién planificó el ataque ni cuál fue su motivo.

El crimen coloca además bajo escrutinio el sistema de protección de personas amenazadas. Solórzano Foppa tenía escolta, pero la proximidad de los agentes no impidió el ataque. La eficacia de ese dispositivo, la coordinación entre los responsables de seguridad y la capacidad de prevenir agresiones en espacios públicos serán asuntos centrales mientras Guatemala intenta esclarecer un asesinato que golpea simultáneamente a la justicia, la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana.