El exministro venezolano de Petróleo Tareck El Aissami habría recibido tres nuevas imputaciones mientras permanece detenido en Caracas desde 2024 por el caso de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto. La noticia, difundida por el periodista Eligio Rojas, coincide con versiones de prensa sobre una posible entrega del exfuncionario a Estados Unidos, aunque no hay confirmación oficial de que esa decisión se haya tomado.

Nuevas acusaciones en una causa abierta

Según Rojas, los fiscales Luis Dueñez y Eddy Ramírez presentaron cargos por apropiación o distracción de recursos, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales. El exfiscal venezolano Zair Mundaray había mencionado previamente esas acusaciones en su cuenta de X y las vinculó con operaciones de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Mundaray sostuvo que en ese ámbito se adjudicaron buques con material estratégico a empresas internacionales y que, con aval de El Aissami, se habría desmontado una operación, lo que habría ocasionado pérdidas cercanas a 85 millones de dólares. Esas afirmaciones describen una línea distinta de las acusaciones relacionadas con la comercialización de petróleo y el manejo irregular de ingresos de la estatal Pdvsa. El exministro ha denunciado irregularidades en su proceso; la información difundida no detalla una respuesta suya a los nuevos cargos.

Una eventual entrega, sin anuncio oficial

El diario español ABC informó que El Aissami estaría entre los dirigentes venezolanos que podrían ser entregados a la justicia estadounidense, y señaló que Washington habría obtenido garantías para recibirlo junto con Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia. La publicación no equivale a una decisión formal de extradición ni se ha informado públicamente de un acuerdo que precise sus términos.

ABC había adelantado en febrero una lista de personas que, según ese medio, eran reclamadas por el presidente Donald Trump. Entre ellas figuraban Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente Nicolás Maduro; El Aissami; Alex Saab; Raúl Gorrín; Samark López; Walter Gavidia Flores y Pedro Luis Martín Olivares. La nota sobre una posible entrega debe entenderse como una versión periodística mientras no exista confirmación de las autoridades venezolanas o estadounidenses.

El obstáculo constitucional y los antecedentes

La Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos, un límite que plantea interrogantes sobre cualquier traslado de El Aissami a Estados Unidos. El artículo original recuerda que Caracas presentó la entrega de Alex Saab y Álvaro Pulido como la de ciudadanos colombianos, pese a que Saab contaba con un pasaporte venezolano emitido durante el chavismo. Ese antecedente muestra la complejidad política y jurídica de una eventual operación, pero no determina qué procedimiento se aplicaría en este caso.

Desde 2020, Estados Unidos ofrece recompensas por información sobre varios jerarcas chavistas, entre ellos El Aissami y Diosdado Cabello, actual ministro de Interior. La existencia de esas recompensas y las versiones sobre posibles entregas no prueban que haya una medida acordada para cada persona incluida en esas listas.

El alcance del caso Pdvsa-Cripto

El Aissami llegó a ocupar la vicepresidencia de Venezuela y posteriormente dirigió el Ministerio de Petróleo. Las acusaciones de corrupción que lo mantienen preso se relacionan con operaciones de comercialización petrolera y el manejo de ingresos de Pdvsa. Según las estimaciones citadas en la información disponible, el desfalco investigado podría alcanzar unos 21.000 millones de dólares; esa cifra corresponde a la magnitud atribuida al caso y no constituye, por sí sola, una determinación judicial de responsabilidad individual.

La incorporación de nuevos delitos amplía el expediente y suma una línea vinculada con materiales estratégicos, pero no resuelve las dudas sobre el curso procesal ni sobre una eventual entrega internacional. Por ahora, los elementos confirmados en la información difundida son la detención de El Aissami desde 2024 y la comunicación de nuevas imputaciones por fuentes periodísticas; el posible traslado a Estados Unidos continúa sin anuncio oficial.