El Ejército israelí ordenó el aislamiento total de Cisjordania para el martes 27 de octubre, coincidiendo con las elecciones legislativas en Israel. La medida impedirá la entrada y salida de trabajadores palestinos, incluso desde las zonas industriales, y mantendrá cerrados los cruces terrestres durante toda la jornada electoral. Presentada como una decisión de seguridad, la prohibición afecta de manera directa a la movilidad y a los ingresos de miles de familias palestinas, al tiempo que sitúa la situación en los territorios ocupados en el centro de la disputa política israelí.
Un territorio cerrado durante la jornada electoral
El cierre no se limita a los puestos de control situados en los principales accesos. El comunicado militar extiende la restricción a Judea y Samaria, el Valle del Jordán y las áreas industriales donde trabajan palestinos. En la práctica, la orden establece una separación temporal entre Cisjordania e Israel en un día en que los ciudadanos israelíes acudirán a las urnas para decidir el futuro del Gobierno de Benjamin Netanyahu.
Estas clausuras suelen justificarse por la posibilidad de nuevos ataques, pero sus consecuencias exceden el ámbito estrictamente militar. La prohibición interrumpe desplazamientos laborales, actividades comerciales y vínculos familiares, y refuerza un sistema de controles que ya condiciona la vida cotidiana de la población palestina. El momento elegido añade una dimensión política: la seguridad se convierte en el principal marco de lectura de la elección, mientras cualquier incidente puede influir en la percepción de los votantes.
La orden llega después de una ofensiva israelí desencadenada por el ataque de dos palestinos contra un puesto de control cercano a Hebrón, en el que murieron dos soldados israelíes. El Gobierno sostiene que la respuesta busca impedir nuevas acciones armadas. Sin embargo, la amplitud del cierre y la extensión de las operaciones alimentan el temor a que la excepcionalidad militar se convierta en una política prolongada.

Hebrón, el coste humano de la operación
El segundo eje de la crisis se concentra en Hebrón, donde alrededor de 2.000 residentes han sido desplazados, según reconoció el ministro de Defensa, Israel Katz. Las cifras locales son más precisas sobre el alcance familiar de la operación: el gobernador Khaled Dudin calcula que al menos 150 familias han abandonado sus casas, mientras el alcalde de la ciudad y un activista local elevan la estimación a cerca de 250 familias. Las diferencias reflejan la rapidez y la falta de información consolidada con que se están produciendo las evacuaciones.
En el barrio de Ein Dir Baha’, los soldados comunicaron las órdenes mediante megáfonos durante la madrugada. A varias familias se les concedieron apenas dos horas para recoger documentos, ropa y algunos objetos personales antes de abandonar sus viviendas. Los edificios desalojados fueron marcados con cruces, las calles quedaron vacías y la presencia militar pasó a dominar un área donde viven palestinos junto a cientos de colonos israelíes.
Katz afirmó que los residentes no podrán regresar hasta que Israel haya terminado de ocuparse de las estructuras de Hamás en Hebrón. Esa condición vincula el retorno de civiles a la conclusión de una operación militar sin calendario público, lo que genera una incertidumbre especialmente grave para quienes han perdido temporalmente su vivienda y sus medios de subsistencia. La Autoridad Palestina reclamó presión internacional para proteger a los residentes, mientras el gobernador advirtió de que no existe garantía de que el despliegue no se extienda a otros barrios.
De una represalia localizada a una campaña territorial
La magnitud geográfica de la respuesta constituye el tercer punto decisivo. El Ejército israelí informó de operaciones entre el viernes y el sábado en 40 zonas distintas de Cisjordania y de la detención de aproximadamente 40 sospechosos. Según su versión, entre los arrestados hay miembros de Hamás, integrantes de organizaciones yihadistas y personas acusadas de incitación, alteración del orden público o lanzamiento de piedras.
Estos datos describen una operación que ya no se limita al lugar del ataque. La expansión a decenas de áreas transforma una acción de represalia en una campaña de control territorial, con efectos previsibles sobre la circulación, la actividad económica y la relación entre las fuerzas de seguridad y las comunidades palestinas. El Gobierno israelí sostiene que enfrenta una amenaza organizada; sus críticos advierten de que la respuesta colectiva puede aumentar la tensión y favorecer nuevas formas de radicalización.
Benjamin Netanyahu ha anunciado una operación de mayor envergadura, comparable por su alcance con las grandes campañas desarrolladas desde la guerra de 1967. También habló de una “gran sorpresa” para la Autoridad Palestina y de medidas que, por ahora, prefiere no detallar. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, volvió a reclamar el desmantelamiento de esa autoridad, aunque no se ha presentado ningún indicio que la vincule directamente con el ataque contra los soldados.
La seguridad como argumento electoral
El cuarto anclaje es la estrecha relación entre la escalada y la competencia por el poder. Netanyahu llega a las elecciones en un empate técnico con Gadi Eisenkot, exjefe del Ejército y candidato centrista. Ambos rechazan la creación de un Estado palestino, pero Eisenkot ha prometido actuar contra la violencia de los colonos, una cuestión que añade presión al primer ministro desde otro frente.
La organización israelí de derechos humanos Yesh Din registró 672 incidentes violentos protagonizados por colonos en los 26 días anteriores, aproximadamente la mitad durante la cosecha de aceitunas, un periodo especialmente vulnerable para las comunidades palestinas. El dato muestra que la inseguridad no procede únicamente de los grupos armados palestinos. También existe una violencia ejercida por civiles israelíes en territorios ocupados que, según sus críticos, se beneficia de la tolerancia o del respaldo político del Gobierno.
Netanyahu intenta presentarse como el dirigente capaz de imponer una respuesta contundente, pero esa estrategia contiene un riesgo: cuanto más se prolongue la operación, mayor será el coste humanitario y diplomático. El cierre electoral de Cisjordania, los desplazamientos en Hebrón y el aumento de las agresiones de colonos no son episodios aislados. Juntos revelan una dinámica en la que la seguridad, la política interna y el control territorial se refuerzan mutuamente, dejando a la población palestina expuesta a decisiones adoptadas en función de una batalla electoral israelí.