El aumento del precio de la gasolina y el diésel se ha convertido en uno de los principales riesgos políticos para Donald Trump y el Partido Republicano antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. La presión no se limita al gasto de los conductores: el encarecimiento del combustible eleva los costos del transporte, la agricultura y la distribución de alimentos, y alimenta una percepción de deterioro económico que podría traducirse en un voto de castigo contra el partido en el poder.

El precio promedio del diésel alcanzó los 6,28 dólares por galón en Estados Unidos, mientras la gasolina ronda los 4,30 dólares. Según Joseph Brusuelas, economista jefe de la consultora RSM en Reino Unido, el incremento equivale a subidas del 67,8% en el diésel y del 43,2% en la gasolina. Para las familias que dependen del automóvil y para los sectores que utilizan maquinaria pesada, la evolución de los precios se ha convertido en una preocupación cotidiana.

Un impacto que va más allá del surtidor

La gasolina afecta de forma inmediata a los hogares, especialmente en un país con una red de transporte público limitada y grandes distancias entre los centros urbanos y las zonas residenciales o rurales. Philip K. Verleger, especialista en mercados energéticos, sostiene que muchos estadounidenses no pueden reducir de manera significativa su consumo porque necesitan conducir para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos.

El diésel tiene un efecto más amplio sobre la economía. Alimenta camiones, cosechadoras y buena parte de la maquinaria empleada en las cadenas de suministro. Cuando aumenta su precio, suben los costos de trasladar alimentos, ropa y otros bienes esenciales. Brusuelas resume esa conexión en las dos “G” que concentran la preocupación electoral estadounidense: “gasoline and groceries”, gasolina y comestibles.

El problema afecta también a agricultores y transportistas de estados tradicionalmente republicanos, como Iowa y Kansas. Los votantes rurales suelen recorrer mayores distancias y dependen más del combustible, por lo que el incremento puede tener un peso político desproporcionado en regiones donde el Partido Republicano necesita preservar su apoyo.

La economía como señal electoral

Los analistas consultados coinciden en que el votante medio tiende a atribuir al Gobierno la responsabilidad por el costo de vida, aunque los precios energéticos dependan en gran medida de los mercados internacionales y de factores geopolíticos. Alejandro Chafuen, analista económico y presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Chase, señala que las explicaciones sobre seguridad nacional o política exterior tienen un alcance limitado cuando el consumidor observa cada día el precio en la estación de servicio.

Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada en octubre reflejó esa percepción: cerca del 80% de los estadounidenses consultados responsabilizó a Trump por el aumento de los precios. El dato no determina por sí solo el resultado electoral, pero muestra la dificultad del presidente para desvincularse de una situación económica que contradice una de sus principales promesas políticas: reducir el costo de vida.

Chafuen recuerda que, cuando Trump inició su segundo mandato, la gasolina costaba en promedio unos 3 dólares por galón. En mayo, según el analista, circulaba entre dirigentes y funcionarios conservadores y liberales la idea de que los republicanos tendrían pocas posibilidades de conservar el control legislativo si el precio no bajaba de 3,50 dólares. La gasolina se sitúa ahora muy por encima de ese umbral.

Medidas de emergencia con resultados limitados

La Casa Blanca ha anunciado varias iniciativas para contener el impacto. El Gobierno ofreció miles de millones de dólares en ayudas para el diésel agrícola, flexibilizó normas aplicables a los camioneros, presionó a aliados europeos para liberar reservas de emergencia y suavizó sanciones sobre el diésel ruso. Trump también firmó una orden ejecutiva que permite temporalmente a los camiones utilizar en las autopistas diésel teñido de rojo, un combustible normalmente reservado para tractores y maquinaria agrícola y exento del impuesto federal de carreteras.

La medida, sin embargo, ha encontrado obstáculos. Agricultores y transportistas temen que el tinte deje residuos en los depósitos durante años y que las inspecciones posteriores al vencimiento del decreto, previsto para diciembre, puedan derivar en multas elevadas. David Fialkov, representante de la organización NATSO, que agrupa a operadores de paradas de camiones, reconoció el esfuerzo del Gobierno, pero advirtió que los riesgos para sus miembros son considerables.

Además, buena parte de las ayudas agrícolas no llegará hasta después de la jornada electoral, mientras el precio del diésel volvió a subir a mediados de octubre. La distancia entre el anuncio de una política y su efecto visible en el bolsillo reduce su utilidad electoral, sobre todo cuando los votantes toman decisiones basadas en gastos inmediatos.

El acuerdo con Moscú y la disputa dentro del Partido Republicano

Trump negoció con el presidente ruso, Vladímir Putin, la liberación y exportación de diésel ruso hacia los mercados estadounidenses. El primer cargamento, de 40.000 toneladas, salió el 22 de octubre rumbo a Nueva York y tiene prevista su llegada para el 7 de noviembre, cuatro días después de las elecciones.

La operación provocó críticas de senadores demócratas y republicanos, que consideran que puede contravenir las sanciones aprobadas en 2022 para limitar los ingresos de Moscú y su capacidad de financiar la guerra. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó el acuerdo como una señal de debilidad de Washington.

Los expertos también cuestionan su capacidad para alterar los precios antes de las elecciones. Brusuelas calcula que las 300.000 toneladas métricas asociadas al acuerdo cubrirían apenas unas horas de la demanda estadounidense. A su juicio, el volumen es demasiado reducido para generar una caída significativa y funciona más como una señal política que como una solución estructural.

La discusión ha expuesto, además, una división republicana entre los estados agrícolas, que reclaman combustible más barato, y los estados productores de petróleo y las compañías energéticas, que rechazan restricciones a las exportaciones. El senador Chuck Grassley impulsó una prohibición temporal de 90 días a las ventas externas de diésel, pero encontró resistencia ante la posibilidad de que la medida redujera la oferta y terminara elevando aún más los precios.

Un riesgo electoral, no un resultado asegurado

Las proyecciones de los analistas apuntan a pérdidas republicanas en la Cámara de Representantes y a una posible disputa por el Senado. Brusuelas considera que el costo del combustible puede ser el punto de inflexión que favorezca una nueva mayoría demócrata, mientras Verleger estima que el descontento podría contribuir a que la oposición gane varios escaños adicionales.

El escenario, no obstante, sigue abierto. La inmigración, la política del ICE, la guerra con Irán y la situación de Ucrania también influirán en la decisión de los electores. Para los republicanos, el desafío consiste en demostrar resultados antes de que el precio de la gasolina y el diésel consolide una lectura política difícil de revertir: que la promesa de abaratar la vida cotidiana terminó enfrentándose a una factura cada vez más visible en los hogares estadounidenses.