La sucesión de investigaciones por conductas sexuales inapropiadas ha colocado al Congreso de Estados Unidos ante un problema que ya no puede tratarse como una suma de episodios individuales. La Cámara de Representantes ha creado un grupo de trabajo bipartidista para revisar sus normas, sus mecanismos de denuncia y la forma en que se exige responsabilidad a los legisladores. La iniciativa parte de una constatación central: el sistema diseñado para proteger al personal del Capitolio puede estar contribuyendo a que muchas víctimas guarden silencio.

Tres dimisiones y una censura han convertido los casos en una crisis institucional

El dato más visible de la crisis es el número de procedimientos abiertos y sus consecuencias políticas. Tres legisladores renunciaron este año en lugar de afrontar una posible votación de expulsión; dos de esos casos estaban relacionados con presuntas conductas sexuales inapropiadas. A ello se suma la censura aprobada contra el republicano Chuck Edwards, después de que el Comité de Ética concluyera que había mantenido un comportamiento persistente, poco profesional e inapropiado hacia dos jóvenes empleadas de su oficina. La Cámara respaldó esa medida por 413 votos frente a dos.

Los expedientes de Eric Swalwell y Tony Gonzales muestran además que las investigaciones pueden precipitar la salida de los implicados antes de que concluya el proceso formal. Swalwell dimitió después de que el comité examinara si había mantenido una conducta sexual inapropiada con una empleada bajo su supervisión. Gonzales abandonó su escaño mientras se investigaba una relación extramatrimonial con una integrante de su equipo que posteriormente murió por suicidio. Las pesquisas sobre Jimmy Gomez y Cory Mills permanecen abiertas, aunque ambos han respondido de manera distinta a las acusaciones: Gomez sostiene que sus actos fueron consentidos y Mills niega las imputaciones.

La importancia de estos casos no reside únicamente en el comportamiento atribuido a cada legislador. También revelan el desequilibrio de poder inherente a una oficina del Congreso: la persona que puede denunciar depende, en muchos casos, de quien controla su empleo, sus referencias y sus oportunidades profesionales. Esa relación explica por qué una investigación individual puede convertirse en una prueba de credibilidad para toda la institución.

El principal obstáculo aparece antes de que llegue cualquier denuncia

La representante republicana Kat Cammack, que encabeza el grupo de trabajo junto con la demócrata Teresa Leger Fernandez, afirma haber recibido este año mensajes de antiguos empleados que nunca se atrevieron a hablar públicamente. Sus relatos apuntan a un patrón: desconocimiento sobre el lugar al que acudir, desconfianza respecto a las consecuencias para los responsables y temor a perder una carrera profesional construida durante años.

El plazo de 180 días para presentar una reclamación constituye uno de los obstáculos más concretos. Aunque en determinados casos puede ampliarse a 300 días cuando resultan aplicables leyes estatales o locales contra la discriminación, la regla general deja poco margen a quienes necesitan tiempo para procesar lo ocurrido, reunir pruebas o abandonar una relación laboral marcada por la dependencia. En un entorno donde la víctima puede seguir trabajando para el presunto responsable, el tiempo legal no coincide necesariamente con el tiempo humano necesario para denunciar.

La propuesta de crear un punto de contacto único pretende corregir esa fragmentación. Leger Fernandez lo compara con una línea de emergencia que permita realizar una sola llamada y conocer todas las opciones disponibles. La medida no resolvería por sí misma los casos de acoso, pero reduciría una barrera decisiva: la obligación de que la persona afectada comprenda primero una compleja arquitectura institucional antes de poder pedir ayuda.

La respuesta busca cambiar las reglas, no solo castigar después

El grupo de trabajo inició sesiones de escucha con legisladores y empleados, y consultó prácticas de las Fuerzas Armadas, empresas y organizaciones de defensa de las víctimas. Ese enfoque indica que la revisión no se limita a endurecer sanciones. También pretende modificar las condiciones que permiten que determinadas relaciones de autoridad se conviertan en espacios de riesgo.

Una de las propuestas consiste en ampliar a todos los empleados del Congreso la prohibición de mantener relaciones sexuales con miembros de su propio equipo o con trabajadores de sus comités. Actualmente, la restricción no alcanza de la misma manera a todo el personal. El cambio trasladaría el debate desde la prueba posterior de consentimiento hacia la prevención de conflictos de interés, dependencia profesional y represalias.

El Congreso ya aprobó en 2018 una ley que obliga a los legisladores a reembolsar al Tesoro los pagos y acuerdos derivados de casos de acoso sexual, además de garantizar asesoramiento especializado para el personal. Sin embargo, los nuevos casos sugieren que la existencia de una norma no equivale a un sistema accesible. La responsabilidad económica y la orientación formal pierden eficacia si las víctimas no saben cómo activar el procedimiento o creen que hacerlo destruirá su futuro laboral.

El calendario político será la próxima prueba

Cammack y Leger Fernandez prevén presentar sus recomendaciones después de las elecciones del 3 de noviembre, con la intención de impulsar cambios antes de que termine el año. El momento importa: la reforma necesitaría modificar normas internas de la Cámara y, en algunos aspectos, actualizar la Ley de Responsabilidad del Congreso, lo que exigiría también la aprobación del Senado.

La cooperación entre los dos partidos ofrece una oportunidad poco habitual en un Congreso bloqueado por disputas políticas y con dificultades para aprobar iniciativas ajenas a la financiación del Gobierno federal. Pero el consenso inicial deberá traducirse en decisiones concretas: ampliar los plazos, establecer un canal único de denuncias, extender las prohibiciones sobre relaciones jerárquicas y reforzar la rendición de cuentas de legisladores y altos cargos.

La presión externa también ha aumentado por la indignación generada en torno a la gestión gubernamental del caso de Jeffrey Epstein y por las demandas de supervivientes que reclaman acceso a los archivos relacionados con el magnate. En ese contexto, el Capitolio no solo debe demostrar que sanciona algunas conductas, sino que ofrece un procedimiento creíble para quienes todavía no han podido denunciar. La revisión anunciada será juzgada precisamente por esa capacidad: convertir la indignación acumulada en reglas que reduzcan el silencio y hagan más difícil que el poder proteja a quienes lo ejercen de forma abusiva.