El Perú deberá concentrar sus esfuerzos en salud, educación, reducción de la pobreza y empleo si busca avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 y disminuir las brechas que separan a sus regiones. La advertencia fue planteada por Saúl Barrera Ayala, presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), durante el panel “¿Cómo avanzan las regiones del Perú hacia el cumplimiento de los ODS?”, realizado en el marco de la presentación del Índice Regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Perú 2026.

La propuesta no se limita a enumerar sectores prioritarios. Su punto central es que las mejoras en esas cuatro áreas pueden producir efectos acumulativos sobre otros indicadores de desarrollo, siempre que las intervenciones públicas respondan a las condiciones concretas de cada territorio. Para el Ceplan, reducir las desigualdades requiere dejar de observar únicamente los promedios nacionales y conocer con precisión dónde se concentran los mayores rezagos.

Las mismas metas no describen realidades iguales

El Índice Regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Perú 2026, elaborado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, ofrece una herramienta para examinar esas diferencias. Su utilidad consiste en ordenar la información regional, identificar avances y mostrar las brechas que pueden quedar ocultas cuando se utiliza un solo promedio para describir al país.

Barrera Ayala mencionó las diferencias entre Moquegua y Loreto como una muestra de los distintos ritmos de desarrollo regional. La comparación revela que una política diseñada a partir de indicadores nacionales puede ser insuficiente para responder a los problemas locales: mientras algunas regiones pueden encontrarse cerca de determinados objetivos, otras enfrentan obstáculos estructurales que demandan una intervención más sostenida y específica.

Esta lectura territorial también modifica la manera de evaluar las prioridades. Mejorar el acceso a un servicio no equivale necesariamente a resolver el problema que lo origina. En salud, educación, empleo o pobreza, la cobertura debe traducirse en resultados verificables para la población. De lo contrario, el aumento de recursos o de infraestructura puede coexistir con desigualdades persistentes.

El presupuesto debe seguir a la planificación

El segundo desafío identificado por el titular del Ceplan se encuentra en la relación entre las decisiones de planificación y la asignación de recursos. La institución estableció una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas para avanzar en esa articulación, debido a que las políticas nacionales y los programas presupuestales suelen desarrollar procesos paralelos, incluso cuando atienden problemas públicos similares.

La falta de conexión entre ambos instrumentos puede debilitar la acción estatal. Un plan puede definir objetivos pertinentes, pero si esos objetivos no tienen una correspondencia clara con el presupuesto, quedan expuestos a una ejecución fragmentada o a cambios de prioridad durante el año fiscal. La consecuencia es una brecha entre lo que el Estado declara como importante y aquello que efectivamente puede financiar y ejecutar.

Vincular las prioridades con los recursos permitiría seguir una cadena más transparente: identificar la necesidad regional, establecer una meta, asignar responsabilidades, financiar las acciones y medir el resultado. Esa secuencia también facilitaría distinguir entre una intervención que carece de recursos suficientes y otra que, pese a contar con presupuesto, no logra producir mejoras para la ciudadanía.

Una coordinación que sobreviva a los cambios políticos

La articulación no depende solo del Gobierno nacional. Barrera Ayala subrayó la necesidad de coordinar con los gobiernos regionales y locales para que los distintos niveles del Estado trabajen con objetivos compartidos. La descentralización exige que las prioridades generales se adapten a las particularidades de cada zona, pero también que exista una dirección común capaz de evitar duplicidades y vacíos de atención.

El Ceplan propuso además incorporar al sector privado y a la academia en estos mecanismos. La participación de ambos actores puede aportar conocimiento técnico, datos y continuidad a proyectos que suelen verse afectados por la rotación de funcionarios. Sin embargo, esa cooperación tendría que organizarse alrededor de metas públicas verificables, de manera que no sustituya las responsabilidades del Estado ni disperse los esfuerzos en iniciativas aisladas.

La continuidad institucional es especialmente relevante para las regiones con mayores brechas. Los problemas de pobreza, baja calidad educativa, limitado acceso a servicios de salud o escasez de empleo formal no se resuelven durante un solo periodo de gestión. Sin acuerdos de mediano y largo plazo, cada cambio administrativo puede reiniciar diagnósticos y retrasar decisiones que requieren persistencia.

Medir lo que cambia en la vida de las personas

El Perú cuenta con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, marco que busca orientar las políticas del país más allá de los ciclos de gobierno. En esa línea, el Ceplan aplica desde 2015 el Índice de Capacidad Estatal, cuyo propósito es medir los resultados de la intervención pública.

La diferencia es importante. Los indicadores de presencia o cobertura pueden mostrar cuántos establecimientos existen, cuántas personas están registradas en un programa o qué porcentaje de la población recibe un servicio. Pero esas cifras no necesariamente explican si la atención es oportuna, si el aprendizaje mejora, si aumentan los ingresos familiares o si disminuyen las condiciones que producen pobreza. Medir logros obliga a observar el efecto concreto de las políticas.

El Ceplan revisa actualmente el Índice de Capacidad Estatal y prevé convocar a representantes de la academia para fortalecerlo. Una medición más precisa permitiría comparar resultados, detectar intervenciones que no funcionan y orientar los recursos hacia las acciones con mayor impacto. También ayudaría a evitar que el cumplimiento administrativo sea confundido con avances sociales.

Los aportes de Eduardo Serpa Coda, de Anglo American Quellaveco; Sebastián García, del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú; Juan Carlos Odar y Alexandra Ames, de la Universidad del Pacífico, ampliaron el debate sobre datos, políticas públicas y gestión regional. El reto planteado no consiste solo en alcanzar metas internacionales, sino en convertir la evidencia territorial en decisiones presupuestales y en resultados que puedan ser comprobados por la población. Esa conexión será determinante para que el compromiso de no dejar a nadie atrás deje de ser una formulación general y se convierta en una prioridad efectiva para cada región.