La aprobación de varios gobiernos y líderes conservadores de América Latina comenzó a retroceder después de una etapa electoral marcada por promesas de seguridad, recuperación económica y mayor cercanía con Donald Trump. Los casos de Keiko Fujimori en Perú, José Antonio Kast en Chile y Javier Milei en Argentina muestran una misma dificultad: los votantes que exigieron cambios rápidos empiezan a evaluar a sus gobiernos por resultados que todavía no llegan.

El fenómeno no implica necesariamente un giro ideológico hacia la izquierda. La lectura central de los nuevos sondeos, recogida por AFP, apunta a una brecha entre las expectativas creadas durante las campañas y la velocidad real con la que un Estado puede transformar problemas estructurales. La delincuencia, la inflación, la falta de empleo o la escasez de combustibles no desaparecen con un cambio de gobierno, pero las promesas electorales pueden convertir esa demora en una fuente inmediata de frustración.

La primera señal aparece en los sondeos

En Perú, la aprobación de Keiko Fujimori cayó del 57% al 40%, según Ipsos. El descenso es significativo porque se produce después de que su candidatura se beneficiara de una demanda social concentrada en el orden y la seguridad. En Colombia, Abelardo de la Espriella también perdió popularidad durante su primer mes en la presidencia: su respaldo disminuyó más de tres puntos, pese a un discurso severo contra el crimen organizado y su apoyo al porte de armas.

Chile ofrece un indicador todavía más visible. José Antonio Kast, elegido como el presidente más conservador de las últimas tres décadas, llegó al poder con el compromiso de enfrentar con firmeza a las organizaciones criminales. Sin embargo, la encuesta Cadem más reciente situó su aprobación en 30%, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato, en marzo de 2026.

Argentina completa este cuadro con Javier Milei, quien registra sus peores niveles de aprobación mientras se aproxima el periodo en el que buscará la reelección. Aunque su gobierno mantiene una identidad política definida, el respaldo ciudadano depende cada vez más de si la estabilización económica puede traducirse en una mejora perceptible para los hogares.

El problema no se limita a una corriente política

Michael Shifter, investigador senior de The Inter-American Dialogue, sostiene que estos gobiernos “generaron expectativas que probablemente no eran realistas”. A su juicio, la población quiere resultados rápidos, algo difícil de conseguir frente a instituciones débiles, economías deterioradas y redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

La observación resulta relevante porque desplaza el análisis desde la disputa entre derecha e izquierda hacia la gestión de las expectativas. Shifter considera que el rechazo no habría sido necesariamente menor si se tratara de gobiernos progresistas. En otras palabras, el desgaste puede estar relacionado menos con el contenido ideológico de las administraciones que con la distancia entre el mandato recibido y la capacidad efectiva de cumplirlo.

La elección de figuras conservadoras en Perú, Argentina, Colombia y Chile se inscribe en un mapa sudamericano inclinado hacia la derecha. Brasil podría reforzar esa tendencia si Flavio Bolsonaro termina definiendo su participación política, mientras los gobiernos de la región buscan estrechar sus vínculos con organismos de Washington y con la agenda estadounidense. Pero la coincidencia ideológica no elimina las diferencias nacionales ni garantiza una respuesta común frente a problemas que tienen raíces locales.

Bolivia confirma que la impaciencia atraviesa el mapa político

El caso boliviano ayuda a medir el alcance regional del fenómeno. Rodrigo Paz fue elegido como una alternativa moderada y próxima al empresariado, después de casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, periodo asociado en el texto de AFP con una profunda crisis económica. Aun así, las protestas también acompañan su gestión, especialmente por la falta de solución a la escasez de combustibles.

La experiencia muestra que sacar del poder a una fuerza política desgastada no basta para consolidar respaldo al sucesor. Cuando las condiciones materiales permanecen difíciles, el electorado puede trasladar rápidamente la responsabilidad al nuevo gobierno, incluso si sus problemas fueron heredados. El cambio político, por sí solo, no produce una tregua social.

Bukele aparece como excepción, no como modelo automático

El Salvador de Nayib Bukele constituye la principal excepción. Su estrategia de mano dura contra las pandillas le mantiene una aprobación de 83%, de acuerdo con AmericasBarometer. El informe Pulse of Democracy 2026 describe al país como un experimento decisivo: un Estado que intercambió parte de sus libertades por seguridad y que, según las mediciones citadas, consiguió elevar la percepción de protección ciudadana.

Ese respaldo, sin embargo, no significa que la fórmula pueda copiarse sin más en otros países. Shifter advierte que el plan contra las pandillas es difícil de replicar en las redes internacionales que operan en América Latina. El Salvador cuenta con una configuración política y territorial específica, además de una concentración de poder que no está presente de la misma manera en toda la región.

La conclusión que emerge de estos datos es más exigente que la simple alternancia entre gobiernos conservadores y progresistas. La seguridad puede impulsar una victoria electoral, pero su sostenibilidad depende de instituciones capaces de producir resultados verificables y de explicar sus plazos. Cuando una administración promete una transformación inmediata y entrega avances parciales, el mismo electorado que la llevó al poder puede convertirse en su principal fuente de presión. La derecha regional no enfrenta únicamente un problema de popularidad: enfrenta la prueba de convertir expectativas de ruptura en mejoras concretas y duraderas.