El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el 14 de octubre en Truth Social que estaba a punto de iniciar una exploración «masiva» de petróleo, gas y minerales en Groenlandia, a la que describió como «nuestra nueva y hermosa Groenlandia». La declaración no modifica los acuerdos vigentes sobre la isla, pero vuelve a situar en el centro del debate la competencia por los recursos y las rutas de una región cuya importancia estratégica crece a medida que retrocede el hielo.

En septiembre, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un pacto tras meses de tensiones sobre el futuro del territorio. El acuerdo refuerza la presencia y las capacidades militares estadounidenses, pero no altera la soberanía danesa ni otorga a Washington derechos para explotar los recursos groenlandeses. La distancia entre el anuncio de Trump y los términos del pacto evidencia que la seguridad y el acceso económico son cuestiones relacionadas, aunque sujetas a marcos distintos.

Una geografía que vuelve a importar

La posición de Groenlandia entre América y el Atlántico Norte ayuda a explicar el interés de Washington. Vista desde el Ártico, la isla aparece como un punto de conexión entre Estados Unidos, Canadá, Europa y Rusia, en una región donde las distancias marítimas pueden acortarse y las rutas adquirir valor comercial y militar. El deshielo no origina esa competencia, pero reduce las barreras naturales que durante mucho tiempo limitaron la navegación y el acceso a yacimientos.

Rusia lleva décadas tratando el Ártico como parte central de su seguridad y su economía. Posee más de la mitad de la costa del océano Ártico y ha desarrollado puertos, bases y rompehielos, además de impulsar la Ruta Marítima del Norte. La apertura de nuevas áreas navegables amplía sus posibilidades, pero también intensifica la atención de otros Estados sobre una zona en la que el acceso y la capacidad de vigilancia son determinantes.

Cooperación debilitada y nuevos equilibrios

El Consejo Ártico nació en 1996, cuando los ocho Estados de la región acordaron centrarse en la protección ambiental, la ciencia, la sostenibilidad y la cooperación con los pueblos indígenas, dejando al margen los asuntos militares. Ese marco se apoyó en la confianza posterior a la Guerra Fría. La invasión rusa de Ucrania suspendió la cooperación política con Moscú; aunque se han reanudado algunos trabajos científicos y técnicos, no han regresado las reuniones gubernamentales de alto nivel. La incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN significa que siete de los ocho Estados árticos pertenecen ahora a la alianza.

China, sin costa en el Ártico, ha buscado ampliar su presencia. Es observadora del Consejo desde 2013 y desde 2018 se define como un «Estado cercano al Ártico». Su iniciativa de la Ruta Polar de la Seda vincula la región con la Nueva Ruta de la Seda. También ha financiado instalaciones científicas en Noruega e Islandia, aunque algunas de esas vías están sujetas ahora a mayores cautelas. Su relación con Rusia ofrece a Pekín acceso a rutas, hidrocarburos, minerales e investigación; el aislamiento de Moscú tras la guerra ha hecho más estrecha esa cooperación, incluso en ámbitos de posible uso dual.

Defensa, recursos y límites jurídicos

Canadá, cuyo territorio comprende alrededor del 40% de su superficie ártica y más del 70% de su litoral, está destinando decenas de miles de millones de dólares a bases, vigilancia, infraestructuras y rompehielos. Ottawa busca reforzar NORAD, el sistema de defensa conjunta con Estados Unidos, y aumentar a la vez sus capacidades propias y su contribución a la OTAN. Europa también revisa su política: a la agenda climática y de cooperación de 2021 suma seguridad, conectividad y resiliencia económica.

España aprobó la Estrategia Polar 2026-2035, apoyada en su trayectoria científica, su condición de observador del Consejo Ártico desde 2006 y su presencia consolidada en la Antártida. El reto es incorporar la dimensión estratégica del Norte sin desplazar los objetivos científicos y ambientales. En el polo sur, el marco es diferente: el Tratado Antártico de 1959 reserva el continente a fines pacíficos y científicos, y el Protocolo de Madrid de 1991 prohíbe la explotación minera salvo para investigación. Ese régimen mantiene cerrada una puerta que el retroceso del hielo está abriendo en el Ártico, aunque la Antártida también afronta presiones por el turismo, las infraestructuras y la actividad de las grandes potencias. La disputa sobre ambos polos pondrá a prueba hasta qué punto pueden sostenerse las reglas internacionales frente a los intereses estratégicos y económicos.