La desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños desplegados en Haití ha convertido la misión internacional contra las pandillas en una crisis para el Gobierno de Nayib Bukele. Los militares fueron emboscados el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe cuando viajaban en un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Ante la falta de información concluyente sobre su paradero, El Salvador anunció el envío de refuerzos para apoyar la búsqueda, mientras aumentan los temores de que los soldados hayan sido asesinados.

Una versión controvertida sobre los cuerpos

El 24 de octubre, el diario The New York Times informó, citando a personas vinculadas con la misión internacional de seguridad, que habían sido recuperados los cuerpos de los cuatro militares. Según esa versión, los restos presentaban quemaduras graves y debían ser sometidos a exámenes forenses para confirmar su identidad. La información indicaba que serían trasladados al aeropuerto internacional de Puerto Príncipe para su entrega al contingente salvadoreño.

Bukele negó posteriormente que esos restos correspondieran a sus compatriotas. El presidente afirmó que la misión había recibido tres cuerpos, pero sostuvo que uno era el de un niño, otro pertenecía a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de los aerotécnicos y el tercero llevaba parte de un uniforme que, según dijo, no correspondía al Ejército salvadoreño. También difundió una imagen de documentos de identidad de un ciudadano de Chad, que, de acuerdo con su explicación, fueron encontrados entre los restos.

La discrepancia entre ambas versiones mantiene abierta la incertidumbre sobre el destino de los desaparecidos. Hasta que concluya una identificación forense independiente, ninguna de las dos interpretaciones permite establecer de forma definitiva si los soldados continúan con vida o si fueron víctimas de la violencia que azota la capital haitiana. El contingente salvadoreño enviado para localizarlos tampoco ofreció inicialmente detalles públicos sobre la operación.

Refuerzos y una misión bajo presión

Antes de la llegada de los nuevos efectivos, la GSF ya había iniciado una operación de búsqueda en coordinación con fuerzas de seguridad haitianas en el área donde fue atacado el vehículo. El número exacto de soldados salvadoreños enviados como refuerzo no ha sido divulgado. La operación se desarrolla en un entorno especialmente complejo: las bandas armadas controlan amplias zonas de Puerto Príncipe, mantienen redes de vigilancia en los barrios y conocen rutas y refugios que resultan difíciles de identificar para unidades extranjeras.

La GSF está integrada por más de 1.000 militares de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka y Chad. Su despliegue fue autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para respaldar a las autoridades haitianas frente a los grupos armados. Sin embargo, la fuerza opera con limitaciones logísticas, inteligencia incompleta y un mandato cuya aplicación depende de la cooperación de instituciones haitianas debilitadas por años de crisis política y violencia.

El caso también ha puesto de relieve las diferencias entre el modelo de seguridad defendido por Bukele en El Salvador y las condiciones de Haití. El Gobierno salvadoreño atribuye a sus políticas de detenciones masivas y operaciones militares una reducción significativa de los homicidios y del poder territorial de las pandillas. Haití, en cambio, carece de un Estado con capacidad equivalente para controlar el territorio, enfrenta una profunda crisis institucional y tiene una estructura armada fragmentada, con vínculos que expertos sitúan en sectores políticos y económicos locales.

La advertencia de los expertos haitianos

El coronel retirado Himmler Rebu, antiguo comandante de una unidad de fuerzas especiales del Ejército haitiano, cuestionó la estrategia basada principalmente en la confrontación militar. En declaraciones a la agencia EFE, afirmó que las fuerzas extranjeras no obtendrán resultados si intentan resolver el problema como una guerra convencional y sostuvo que deberían abandonar esa perspectiva.

Rebu considera que el tiempo transcurrido desde la emboscada reduce las posibilidades de un rescate exitoso, aunque no permite extraer una conclusión definitiva sobre la suerte de los desaparecidos. También señaló que las tropas internacionales desconocen el terreno y que la violencia de las pandillas no puede entenderse únicamente como un conflicto entre grupos criminales. A su juicio, jóvenes armados reciben apoyo material de sectores de la élite económica y política que no estarían interesados en una estabilización duradera del país.

Sus declaraciones reflejan una objeción más amplia a las intervenciones internacionales en Haití: la fuerza puede recuperar temporalmente una calle o un enclave, pero difícilmente eliminará las redes que financian, abastecen y protegen a los grupos armados. La búsqueda de los militares salvadoreños, por tanto, no solo representa una operación de rescate, sino también una prueba inmediata para una misión cuya credibilidad depende de demostrar que puede proteger a sus propios integrantes.

República Dominicana refuerza la frontera

La desaparición de los militares también elevó la preocupación en la República Dominicana, país que comparte con Haití la isla La Española. El Gobierno de Luis Abinader aumentó la vigilancia en la frontera y desplegó convoyes militares en zonas próximas al municipio de Jimaní, al sur del territorio dominicano. Medios locales informaron del movimiento de vehículos blindados y de un contingente de alrededor de 40 soldados hacia una instalación militar de la zona.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, había anunciado el 22 de octubre el despliegue de 10.000 efectivos para vigilar los casi 300 kilómetros de línea fronteriza. Al mismo tiempo, aclaró que hasta ese momento no se había registrado ningún incidente que comprometiera la seguridad del Estado dominicano. La movilización busca contener posibles efectos de la crisis haitiana, incluidos desplazamientos irregulares, tráfico de armas y una eventual expansión de la violencia, sin que las autoridades hayan informado de una amenaza concreta contra el territorio dominicano.

Mientras continúa la búsqueda, la prioridad inmediata es establecer con pruebas forenses y datos verificables qué ocurrió con los cuatro aerotécnicos. La respuesta de Bukele, marcada por un lenguaje religioso y por la promesa de represalias contra las pandillas si los soldados no son liberados, ha elevado la presión política sobre la misión. Pero el desenlace dependerá menos de los discursos que de la capacidad de reunir inteligencia fiable, coordinar a las fuerzas internacionales y haitianas y evitar que una operación de rescate agrave una crisis de seguridad ya profundamente arraigada.