La negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición democrática vuelve a ocupar el centro de la disputa política venezolana. El proceso actual, representado por Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez y supervisado directamente por Estados Unidos, avanza con lentitud, pero ya contempla asuntos institucionales de alto impacto: la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral. La discusión no se limita a evaluar esos avances. También plantea una pregunta más incómoda: si la oposición rechaza el diálogo, ¿qué mecanismo alternativo tiene para ejercer una presión capaz de modificar la relación de fuerzas?

Una negociación marcada por casi 25 años de fracasos

La desconfianza opositora no surgió de la nada. Desde los hechos de abril de 2002, distintas iniciativas nacionales e internacionales han intentado reducir la represión, liberar presos políticos y establecer condiciones electorales competitivas. El Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo impulsaron la Mesa de Negociación y Acuerdos, cuyo resultado más visible fue el referéndum revocatorio de 2004. El proceso también confirmó, para amplios sectores democráticos, que el chavismo había avanzado hacia un sistema autoritario con capacidad para controlar las instituciones y alterar las reglas del juego.

Con las protestas masivas iniciadas en 2014, la mediación de UNASUR y del Vaticano condujo al llamado Diálogo en Miraflores. Una segunda ronda, desarrollada durante el último trimestre de 2016, incluyó compromisos sobre garantías electorales que el Gobierno no cumplió. La oposición abandonó aquellas conversaciones a comienzos de 2017, después de considerar que el proceso se había convertido en una representación sin resultados verificables.

El intento promovido por el presidente dominicano Danilo Medina volvió a poner sobre la mesa las mismas exigencias: garantías electorales, liberación de presos políticos, reconocimiento de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y apertura de un canal humanitario para alimentos y medicinas. En febrero de 2018, el Gobierno presentó un documento sin incorporar las propuestas opositoras y la iniciativa quedó desactivada.

De Oslo a Barbados y México: acuerdos sin garantías duraderas

En 2019, Noruega facilitó una nueva ronda que comenzó en Oslo y continuó en Barbados. El proceso terminó en agosto, después de que Maduro reaccionara contra las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Dos años más tarde, las reuniones se trasladaron a México y desembocaron en un Memorando de Entendimiento. Sin embargo, el régimen suspendió el acuerdo tras la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, una decisión que mostró hasta qué punto la negociación podía quedar subordinada a intereses políticos y judiciales externos.

La reanudación de las conversaciones en 2022 produjo el Acuerdo Parcial Social, vinculado a la liberación de fondos venezolanos bloqueados por las sanciones. Esos recursos debían destinarse a salud, electricidad y educación. La experiencia reflejó una constante: el Gobierno acepta discutir cuando obtiene un beneficio concreto, pero mantiene una capacidad unilateral para detener el proceso cuando percibe que el costo político aumenta.

Los Acuerdos de Barbados abrieron posteriormente el camino hacia las elecciones presidenciales de 2024. El régimen inhabilitó a María Corina Machado, organizó unos comicios denunciados como fraudulentos y desconoció el triunfo atribuido por la oposición a Edmundo González Urrutia. Después llegaron detenciones ilegales, secuestros y persecución contra ciudadanos vinculados con la jornada electoral. Para los críticos del diálogo, estos hechos confirmaron que cualquier concesión obtenida en una mesa puede ser anulada por la fuerza.

El dilema entre negociar y presionar

El historial permite sostener dos conclusiones aparentemente contradictorias. La primera es que las negociaciones no han producido una transición democrática ni han impedido la represión. La segunda es que, en determinados momentos, han abierto espacios que difícilmente podrían alcanzarse mediante declaraciones públicas o presión diplomática aislada. La diferencia entre una negociación útil y una negociación instrumentalizada por el régimen depende de factores concretos: quién ejerce la tutela, qué incentivos existen, cómo se verifican los compromisos y qué consecuencias enfrenta la parte que incumple.

El proceso actual incorpora una diferencia relevante: la participación directa de Estados Unidos. Esa tutela no garantiza por sí misma un resultado, pero puede elevar el costo de incumplir y coordinar las presiones económicas, diplomáticas e institucionales. También reduce, al menos en teoría, la posibilidad de que la mesa quede entregada exclusivamente a la voluntad del Gobierno venezolano. La lentitud, sin embargo, continúa siendo un problema político. Cada retraso permite al régimen ganar tiempo, desgastar a sus adversarios y presentar la negociación como una actividad permanente sin desenlace.

La fractura opositora adquiere una nueva dimensión

La oposición se encuentra dividida entre quienes consideran necesario utilizar la presión estadounidense para obtener reformas graduales y quienes creen que sentarse con el régimen legitima una estructura autoritaria. Ambas posiciones parten de experiencias reales. Los primeros señalan que la ausencia de diálogo no ha generado hasta ahora una movilización sostenida capaz de obligar al Gobierno a ceder. Los segundos recuerdan que las conversaciones anteriores fueron aprovechadas para ganar tiempo, obtener alivio internacional o dividir a los sectores democráticos.

Las declaraciones recientes de María Corina Machado a un diario panameño, interpretadas como un posible distanciamiento del plan Trump-Rubio para Venezuela y como una denuncia de los obstáculos que le impiden regresar al país, pueden profundizar esa fractura. Su peso político convierte cualquier desacuerdo en un asunto de alcance nacional. Si la oposición más visible se distancia de la estrategia negociadora sin articular una alternativa operativa, el régimen podría beneficiarse de la confusión. Si, en cambio, la defensa del diálogo no incorpora presión verificable y objetivos medibles, corre el riesgo de repetir los fracasos anteriores.

La pregunta que no admite respuestas fáciles

El desafío inmediato no consiste en elegir entre diálogo o confrontación como si fueran opciones completamente separadas. Una estrategia democrática viable tendría que combinar negociación, movilización ciudadana, presión internacional y mecanismos públicos de verificación. La mesa puede servir para obtener cambios institucionales, pero solo si existe una sociedad organizada que haga costoso incumplirlos y una dirigencia capaz de explicar qué se negocia, qué se ha conseguido y qué límites no pueden cruzarse.

La oposición venezolana enfrenta así una paradoja: desconfía, con razones suficientes, de los acuerdos con el régimen, pero todavía no ha mostrado un camino alternativo con mayor capacidad de presión. Rechazar toda negociación puede satisfacer una demanda moral y política legítima, aunque no resuelve por sí mismo el problema del poder. La cuestión decisiva será determinar si el proceso actual consigue transformar conversaciones lentas en instituciones con garantías reales. Sin ese salto, el diálogo seguirá siendo una promesa vulnerable; con él, podría convertirse en uno de los pocos instrumentos disponibles para abrir una transición.