Antes de que comience la jornada laboral, Carmen ya ha levantado a su madre, organizado sus medicamentos, preparado la comida y buscado quién podrá acompañarla durante el día. Su rutina condensa una realidad regional: millones de mujeres sostienen con tiempo propio una red de cuidados que resulta indispensable para las familias, las empresas y la economía, pero que continúa fuera de las prioridades presupuestarias. El problema no es únicamente quién cuida, sino quién paga el costo de que ese trabajo permanezca oculto.

Una demanda que crecerá más rápido que la respuesta pública

El primer dato que obliga a cambiar la escala del debate es demográfico. Cerca de ocho millones de personas de 65 años o más necesitan actualmente apoyo para realizar actividades básicas en América Latina y el Caribe. Para 2050, la cifra se triplicará, según el estudio ¿Quién cuida? Cómo apoyar y reconocer a quienes cuidan de personas mayores en América Latina y el Caribe, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Agencia Francesa de Desarrollo.

La región, por tanto, no enfrenta una dificultad coyuntural, sino una transformación estructural. Las familias son más pequeñas, la esperanza de vida aumenta y los servicios públicos siguen siendo limitados. Cuando la demanda crece y la protección social no acompaña ese ritmo, la responsabilidad se desplaza hacia los hogares. Allí no se distribuye de manera neutral: las mujeres terminan funcionando como una infraestructura de emergencia, disponible sin horarios, salario ni respaldo institucional.

Veinticinco millones de cuidadores y una desigualdad que no se ve en las estadísticas

Alrededor de 25 millones de personas mayores de 15 años realizan cuidados no remunerados de personas mayores en la región. Dedican, en promedio, 7,5 horas semanales a esas tareas y casi seis de cada diez son mujeres, que además suelen invertir más tiempo que los hombres. Pero el promedio oculta la parte más exigente del trabajo: preparar alimentos, bañar, alimentar, acompañar a consultas médicas o permanecer atentas durante horas por si ocurre una emergencia.

Ese tiempo de disponibilidad permanente, descrito como “cuidado pasivo”, es decisivo para entender la magnitud del subsidio femenino. Una mujer puede estar formalmente empleada y, sin embargo, no disponer de libertad real para estudiar, descansar, aceptar un ascenso o responder a una urgencia laboral. Las horas no siempre aparecen registradas como trabajo, pero reducen oportunidades concretas y transfieren a las familias una obligación que debería repartirse entre el Estado, el mercado y los hombres.

El mercado laboral cobra la factura

La desigualdad no desaparece cuando el cuidado se convierte en empleo remunerado. La fuerza laboral del sector está integrada mayoritariamente por mujeres y enfrenta condiciones precarias, una expresión del llamado “suelo pegajoso”: trabajos mal pagados, con pocas posibilidades de movilidad y escasa protección. El cuidado se considera esencial mientras quienes lo realizan permanecen en los márgenes de la seguridad social y del reconocimiento profesional.

La incompatibilidad entre cuidar y cumplir una jornada completa tiene consecuencias medibles. Las trabajadoras que permanecen en el mercado laboral reducen su jornada en un promedio de dos horas semanales, mientras que el 47% de las cuidadoras recorta su horario o abandona el empleo remunerado por la exigencia de disponibilidad total. Solo algo más de la mitad de las personas cuidadoras remuneradas cotiza a la seguridad social. Lo que parece una decisión individual termina afectando ingresos, trayectorias profesionales y futuras pensiones.

También existe un costo de salud que rara vez se incorpora al cálculo económico. Más de siete de cada diez personas cuidadoras encuestadas reportan algún nivel no saludable de estrés, soledad o síntomas de depresión. Cuidar puede fortalecer vínculos y producir satisfacción, pero esa dimensión positiva no debe utilizarse para justificar una disponibilidad obligatoria. La vocación no reemplaza la formación, el descanso, la remuneración ni el acompañamiento emocional.

El 5% que revela la dimensión política del problema

Apenas el 5% de las personas mayores con necesidades de cuidado recibe servicios financiados públicamente. Este porcentaje muestra que la falta de cobertura no es un detalle administrativo: es el mecanismo que permite que los costos sean absorbidos silenciosamente por las mujeres. Mientras el Estado ahorra recursos y las empresas reciben trabajadoras que intentan sostener sus jornadas a cualquier precio, los hogares pagan con tiempo, salud y oportunidades.

La respuesta exige ampliar los servicios públicos, profesionalizar la fuerza laboral de cuidados, invertir en formación y establecer licencias y apoyos para quienes atienden a familiares. También requiere que el cuidado entre en las discusiones sobre empleo, productividad, pensiones, pobreza y crecimiento, porque todos esos ámbitos dependen de una labor que hoy se trata como si fuera inagotable y gratuita.

Carmen no está simplemente ayudando a su familia cuando falta al trabajo para atender a su madre: está realizando un trabajo necesario para sostener la vida. Reconocerlo no significa convertir cada vínculo familiar en una transacción, sino impedir que la solidaridad se transforme en una obligación unilateral. El futuro del bienestar regional dependerá de que el cuidado deje de descansar en la disponibilidad femenina y pase a ser una responsabilidad social compartida.