El proceso alemán contra Serhii Kuznietsov, acusado de dirigir el comando que destruyó los gasoductos Nord Stream, comenzó en Hamburgo con una disputa que puede condicionar el juicio: sus abogados piden archivarlo porque, sostienen, el ex oficial ucraniano no tiene autorización de su Ejército para declarar y no puede defenderse plenamente. «Tiene que defenderse con las manos atadas», afirmaron. La petición sitúa desde el inicio el foco no solo en quién ejecutó el sabotaje, sino también en las condiciones bajo las que el acusado puede responder a la imputación.

La primera batalla se libra en la sala

Kuznietsov, de 50 años, compareció vestido de civil y saludó con un gesto militar. La vista, celebrada bajo fuertes medidas de seguridad ante más de cien periodistas, reunió a tres abogados de la defensa, dos alemanes y uno italiano. Este último intervino después de que Kuznietsov fuera detenido en agosto de 2025 durante unas vacaciones familiares en Rímini. Tras meses de recursos, Italia lo extraditó a Alemania en noviembre; desde entonces permanece en prisión preventiva.

La defensa calificó a su cliente de «peón sacrificado en un tablero de ajedrez» y cuestionó tanto que fuera jefe del comando como la extradición. Alega que los tribunales italianos autorizaron la entrega sin conocer la imputación por crímenes de guerra. La presidenta del tribunal, Anne Meier-Göring, agradeció la exposición; la Fiscalía federal rechazó que existan motivos para archivar el caso y anunció que responderá a los argumentos.

Un sabotaje con versiones incompatibles

La discusión jurídica más sustantiva concierne a la naturaleza de los gasoductos. Para la defensa, Nord Stream era un instrumento financiero, militar y político de Rusia, y sus ingresos contribuían a la guerra contra Ucrania. Desde esa perspectiva, destruirlo podría interpretarse como una acción contra Moscú. La Fiscalía, en cambio, sostiene que el ataque afectó a instalaciones civiles y persigue a Kuznietsov por su presunta responsabilidad penal. La cuestión no se resuelve con la finalidad política que se atribuya a la infraestructura: el tribunal deberá examinar qué se atacó, bajo qué órdenes y qué responsabilidad puede probarse.

Los abogados añaden que el acusado lleva casi once meses prácticamente aislado y con poco contacto social. El fiscal Stefan Schmidt replicó que Kuznietsov había descrito las condiciones como aceptables. El desacuerdo importa porque la defensa no solo combate la interpretación de los hechos; también intenta poner en cuestión el equilibrio procesal y las circunstancias de la detención.

La investigación reconstruye una operación de siete personas

Según los investigadores, el grupo estaba formado por Kuznietsov, un especialista en explosivos, un patrón y cuatro buzos, incluida una mujer. Habrían utilizado el velero Andromeda, alquilado en Rostock, para colocar cargas con temporizadores. Las explosiones del 26 de septiembre de 2022 destruyeron tres de las cuatro tuberías tendidas bajo el mar Báltico para transportar gas ruso a Alemania. La Fiscalía atribuye la operación a organismos estatales ucranianos, pero el acusado niega haber participado y el Gobierno de Ucrania rechaza cualquier implicación.

Entre los indicios citados figura la interceptación de conversaciones con su esposa durante la detención en Italia. Según la investigación, Kuznietsov reclamaba que la voladura se reconociera como «una operación militar oficial» y expresaba su malestar por lo que consideraba abandono de Kiev. Esas conversaciones forman parte de la versión acusatoria, no de una conclusión judicial: el proceso deberá determinar su valor junto con el resto de las pruebas.

La tensión excede el caso de Kuznietsov

Otro sospechoso, el buzo ucraniano Wolodymyr Z., sigue detenido en Croacia, donde un tribunal autorizó su extradición a Alemania a finales de septiembre. Su abogado recurrirá. Polonia había rechazado entregarlo y lo puso en libertad en octubre de 2025, al considerar que la destrucción podía justificarse como defensa de Ucrania. La divergencia muestra que el sabotaje se interpreta de maneras distintas según el marco jurídico y político desde el que se evalúe.

Para Alemania, esclarecer el ataque a una infraestructura energética propia implica procesar a sospechosos ucranianos mientras Berlín apoya a Ucrania. Esa tensión no determina la culpabilidad, pero eleva la importancia de que el juicio distinga con rigor entre contexto bélico, órdenes, participación y responsabilidad individual. El proceso continuará el 27 de octubre; se han fijado dieciséis sesiones hasta el 17 de diciembre y se prevén nuevas vistas en enero y febrero de 2027.