La consigna electoral de Beniamin Netanyahu, “Derecha o Palestina”, condensa en cuatro palabras una disputa mucho más profunda que la habitual competencia entre partidos. También define quién puede participar en ella. Mientras más de 7,2 millones de ciudadanos israelíes se preparan para votar el próximo martes, cientos de miles de palestinos que viven bajo control israelí, pero carecen de ciudadanía, permanecerán fuera del proceso. La elección se presenta así como una batalla por el futuro del Estado, aunque el derecho a decidir sobre ese futuro no se distribuye entre todos los habitantes del territorio que sus instituciones administran o controlan.

La escena de la calle Saladino, en Jerusalén Este, resume esa contradicción. Los carteles del Likud aparecieron en la principal arteria comercial de una zona mayoritariamente palestina y desaparecieron en menos de doce horas. El gesto no permite saber qué fuerza política habría obtenido allí más apoyo, pero sí muestra la distancia entre la campaña nacional y una población que no se siente interpelada por ella. El propietario palestino de un bar cercano lo expresó con una frase sencilla: gane quien gane, nadie le ha preguntado su opinión.

Una ciudadanía definida por las fronteras de 1948

El sistema electoral israelí se basa en una circunscripción única. No existen distritos territoriales que elijan representantes locales para la Knéset: cada voto cuenta dentro de una lista nacional y los escaños se distribuyen proporcionalmente. El mecanismo facilita la presencia parlamentaria de partidos ideológicos y minoritarios, pero también convierte la definición del cuerpo electoral en una cuestión decisiva. Quien tiene pasaporte y nacionalidad israelí vota; quien vive bajo autoridad o control israelí sin esa condición queda excluido.

Los aproximadamente 1,2 millones de árabes israelíes sí participan. Son descendientes de los palestinos que permanecieron dentro de las fronteras establecidas para Israel en 1948 y constituyen cerca de uno de cada seis votantes. Su presencia permite que la representación árabe forme parte de la aritmética parlamentaria, aunque su influencia depende de una participación que históricamente ha oscilado por motivos políticos y sociales. La desconfianza hacia las instituciones, la discriminación percibida y la fragmentación de los partidos árabes pueden reducir su peso incluso cuando su población crece.

Para la derecha israelí, ese voto ha sido durante años un factor incómodo. En 2015, Netanyahu advirtió durante la jornada electoral de que los ciudadanos árabes acudían “en masa” a las urnas, una intervención que convirtió la participación de una minoría nacional en una amenaza electoral. En la actual campaña, la Comisión Electoral Central intentó vetar las dos listas árabes, una decisión que el Tribunal Supremo anuló a comienzos de octubre. El episodio demuestra que la lucha no se limita a persuadir al votante: también alcanza a la legitimidad de que determinados ciudadanos compitan y sean representados.

La paradoja es evidente. El sistema proporcional ofrece, en teoría, una vía institucional para que las minorías tengan voz. Sin embargo, cuando partidos y dirigentes cuestionan la legitimidad de esa voz, la representación deja de ser una garantía estable y se convierte en un terreno de disputa permanente. La consecuencia a largo plazo puede ser una menor confianza en el Parlamento y una mayor inclinación a resolver los conflictos identitarios fuera de los canales electorales.

Jerusalén Este y la ciudadanía a dos velocidades

La situación de los cerca de 350.000 palestinos de Jerusalén Este tiene un origen histórico concreto. Tras la ocupación de la parte oriental de la ciudad en 1967, Israel concedió a sus habitantes un estatus de residencia permanente, pero no les otorgó automáticamente la ciudadanía. Su documento de identidad azul permite residir y trabajar, pero no los convierte en electores para las elecciones nacionales. Pueden votar en los comicios municipales, aunque la mayoría de la población los boicotea porque considera que participar equivale a legitimar la anexión israelí de la zona, que la comunidad internacional no reconoce.

La solicitud de ciudadanía existe formalmente, pero exige un proceso prolongado y lleno de obstáculos burocráticos. Esa vía individual no resuelve el problema político de fondo: una población entera vive en una ciudad que Israel considera parte inseparable de su capital, utiliza sus infraestructuras y está sometida a decisiones de sus autoridades, pero no interviene en la elección del Gobierno que define buena parte de esas políticas. La diferencia entre residencia y ciudadanía produce una democracia territorialmente fragmentada, con derechos distintos a pocos kilómetros de distancia.

El efecto no es solamente electoral. La exclusión también afecta la relación cotidiana con el Estado. Cuando la ciudadanía determina el acceso a la representación nacional, la igualdad ante los servicios públicos y la participación política dejan de percibirse como principios comunes. La falta de voto puede reforzar el aislamiento político de Jerusalén Este, mientras la escasa participación municipal reduce la capacidad de sus residentes para influir en decisiones sobre vivienda, transporte, planificación urbana y seguridad.

Los asentamientos como núcleo de poder político

En el extremo opuesto se encuentran los más de 200 asentamientos israelíes de Cisjordania, considerados ilegales según el derecho internacional. Allí viven cerca de medio millón de colonos, todos ellos ciudadanos israelíes y, por tanto, electores de pleno derecho en las elecciones nacionales. La asimetría es especialmente significativa: un colono puede votar para elegir al Gobierno que decide sobre el territorio en el que reside, mientras los aproximadamente tres millones de palestinos que viven a pocos kilómetros, bajo la Autoridad Palestina, no tienen ninguna participación en esos comicios.

Esta diferencia no es una consecuencia accidental del sistema, sino una de sus principales fuerzas estructurales. Los partidos Poder Judío y Sionismo Religioso, dirigidos respectivamente por Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, encuentran en los asentamientos una base electoral organizada y movilizada. Ambos concurren esta vez por separado, pero comparten la defensa abierta de la anexión de Cisjordania. Sus dirigentes votarán en Kiryat Arba y Kedumim, las colonias donde viven, transformando su propia residencia en un mensaje político: el territorio disputado no se presenta como una cuestión futura, sino como una realidad que debe consolidarse mediante las instituciones israelíes.

La presencia de los colonos puede influir en la formación de Gobierno más allá de su número. En un Parlamento fragmentado, unos pocos escaños pueden decidir quién reúne una mayoría. Si los partidos de extrema derecha se convierten en socios indispensables, sus prioridades pueden traducirse en presupuestos, decisiones administrativas, expansión de asentamientos o cambios en las reglas de seguridad. La política territorial deja entonces de ser únicamente una materia diplomática y pasa a depender directamente de la supervivencia parlamentaria de una coalición.

El voto como operación logística y símbolo de soberanía

La movilización de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel revela otra dimensión del proceso. El Ejército ha desplegado unas 850 mesas, alrededor de una cuarta parte móviles, para cubrir sus posiciones en Gaza, el sur del Líbano, nueve bases en Siria y varios buques de guerra. Cada urna viaja escoltada y el sistema de doble sobre intenta impedir que un mismo soldado vote dos veces. En términos administrativos, la operación busca proteger la integridad del sufragio; en términos políticos, muestra hasta qué punto la elección se desarrolla en un espacio militarizado y extendido más allá de las fronteras reconocidas.

La posibilidad de votar desde zonas de combate subraya la centralidad de la seguridad en la campaña. Los soldados no son solo electores dispersos: representan una institución que, en un contexto de guerra y ocupación, condiciona la vida de millones de personas que no tienen voto. La incorporación de sus posiciones al mapa electoral refuerza la idea de soberanía israelí sobre lugares donde la situación jurídica y política sigue siendo objeto de disputa internacional.

La logística también puede afectar la participación. El voto móvil, las restricciones operativas y la incertidumbre en los frentes dificultan que todos los militares ejerzan el derecho en condiciones equivalentes. Aunque existan mecanismos para preservar el secreto y evitar la duplicación, la normalización electoral de escenarios de guerra puede hacer que las decisiones militares y las decisiones civiles se mezclen cada vez más en la percepción pública.

La diáspora y la disputa por el perfil del elector

La exclusión de la mayoría de los israelíes residentes en el extranjero completa el carácter restrictivo del sistema. Solo el personal diplomático, unas 4.800 personas, puede votar en embajadas y consulados. Los cerca de 630.000 israelíes que viven fuera del país deben viajar para participar. Una organización estadounidense calcula que más de 50.000 lo harán mediante vuelos especialmente organizados, una cifra que puede parecer pequeña frente al electorado total, pero que adquiere relevancia en una elección ajustada.

El conflicto no es solo jurídico. El Likud teme que ese grupo, descrito como mayoritariamente laico, liberal y con estudios superiores, altere el equilibrio político. El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, llegó a decir que quien no vive en Israel no debería regresar para votar, y el Likud llevó a la organización de vuelos a los tribunales. La discusión revela una concepción según la cual el derecho político depende no solo de la ciudadanía, sino también de la residencia y de la supuesta conexión cotidiana con las consecuencias de las decisiones nacionales.

Ese criterio abre una pregunta de largo alcance: si la ciudadanía es el fundamento del voto, ¿puede el Gobierno seleccionar qué ciudadanos merecen ejercerlo según sus preferencias políticas o su lugar de residencia? La ausencia de voto consular coloca a Israel en una posición singular frente a democracias que facilitan la participación de sus nacionales en el extranjero. Al mismo tiempo, el volumen de israelíes que vive fuera del país muestra que la sociedad nacional ya no puede definirse únicamente por quienes permanecen dentro de sus fronteras.

Una elección que puede profundizar la separación política

La distribución desigual del derecho al voto condicionará el resultado y también la interpretación posterior de sus efectos. Una coalición respaldada por los colonos, por los sectores ultraortodoxos y por una parte del electorado nacionalista podría impulsar una agenda de anexión y endurecimiento de la política hacia los palestinos, aun cuando la mayoría de las personas afectadas por esas medidas no haya participado en la elección. En paralelo, una oposición moderada necesitaría articular una mayoría que incluya a partidos árabes o dependa de su apoyo, una posibilidad que la retórica de la derecha presenta como difícil de aceptar.

El riesgo más amplio es la consolidación de dos sistemas políticos superpuestos: uno para los ciudadanos israelíes, con capacidad de elegir el Parlamento y el Gobierno, y otro para los palestinos, sometido a decisiones sobre territorio, seguridad y movilidad sin representación equivalente. Mientras esa estructura persista, cada elección podrá cambiar la coalición gobernante sin resolver la cuestión central de quién forma parte de la comunidad política. Los carteles retirados de Jerusalén Este simbolizan precisamente ese límite: la campaña llega a la calle, pero el voto no llega a todos sus habitantes.