La guerra que Estados Unidos mantiene con Irán puede terminar influyendo en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre por una vía distinta de la habitual: no tanto por el número de soldados muertos como por el encarecimiento de los carburantes y su efecto sobre una inflación ya elevada. El conflicto apenas ha causado una veintena de bajas mortales entre las tropas estadounidenses desde su inicio, a finales de febrero, pero ha golpeado directamente uno de los gastos más visibles para los hogares y las empresas. En unos comicios de medio mandato, esa factura cotidiana puede pesar más que los argumentos estratégicos de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump evitó desplegar tropas terrestres, una decisión que redujo el riesgo de una escalada de víctimas estadounidenses y, con ello, la posibilidad de que la guerra se convirtiera en una crisis nacional comparable a Vietnam, Irak o Afganistán. Sin embargo, esa cautela militar no fue acompañada de una previsión equivalente sobre las consecuencias económicas. La perturbación de los mercados energéticos ha trasladado el coste de la contienda a millones de ciudadanos que no siguen necesariamente sus objetivos geopolíticos, pero sí comprueban su impacto cada vez que llenan el depósito.

Una guerra impopular antes de convertirse en una tragedia nacional

La baja aceptación de la operación no se explica únicamente por el precio de la gasolina. También refleja la distancia entre los objetivos anunciados y los resultados obtenidos. La ofensiva pareció orientada inicialmente a provocar un cambio de régimen mediante la eliminación de una parte sustancial de la cúpula política y religiosa iraní, incluido el líder supremo, Alí Jamenei. Pero el descabezamiento del poder no produjo una transformación política controlable ni una rendición rápida de Teherán.

Tampoco se ha alcanzado un avance apreciable en los asuntos que Washington presentaba como justificación estratégica de la intervención. El programa nuclear iraní continúa sin una reducción mínimamente concluyente; la capacidad y el alcance de sus cohetes permanecen como una amenaza, y el apoyo iraní a organizaciones aliadas en Gaza, Líbano y Yemen no ha desaparecido. Hamas, Hezbolá y los hutíes siguen formando parte de la red regional que permite a Teherán proyectar influencia sin asumir siempre el coste directo de cada enfrentamiento.

El resultado es una combinación políticamente incómoda: la guerra no parece lo bastante devastadora en términos humanos como para generar una conmoción nacional inmediata, pero tampoco lo bastante eficaz para justificar sus costes. Esa mezcla puede ser más peligrosa para el partido gobernante que una campaña militar claramente victoriosa o una derrota inequívoca. Deja a la administración expuesta a una pregunta sencilla y difícil de responder: qué se ha conseguido a cambio de pagar más por la energía y asumir un riesgo permanente de expansión regional.

Lo que enseñan Vietnam, Irak y Afganistán

La experiencia estadounidense demuestra que el efecto electoral de una guerra nunca depende de un solo indicador. Las bajas importan, pero también el tiempo, la percepción de legitimidad, la evolución económica y la capacidad del Gobierno para explicar un propósito reconocible. En Vietnam, la intervención mantuvo un apoyo significativo durante buena parte de los años sesenta. La opinión pública cambió cuando la duración del conflicto, las pérdidas y la polarización hicieron cada vez menos creíble la promesa de una salida cercana.

La presión acumulada contribuyó en 1968 a que el presidente Lyndon B. Johnson renunciara a buscar la reelección. Richard Nixon ganó aquel año prometiendo una salida honorable a una guerra que acabaría costando más de 58.000 muertos estadounidenses y entre 1,5 y 3 millones de víctimas vietnamitas. La comparación con el conflicto actual no debe ocultar la enorme diferencia de escala, pero sí permite identificar un mecanismo común: cuando los objetivos militares dejan de coincidir con la experiencia diaria de los ciudadanos, la paciencia política se erosiona con rapidez.

El ejemplo de las elecciones de medio mandato de 2002 ofrece una lección distinta. George W. Bush afrontó aquellos comicios bajo el impacto emocional de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos ya combatía en Afganistán y todavía no había invadido Irak. En ese contexto, los republicanos ampliaron su ventaja en las dos cámaras del Congreso, algo que no ocurría desde el primer mandato de Franklin D. Roosevelt. La amenaza externa, percibida entonces como inmediata y justificada, reforzó al Gobierno en lugar de debilitarlo.

El voto no juzgará solo la estrategia

La diferencia entre ambos precedentes y la guerra con Irán reside en la ausencia de una amenaza que la mayoría de los estadounidenses perciba como directamente vinculada a su seguridad inmediata. La administración puede presentar la operación como una defensa frente a la proliferación nuclear y la expansión de las redes armadas iraníes, pero esos argumentos compiten con una consecuencia concreta y universal: el aumento del coste de la vida.

En unas elecciones legislativas, además, los votantes no necesitan formular un juicio completo sobre Oriente Próximo. Pueden castigar al partido del presidente por una combinación de inflación, incertidumbre y falta de resultados visibles. La guerra actúa entonces como multiplicador de un malestar previo. Si los carburantes encarecen el transporte, la producción y los alimentos, el conflicto deja de ser un asunto de política exterior y se convierte en una cuestión doméstica con efectos sobre cada escala de la economía.

Trump ha limitado uno de los riesgos clásicos de las guerras estadounidenses, el de una elevada cifra de soldados muertos. Pero la decisión de evitar tropas terrestres no elimina los costes políticos de una campaña prolongada. Al contrario, puede hacer más evidente que el principal daño sufrido por la población no procede de una tragedia militar, sino de una operación cuyo balance estratégico sigue sin estar claro.

La sorpresa, en este caso, no es que una guerra influya en unas elecciones. Es que una administración tan inclinada a medir sus decisiones en términos de rendimiento político y económico haya subestimado el canal más rápido por el que el conflicto podía llegar a los hogares. Si la inflación energética continúa, los comicios podrían convertirse en un referéndum indirecto sobre la guerra. Y ese juicio no se decidiría en los mapas del Estado Mayor, sino en la distancia entre el precio prometido de la seguridad y el coste real que los ciudadanos encuentran en el surtidor.