El aumento del gasto militar mundial hasta los 2,9 billones de dólares marca un cambio profundo en las prioridades de los Estados, pero no resuelve la cuestión central que plantea el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri): disponer de más medios de defensa no equivale automáticamente a vivir con mayor seguridad. La advertencia formulada por su director, Karim Haggag, en Barcelona llega en un momento especialmente sensible para Europa, donde la guerra de Ucrania, la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense y la expansión de las amenazas híbridas han acelerado una transformación presupuestaria y estratégica de gran alcance.

El dato más visible es el crecimiento del gasto europeo. Los 22 países europeos miembros de la OTAN desembolsaron el año pasado 559.000 millones de dólares, un 14% más que en 2024, frente a los 190.000 millones de Rusia. La diferencia revela una capacidad económica considerable y puede contribuir a corregir carencias acumuladas durante décadas, desde la disponibilidad de munición hasta la defensa aérea, la movilidad militar y la protección de infraestructuras críticas. También puede reforzar la credibilidad de la disuasión, al reducir la percepción de que una agresión tendría un coste limitado o que Europa dependería necesariamente de una respuesta exterior.

Una oportunidad para recuperar capacidades perdidas

El rearme no carece de efectos potencialmente positivos. La inversión sostenida puede modernizar unas fuerzas armadas que, en varios países europeos, han sufrido recortes, envejecimiento de equipos y problemas de mantenimiento. La guerra de Ucrania ha demostrado que la seguridad contemporánea exige combinar sistemas convencionales con drones, guerra electrónica, ciberdefensa, inteligencia artificial, satélites y capacidades de producción industrial capaces de reponer rápidamente los arsenales.

El esfuerzo presupuestario también puede fortalecer la cooperación entre aliados. La compra conjunta de sistemas, la estandarización de equipos y el intercambio de inteligencia reducirían duplicidades y mejorarían la interoperabilidad. Una base industrial europea más sólida podría disminuir la dependencia de proveedores externos, crear empleo tecnológico y dar a los gobiernos mayor margen para actuar en caso de interrupción de las cadenas de suministro. En este sentido, el incremento del gasto puede ser una inversión en resiliencia, no solo en armamento.

Sin embargo, esos beneficios dependen de cómo se asignen los recursos. Elevar las partidas de defensa sin objetivos operativos claros puede producir arsenales costosos, incompatibles entre sí o poco útiles para los escenarios más probables. La cifra agregada del gasto no informa por sí sola sobre la preparación real de las tropas, la calidad del mando, la protección civil o la capacidad de sostener una operación prolongada. Tampoco indica si los gobiernos están reforzando la prevención diplomática y la gestión de crisis, aspectos que Haggag considera inseparables de la seguridad.

El riesgo de convertir la seguridad en una carrera cuantitativa

La principal advertencia del Sipri se refiere a la lógica de acción y reacción que acompaña a los ciclos de rearme. Cuando un Estado presenta sus nuevas capacidades como defensivas, sus adversarios pueden interpretarlas como una preparación ofensiva. La ampliación de fuerzas, el despliegue de misiles de largo alcance o la presencia de unidades cerca de zonas sensibles pueden reducir el tiempo disponible para evaluar una crisis y aumentar el riesgo de errores de cálculo. En un entorno con sistemas automatizados, campañas de desinformación y comunicaciones vulnerables, una señal ambigua puede desencadenar respuestas difíciles de detener.

El problema se agrava cuando desaparecen los canales de diálogo y los acuerdos de control de armamentos. Las reglas de transparencia, los mecanismos de verificación y las líneas directas entre mandos militares no garantizan la paz, pero disminuyen la posibilidad de que un incidente local se convierta en una confrontación mayor. Si las relaciones internacionales se organizan cada vez más en torno a transacciones inmediatas y victorias políticas rápidas, los incentivos para sostener negociaciones prolongadas se debilitan justo cuando la complejidad de las amenazas exige más coordinación.

La percepción de una amenaza rusa más intensa puede justificar una mayor preparación, pero también puede consolidar una dinámica en la que cada medida de seguridad de una parte sea interpretada como una provocación por la otra. Esa dinámica no implica que ambas partes tengan la misma responsabilidad ni que la disuasión sea innecesaria. Significa que la capacidad militar necesita estar acompañada de límites, comunicación y objetivos políticos verificables. Sin esos elementos, la superioridad presupuestaria europea podría coexistir con una sensación creciente de inseguridad.

Presión sobre las cuentas públicas y sobre la cohesión social

El aumento de los presupuestos militares tendrá consecuencias más allá de los ministerios de Defensa. Los gobiernos deberán decidir si financian el rearme mediante deuda, nuevos impuestos, recortes en otras partidas o una combinación de estas opciones. En economías sometidas a bajo crecimiento, envejecimiento demográfico y demandas crecientes sobre la sanidad, la vivienda y la transición energética, cada incremento permanente del gasto militar compite con necesidades sociales igualmente urgentes.

El coste de oportunidad puede generar tensiones políticas, sobre todo si la población no percibe una relación clara entre los fondos asignados y una mejora concreta de su seguridad. El riesgo no es solo presupuestario. Una ciudadanía que considere que el rearme se financia a costa de servicios públicos esenciales puede perder confianza en las instituciones y favorecer discursos polarizados. A la vez, una política de austeridad aplicada a la defensa sin una evaluación rigurosa podría dejar a los países expuestos y alimentar la sensación de abandono. La discusión no debería reducirse a gastar más o gastar menos, sino a determinar qué amenazas deben priorizarse y qué capacidades ofrecen una protección realista.

También existe un riesgo de captura industrial. El crecimiento de la demanda pública puede beneficiar a empresas estratégicas y estimular la innovación, pero los contratos de larga duración, la escasa competencia y la presión de los grupos de interés pueden orientar las decisiones hacia sistemas de alto coste y utilidad limitada. La urgencia derivada de la guerra facilita compras rápidas, aunque una adquisición acelerada puede generar dependencia tecnológica, sobreprecios o dificultades de mantenimiento. La transparencia, la auditoría parlamentaria y la evaluación independiente serán necesarias para evitar que la seguridad se convierta en un argumento que reduzca los controles democráticos.

La dimensión invisible de la guerra híbrida

El debate sobre el rearme suele concentrarse en tanques, aviones y misiles, mientras que muchas de las vulnerabilidades más inmediatas se encuentran en otros ámbitos. Los ataques contra redes eléctricas, hospitales, puertos, cables submarinos, sistemas financieros o infraestructuras digitales pueden causar daños significativos sin cruzar claramente el umbral de una guerra convencional. La manipulación informativa puede erosionar la confianza pública y dificultar la respuesta institucional incluso cuando el daño material es limitado.

Por ello, una estrategia de seguridad eficaz debería incluir protección de infraestructuras, alfabetización mediática, reservas energéticas, continuidad administrativa y coordinación entre empresas privadas y autoridades. Estas medidas suelen ser menos visibles que la compra de armamento, pero pueden reducir la vulnerabilidad cotidiana de la población. La defensa civil y la preparación para emergencias tendrían que ocupar un lugar más destacado en la planificación, especialmente porque los ataques híbridos explotan las divisiones entre competencias nacionales, europeas y privadas.

Esta ampliación del concepto de seguridad presenta, no obstante, sus propios peligros. Si toda actividad hostil, protesta social o campaña de información se clasifica como amenaza híbrida, los gobiernos podrían justificar restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión o ampliar de forma excesiva las facultades de vigilancia. La protección frente a la injerencia extranjera debe convivir con garantías judiciales y con una definición precisa de las conductas que constituyen una amenaza. La seguridad no puede medirse solo por la capacidad del Estado para detectar riesgos, sino también por su respeto a los derechos que pretende proteger.

Más defensa exige más diplomacia

La advertencia del Sipri apunta, en última instancia, a una cuestión política: la fuerza militar puede contener una agresión, pero difícilmente resuelve por sí sola las causas de un conflicto. La inversión en defensa puede comprar tiempo, aumentar el coste de un ataque y mejorar la capacidad de negociación. No puede sustituir a la diplomacia, a los acuerdos de reducción de riesgos ni a las fórmulas que permitan gestionar las relaciones con rivales persistentes.

Europa afronta una decisión que no admite respuestas simples. Debe recuperar capacidades que había descuidado, reforzar su autonomía y prepararse para escenarios de confrontación más duros. Pero también necesita evitar que el rearme se convierta en el único lenguaje de su política exterior. La credibilidad defensiva será mayor si se acompaña de canales de comunicación, controles sobre nuevas tecnologías, mecanismos de desescalada y una estrategia común para resolver crisis.

La diferencia entre seguridad y acumulación de armas dependerá de esos elementos. Los gobiernos que vinculen cada aumento presupuestario a objetivos medibles, controles públicos y esfuerzos paralelos de prevención podrán transformar la inversión militar en una parte de una política de protección más amplia. Los que confundan volumen con seguridad corren el riesgo de alimentar la carrera que intentan controlar. En un mundo más inestable, la pregunta decisiva no es cuánto se gasta, sino si ese gasto reduce realmente las posibilidades de guerra y limita sus consecuencias cuando la disuasión falla.