El Gobierno de Nayib Bukele evalúa liberar de forma anticipada y bajo condiciones a cerca de la mitad de los presos acusados de colaborar con pandillas. El anuncio, hecho por el presidente el martes 13 de octubre, no supone una absolución: quienes salgan seguirían siendo considerados culpables y permanecerían bajo monitoreo. Bukele no precisó cuándo se aplicaría la medida ni cuántas personas podrían beneficiarse.

La distinción entre sobrevivir y ejercer el dominio

La propuesta parte de que no todos los colaboradores habrían tenido el mismo papel. Bukele sostuvo que se considerarían las circunstancias en que vivían los detenidos bajo el dominio de las maras y diferenció entre participar en actos graves y alertar sobre la llegada de la Policía desde un pasaje. Como ejemplo más severo mencionó ayudar a enterrar un cadáver. El mandatario no detalló cómo se traduciría esa diferencia en criterios verificables para evaluar cada caso.

Ese punto será decisivo: distinguir entre distintos grados de colaboración exige establecer qué pruebas se revisarán, quién tomará las decisiones y qué obligaciones deberán cumplir las personas excarceladas. Sin información sobre esos mecanismos, el anuncio describe una orientación política, pero todavía no permite conocer cómo se resolverían los casos ni qué garantías tendrían los afectados.

Una medida en medio de detenciones masivas

El Salvador mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales. El Gobierno atribuye a ese periodo al menos 93.162 detenciones de personas señaladas como integrantes de pandillas o colaboradoras. En ese contexto, una liberación que podría alcanzar aproximadamente a la mitad de los presos de esta última categoría introduciría una revisión selectiva dentro de una política que ha priorizado las capturas y el encarcelamiento.

La dimensión del sistema hace que la definición de “liberación condicional” tenga consecuencias prácticas amplias. Si los expedientes se revisan individualmente, la capacidad institucional y la transparencia de los criterios serán fundamentales; si se aplican parámetros generales, también importará explicar cómo se evita tratar de forma equivalente conductas distintas. Por ahora, Bukele confirmó que los casos están siendo evaluados, pero no aclaró si el plan ya está en marcha ni anunció un lanzamiento oficial.

El costo de mantener la excepción

La posible excarcelación se anuncia mientras organizaciones humanitarias reportan más de 6.400 denuncias de abusos y 570 muertes bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos de violencia, según esas denuncias. Amnistía Internacional ha advertido que, bajo el régimen, el Estado podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad. Estas alertas no resuelven por sí mismas la responsabilidad en cada detención, pero colocan cualquier revisión de condenas y excarcelaciones bajo un escrutinio mayor.

La iniciativa puede leerse, por tanto, como un reconocimiento de que la colaboración con las pandillas no habría sido uniforme y de que algunas personas vivían bajo coerción. Pero su alcance dependerá de que esa distinción se convierta en un procedimiento público y consistente, con condiciones de supervisión definidas. Sin plazos, cifras ni reglas conocidas, todavía no es posible determinar si el plan corregirá casos particulares o modificará de manera sustantiva el rumbo de la política de excepción.