El príncipe heredero de Liechtenstein, Alois, ha bloqueado por primera vez durante su regencia una ley aprobada por el Parlamento para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo. La decisión impide la entrada en vigor de una reforma respaldada por una mayoría parlamentaria estrecha y devuelve al centro del debate la amplitud de los poderes de la Casa Principesca en un país que combina mecanismos de democracia directa con una monarquía dotada de competencias excepcionales.

Una mayoría mínima frente a un veto anunciado

La reforma fue aprobada el 2 de septiembre por 13 votos a favor y 12 en contra. En la misma sesión se rechazó, por idéntico margen, la posibilidad de someter el texto a un referéndum nacional. La iniciativa había llegado al Parlamento después de una campaña ciudadana que reunió casi 5.000 firmas en febrero, aproximadamente una cuarta parte del electorado registrado y cinco veces el mínimo de 1.000 apoyos exigido para activar el procedimiento parlamentario.

El resultado legislativo no constituyó una sorpresa para la institución monárquica. Alois había advertido desde junio que vetaría la modificación incluso si obtenía respaldo parlamentario o era aprobada directamente por los ciudadanos. Su oposición, por tanto, no responde a un cambio de última hora, sino a una posición mantenida durante todo el proceso: considera que la despenalización no garantiza una protección suficiente de la vida del no nacido, que define como un bien jurídico fundamental.

El contenido de la reforma que queda sin efecto

La propuesta impulsada por la iniciativa Fristenlösung für Liechtenstein pretendía permitir el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y eliminar la prohibición de proporcionar información sobre la interrupción del embarazo. Sus promotores defendían que el cambio debía corregir una legislación considerada excesivamente restrictiva y ofrecer a las mujeres mayor capacidad de decisión y acceso a información médica.

El veto mantiene el régimen vigente, según el cual el aborto es ilegal salvo cuando el embarazo representa un riesgo grave para la salud de la mujer o cuando es consecuencia de una agresión sexual. En la práctica, las mujeres que desean interrumpir su embarazo suelen desplazarse a países vecinos, principalmente Suiza y Austria, porque la legislación del principado no contempla una vía general de acceso dentro de sus fronteras.

Un sistema político donde la voluntad parlamentaria no es definitiva

La controversia no se limita al aborto. Liechtenstein, un principado alpino de unos 40.000 habitantes, dispone de un sistema institucional poco habitual en Europa. Los referéndums y las iniciativas populares conviven con una monarquía en la que el príncipe reinante conserva atribuciones ejecutivas amplias, incluida la capacidad de disolver el Parlamento y nombrar jueces.

Alois ejerce la regencia desde 2004, cuando su padre, Hans-Adam II, le transfirió sus funciones. El derecho de veto absoluto de la Corona fue confirmado en un referéndum celebrado en 2012. La consulta tuvo lugar después de que Alois amenazara con bloquear una ley sobre el aborto que se había sometido a votación nacional en 2011. Aquella propuesta tampoco salió adelante.

La arquitectura institucional produce así una tensión difícil de resolver: una iniciativa ciudadana puede superar los requisitos legales, obtener respaldo parlamentario y, aun así, quedar anulada por una decisión del príncipe. Desde una perspectiva formal, el veto se encuentra dentro de las competencias reconocidas a la Corona. Desde la perspectiva de sus detractores, demuestra que la participación popular tiene límites sustanciales cuando entra en conflicto con la posición del jefe del Estado.

Las voces enfrentadas tras la decisión

En un comunicado de la Casa Principesca, Alois ha señalado que permanece convencido de que la reforma no era compatible con una protección adecuada de la vida prenatal. Al mismo tiempo, ha manifestado que está dispuesto a levantar la prohibición de hacer publicidad sobre el aborto y que respalda una mejora de la información, el asesoramiento y el apoyo a las mujeres antes, durante y después del embarazo.

Ese planteamiento separa dos asuntos que los promotores de la iniciativa consideraban vinculados: la protección jurídica del feto y la capacidad de las mujeres para recibir información y acceder a servicios sanitarios. Para la Casa Principesca, ampliar la información podría ser compatible con mantener la penalización. Para el comité de la iniciativa, en cambio, la falta de despenalización sigue obligando a resolver el problema mediante desplazamientos al extranjero y deja en una situación desigual a quienes no disponen de recursos para viajar.

En una carta publicada por el medio Lie:zeit, el comité ha calificado el veto de “demostración de poder a costa de las mujeres afectadas” y ha denunciado que la decisión ignora la voluntad popular y convierte la democracia en una farsa. No obstante, sus integrantes también han reconocido que la campaña ha roto un tabú de décadas y ha puesto de manifiesto las deficiencias y lagunas de la regulación actual.

La dimensión europea de una legislación excepcional

Un informe de la Asociación de Derechos Humanos de Liechtenstein estima que unas 40 mujeres viajan cada año a Suiza para interrumpir su embarazo, una posibilidad legalizada en 2015 para sortear las restricciones del principado. La asociación y la iniciativa ciudadana no han podido reunir datos equivalentes sobre los desplazamientos a Austria, por lo que la cifra disponible no representa necesariamente el volumen total de mujeres que buscan atención fuera del país.

La situación de Liechtenstein se encuentra entre las más restrictivas de Europa. Solo Andorra y la Ciudad del Vaticano mantienen una prohibición total, mientras que Malta, Mónaco y Polonia cuentan con marcos legales comparables en algunos de sus aspectos. La diferencia con otros países europeos no solo afecta a la posibilidad jurídica de abortar, sino también al acceso práctico a información, asesoramiento y atención médica.

El veto cierra por ahora la vía parlamentaria abierta por la iniciativa, pero no elimina las causas que la impulsaron. La movilización de miles de ciudadanos ha obligado a discutir públicamente una cuestión que permanecía durante décadas fuera del debate institucional. La futura evolución del conflicto dependerá de si la Corona promueve cambios limitados en materia de información y apoyo, de si el Parlamento intenta presentar una nueva reforma y de cómo se valore, dentro y fuera de Liechtenstein, el equilibrio entre la autoridad monárquica y la voluntad expresada por los mecanismos democráticos.