Las elecciones israelíes del 27 de octubre no decidirán únicamente si Benjamin Netanyahu continúa como primer ministro. Para los ciudadanos, el voto puede influir en cuestiones muy concretas: cuánto durará la guerra, quién asumirá responsabilidades por el ataque del 7 de octubre de 2023, cómo se repartirá la carga del servicio militar y qué prioridad tendrán el costo de vida, la educación y la seguridad cotidiana.

El sistema electoral ayuda a explicar por qué el resultado puede tardar en traducirse en un gobierno. Los israelíes no votan directamente por un candidato, sino por una lista partidaria. El Knéset tiene 120 escaños y ningún partido ha conseguido por sí solo la mayoría en la historia del país. Para gobernar se necesitan al menos 61 diputados, por lo que los partidos pequeños pueden convertirse en socios indispensables, incluso cuando reciben una proporción limitada de votos. El umbral electoral es del 3,25%, de modo que una lista que quede por debajo puede dejar sin representación parlamentaria a miles de votantes.

El voto también será un juicio sobre la guerra

La principal pregunta política es si los electores consideran que Netanyahu debe seguir al frente después del ataque más mortífero sufrido por Israel desde su fundación y de los tres años de conflictos posteriores. Sus adversarios sostienen que los fallos de su gobierno contribuyeron a que el ataque fuera posible y que el primer ministro ha evitado asumir responsabilidad política. Para quienes viven bajo amenaza, tienen familiares movilizados o han perdido sus hogares, esta disputa no es simbólica: afecta a la conducción militar, a las negociaciones y a la posibilidad de abrir una investigación estatal independiente.

El Likud, el partido de Netanyahu, sigue siendo la principal fuerza de la derecha. Su combinación de nacionalismo y políticas económicas liberales atrae a sectores trabajadores y tradicionalmente judíos. Sin embargo, para alcanzar el poder necesita apoyarse en formaciones ultraortodoxas y de extrema derecha. Esa dependencia condiciona las decisiones del próximo gobierno, porque los socios de coalición pueden exigir avances en asentamientos, una política de seguridad más dura o concesiones específicas para sus comunidades.

Otzma Yehudit, liderado por Itamar Ben-Gvir, representa la línea ultranacionalista más visible. El partido respalda una política de seguridad agresiva y su líder, ministro de Seguridad Nacional, supervisa la policía. El Partido Sionista Religioso, dirigido por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, defiende la expansión de asentamientos y una mayor consolidación del control israelí sobre Cisjordania. Si ambas fuerzas resultan necesarias para formar una mayoría, sus posiciones podrían pesar más que su tamaño parlamentario.

La mayoría dependerá de partidos pequeños

Los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá ocupan una posición decisiva. Shas cuenta con un electorado sefardí y tradicional, mientras que la segunda formación agrupa a dos partidos centrados en los servicios sociales para la comunidad ultraortodoxa. Ambos están molestos con Netanyahu por no haber aprobado una ley que garantice las exenciones del servicio militar para los estudiantes religiosos. El conflicto tiene una consecuencia directa para el resto de la población: si se amplían esas exenciones, la carga de la movilización recaerá durante más tiempo sobre los sectores no ultraortodoxos.

También es relevante Amjá Yisrael, creado por el general retirado Ofer Winter. Nació como una alternativa para votantes de derecha decepcionados con la gestión de las guerras, pero su dificultad para superar el umbral muestra un riesgo frecuente del sistema: una lista puede influir en el debate y aun así quedar fuera del Parlamento. Unos pocos miles de votos pueden determinar si una corriente política obtiene representación o desaparece del reparto de escaños.

La alternativa centrista mira a la vida diaria

Yashar!, encabezado por el exjefe militar Gadi Eisenkot, intenta canalizar el cansancio con la guerra hacia una agenda interna. Eisenkot perdió a un hijo combatiendo en Gaza y ha defendido la igualdad en el servicio militar. Su partido pone el foco en el costo de vida, la educación y una comisión estatal que investigue el ataque del 7 de octubre. Para las familias, esa agenda puede ser más tangible que las consignas ideológicas: significa discutir precios, escuelas, reclutamiento y quién debe responder por los errores de seguridad.

Beyajad reúne a las fuerzas de Naftali Bennett y Yair Lapid. Bennett se presenta como parte de una nueva derecha, religiosa pero liberal en asuntos sociales, mientras que Lapid dirige Yesh Atid, que fue el mayor partido opositor en las elecciones de 2022. Los Demócratas, surgidos de la unión del Partido Laborista y Meretz, representan una opción de centroizquierda y apoyan incluir a los partidos árabes en una eventual coalición. Yisrael Beyteinu, de Avigdor Liberman, mantiene posiciones derechistas en seguridad y economía, pero más progresistas en asuntos sociales; su líder ha descartado gobernar con Netanyahu.

Los ciudadanos árabes pueden inclinar la balanza

Los ciudadanos palestinos de Israel representan cerca del 20% de la población, aunque su participación electoral suele verse reducida por la discriminación y el desencanto. Ra’am, liderado por Mansour Abbas, es el partido árabe considerado más moderado y ya participó en una coalición de gobierno en 2021. Defiende un Estado palestino con Jerusalén como capital, pero también prioriza problemas locales como la delincuencia y la economía.

La Lista Conjunta reúne a Ta’al, Hadash y Balad. Sus integrantes se oponen a la guerra en Gaza, a la ocupación de Cisjordania y a las leyes que definen el carácter de Israel como un Estado judío. Netanyahu y sus principales rivales han rechazado públicamente una coalición con partidos árabes, pero una elección muy ajustada podría obligarlos a negociar apoyos parlamentarios. Para esos votantes, la elección mide tanto la capacidad de influir en el próximo gobierno como la voluntad de los grandes partidos de atender sus problemas.

La consecuencia práctica para cualquier elector es que no basta con preguntar quién gana la votación nacional. Hay que observar qué partidos superan el umbral, qué bloques pueden reunir 61 escaños y qué concesiones exigirán para apoyar al próximo primer ministro. El resultado definirá una coalición, no un mandato individual: de esa negociación dependerán la estrategia de guerra, el presupuesto, el servicio militar, los asentamientos, la investigación del 7 de octubre y la atención a las necesidades cotidianas de la población.