Para quienes viven en Tarragona y tienen perro, la obligación de recoger los excrementos de la vía pública adquiere ahora una consecuencia concreta: el Ayuntamiento puede intentar relacionar una deposición abandonada con un animal registrado y, a partir de ahí, con su propietario. La ciudad ha comenzado a analizar muestras de heces mediante técnicas genéticas y prevé imponer una multa de 100 euros cuando exista una coincidencia con su censo canino.

La medida no cambia la obligación básica, que ya existía, pero sí modifica el riesgo de incumplirla. Hasta ahora, una infracción podía depender principalmente de que un agente presenciara el abandono de los excrementos. Con el nuevo sistema, la prueba puede aparecer después, cuando la muestra recogida en la calle se compare con el perfil genético de un perro censado. Para el propietario, esto significa que no recoger las heces ya no queda necesariamente limitado a una conducta difícil de demostrar en el momento.

Qué cambia para quien pasea a su perro

El sistema se apoya en un censo genético obligatorio que comenzó en febrero y que ya reúne a unos 2.500 animales, aproximadamente una cuarta parte de los perros que se calcula que viven en la ciudad. La capacidad real de identificación dependerá, por tanto, de que el animal esté incluido en esa base de datos. Si el perro no figura en el registro, la muestra no permitirá atribuir automáticamente la infracción a un dueño concreto, aunque seguirá siendo útil para estudiar dónde se concentra el problema.

La recogida de una muestra se realiza con un bastoncillo y se conserva en un tubo con un líquido destinado a proteger el ADN. Un técnico de la empresa ADN Canino y un agente de la Guardia Urbana documentan el procedimiento mediante un acta en la que constan la fecha, la hora, el lugar y una fotografía. Esa documentación es relevante porque una sanción no depende únicamente de obtener un perfil genético: también necesita que la muestra pueda vincularse de forma fiable con el punto y las circunstancias en que fue encontrada.

En el laboratorio, las muestras se someten a procesos como la PCR y la electroforesis capilar para obtener el perfil genético del animal. El análisis suele tardar unos 21 días, aunque el Ayuntamiento espera acortar los plazos durante esta fase inicial. Para el ciudadano, ese detalle tiene una lectura práctica: la posible actuación municipal no tiene por qué producirse durante el mismo paseo ni de forma inmediata, sino después de completar una cadena técnica y administrativa.

La responsabilidad no termina en la multa

La sanción de 100 euros es la consecuencia más visible, pero el objetivo municipal es más amplio. Los excrementos abandonados afectan a la limpieza, generan molestias a peatones y trabajadores, y pueden deteriorar la percepción de seguridad y cuidado de una calle o una plaza. El problema recae especialmente sobre quienes comparten espacios públicos con menores, personas mayores o ciudadanos con movilidad reducida, que pueden tener más dificultades para esquivar los residuos.

También conviene distinguir entre una medida de control y una solución completa. El ADN puede ayudar a identificar a algunos infractores, pero no sustituye la disponibilidad de papeleras, la limpieza regular, la información a los propietarios ni una aplicación coherente de las normas. Además, mientras solo una parte de los perros esté incluida en el censo, el sistema tendrá una cobertura limitada. La eficacia dependerá de que el registro se amplíe y de que las muestras recogidas sean suficientes y técnicamente válidas.

Qué ocurre si no hay coincidencia

Una muestra sin correspondencia no será necesariamente inútil. El Ayuntamiento prevé utilizar esos datos para elaborar un mapa de calor con las zonas donde se acumulan más deposiciones. Esa información puede servir para reforzar la limpieza, revisar la ubicación de papeleras, orientar campañas de vigilancia o detectar horarios y puntos en los que se repite el abandono.

Para los vecinos que no tienen perro, esta es probablemente la parte más relevante. El programa no solo busca castigar a propietarios concretos, sino también dirigir recursos municipales hacia las áreas más afectadas. En el mejor escenario, el análisis de los datos permitirá que la respuesta se adapte a la realidad de cada barrio, en lugar de aplicar el mismo nivel de limpieza y vigilancia en toda la ciudad.

Una obligación sencilla con una prueba cada vez más precisa

Los propietarios deben comprobar que su perro cumple con las exigencias de registro que establece Tarragona y asumir que llevar bolsas y utilizarlas no es una cuestión meramente voluntaria. Recoger inmediatamente los excrementos evita la sanción y reduce un problema que afecta a toda la comunidad. También resulta razonable conservar la documentación relacionada con el censo y consultar los procedimientos municipales si se recibe una notificación, especialmente porque cualquier sanción debe poder ser comunicada y tramitada conforme a las reglas aplicables.

La iniciativa introduce una tecnología llamativa en una conducta cotidiana, pero su significado es bastante directo: la convivencia en el espacio público puede apoyarse en controles más difíciles de eludir. Su éxito no se medirá solo por el número de multas, sino por si consigue que haya menos residuos en las calles, una limpieza más eficiente y una distribución más justa de las responsabilidades entre quienes tienen mascotas y quienes comparten la ciudad con ellos.