Un grupo de 146 ex presos políticos cubanos pidió al Gobierno de Estados Unidos que cualquier diálogo con representantes de La Habana quede supeditado a la liberación total de los presos políticos y a la despenalización del disenso. La exigencia fue presentada este jueves en Miami por Ángel de Fana, líder del colectivo Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, durante una conferencia celebrada en el Museo de la Brigada 2506.

La carta, fechada el 10 de octubre y enviada al Departamento de Estado, sostiene que esas dos condiciones no pueden convertirse en asuntos secundarios dentro de una eventual negociación. Según sus firmantes, iniciar conversaciones mientras permanecen personas encarceladas por motivos ideológicos permitiría al Gobierno cubano utilizar el sufrimiento de los presos como instrumento de presión y obtener concesiones internacionales sin modificar la estructura represiva que lo sostiene.

La condición que los firmantes consideran innegociable

De Fana afirmó que los antiguos prisioneros no buscan venganza, sino justicia para las demandas de la población cubana. Sin embargo, estableció una línea de separación tajante entre quienes, según su valoración, son responsables de la represión y otros funcionarios o militares que no estarían implicados en crímenes de sangre. Con los primeros, dijo, no existe confianza ni resulta honorable negociar; con los segundos, dejó abierta la posibilidad de discutir el futuro democrático del país.

La postura parte de una experiencia directa. Los firmantes recuerdan que durante sus años de encarcelamiento se opusieron a ser utilizados como moneda de cambio para que el régimen obtuviera beneficios diplomáticos o económicos. Por eso sostienen que cualquier acercamiento debe comenzar después de la liberación de todos los presos políticos y no mediante acuerdos parciales que mantengan a una parte de la oposición en las cárceles mientras se negocia con el poder.

Una posición que coincide parcialmente con la de Washington

El planteamiento tiene un punto de contacto con declaraciones recientes del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. A finales de septiembre, Rubio dijo desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York que Estados Unidos no podría trabajar con determinadas personas del régimen por tener “las manos manchadas de sangre”, pero distinguió a quienes podrían contribuir a encauzar a Cuba hacia la libertad política y económica.

La coincidencia no significa que exista un acuerdo formal entre Washington y los ex presos políticos. La carta fue recibida por el Departamento de Estado, pero De Fana confirmó que hasta este jueves no habían obtenido respuesta. Su publicación responde, precisamente, a la incertidumbre sobre la posibilidad de negociaciones entre ambos gobiernos y al temor de que estas se desarrollen sin la participación de quienes han sufrido la represión o de sus representantes.

El documento propone distinguir dos conflictos que suelen aparecer mezclados: el enfrentamiento entre los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos, y la disputa interna entre el régimen y la sociedad cubana. Para los firmantes, una negociación bilateral no debería desplazar el problema central, que identifican como la falta de libertades, la persecución del disenso y la ausencia de soberanía ciudadana frente al poder político.

La transición que imaginan no equivale a continuidad

Los antiguos prisioneros aceptan la posibilidad de un gobierno provisional, tecnocrático y mixto, en el que participen militares y funcionarios del sistema anterior con una trayectoria considerada aceptable, junto con cubanos de la isla y de la diáspora. Esa fórmula, sin embargo, estaría condicionada a que condujera hacia una nueva República y no a la simple renovación de las figuras visibles del mismo modelo.

La diferencia es decisiva. Una transición pactada podría ofrecer una salida a dirigentes que temieran represalias personales al abandonar el poder, pero los firmantes reclaman que esa eventual protección no impida la participación de la ciudadanía cubana en las conversaciones. En su planteamiento, evitar una crisis de salida no debe confundirse con garantizar la permanencia de la élite política bajo otra configuración administrativa.

La carta también solicita que Washington respalde directamente a los cubanos si la represión pone en riesgo la seguridad de la población. Ese respaldo, según el texto, debería incluir todos los medios disponibles y eventualmente la cooperación de otros países para que los ciudadanos recuperen la soberanía nacional. La formulación deja abierta una cuestión sensible: hasta dónde puede llegar el apoyo externo sin sustituir la voluntad de la sociedad cubana ni convertir el futuro de la isla en una negociación exclusivamente internacional.

El exilio histórico como referencia y como actor

Durante el encuentro, el ex prisionero político José Rolando Cáceres Soto destacó el papel del exilio histórico como depositario de experiencias acumuladas durante décadas de enfrentamiento con el régimen. Cáceres Soto, encarcelado en varias ocasiones y liberado por última vez en 2021, señaló también que la juventud dentro de Cuba está tomando parte en la discusión sobre el futuro nacional.

El académico Eduardo Zayas-Bazán resumió otra preocupación presente en el documento: la construcción de una Cuba democrática requeriría personas honestas y sin responsabilidades en hechos de sangre. Entre los 146 firmantes figuran Yamilka Abascal, Sissi Abascal, Eduardo Cardet, Pedro Corzo, Guillermo Fariñas, Angélica Garrido y Luis Zúñiga.

La importancia de la declaración no reside únicamente en su número de adhesiones, sino en el intento de fijar límites políticos antes de que se abra cualquier canal de diálogo. Sus autores buscan impedir que la urgencia económica, la presión migratoria o la estabilidad regional reduzcan la cuestión cubana a un pacto entre gobiernos. El mensaje central es que una negociación solo tendría legitimidad si libera primero a quienes están encarcelados por disentir y si transforma ese gesto inicial en el comienzo verificable de una transición, no en una herramienta para prolongar el sistema vigente.