Alberto Núñez Feijóo ha convertido la crisis de Ceuta, la ocupación ilegal de viviendas y la presión económica sobre las familias en los ejes de una dura ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante un acto del Partido Popular celebrado este sábado en Badalona junto a Alejandro Fernández y Xavier García Albiol, el líder popular ha prometido desalojar a los okupas en un plazo de 48 horas, ha reclamado una política migratoria más firme y ha pedido una mayoría amplia para impulsar un cambio político en España.

El discurso combina propuestas concretas, como la reforma de la legislación sobre ocupación y extranjería, con una estrategia electoral destinada a presentar al PP como alternativa de gobierno. Feijóo ha vinculado la seguridad, el acceso a la vivienda, la inmigración y la fiscalidad con una misma idea: que el Ejecutivo socialista habría perdido capacidad de respuesta ante problemas que afectan directamente a la vida cotidiana y a la confianza institucional.

Una promesa de 48 horas con alto contenido político

La medida más destacada del acto ha sido el compromiso de expulsar a los ocupantes ilegales en 48 horas. Feijóo ha encargado a Albiol que lidere en el Congreso la propuesta del PP contra la ocupación y ha resumido su posición con una consigna de “tolerancia cero” frente a los okupas, la delincuencia y la reincidencia. También ha prometido “protección máxima” para los ciudadanos honrados, especialmente para quienes se encuentran en una situación más vulnerable.

La propuesta pretende responder a una preocupación social que el PP considera central, pero su aplicación exigiría concretar garantías procesales, distinguir entre ocupación ilegal y conflictos relacionados con arrendamientos y definir la actuación de jueces y fuerzas de seguridad. Esa dimensión jurídica no ha sido desarrollada en el acto. El anuncio funciona, por ahora, como una señal política de firmeza y como una forma de asociar al Gobierno con la inseguridad y la falta de protección de la propiedad.

Feijóo ha acusado además a los socialistas de haber creado el problema de la vivienda mientras prometen resolverlo. A su juicio, la política del Ejecutivo habría agravado las dificultades de acceso a un hogar y habría generado contradicciones en torno a la propiedad inmobiliaria. La crítica se ha extendido a la presión fiscal: “Ya está bien de asfixiar a la clase media de este país”, ha afirmado, defendiendo que los españoles no paguen más impuestos.

Ceuta como argumento de confrontación institucional

La crisis de Ceuta ha ocupado otro de los bloques principales del discurso. El presidente del PP ha acusado a Sánchez de abandonar a los ciudadanos españoles y ha cuestionado la respuesta del Gobierno ante los acontecimientos relacionados con Marruecos. En particular, ha criticado que el Ejecutivo agradeciera la ayuda marroquí durante la crisis fronteriza y que calificara de “hecho puntual” la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas españolas, según su relato.

Feijóo ha planteado interrogantes sobre la relación entre Madrid y Rabat y ha insinuado posibles presiones de los servicios de inteligencia marroquíes, aunque no ha presentado pruebas que respalden esas sospechas. Esa ausencia de elementos verificables limita el alcance factual de la acusación y sitúa el asunto en el terreno de la confrontación política. Al mismo tiempo, el dirigente popular ha evitado defender una ruptura con Marruecos: su fórmula combina “buena vecindad y firmeza” con la exigencia de lealtad hacia España.

En materia migratoria, el PP reclama una mayor implicación de la Unión Europea en el control de las fronteras, más recursos humanos y tecnológicos y un respaldo reforzado a la Guardia Civil. Feijóo también ha defendido una reforma de la Ley de Extranjería. La propuesta conecta la gestión de Ceuta con una agenda nacional de seguridad, pero deja pendiente precisar qué cambios legislativos permitirían alcanzar los objetivos anunciados y cómo se coordinarían con las obligaciones europeas.

Críticas al PSOE y movilización electoral

El líder popular ha aprovechado la dimisión de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, para cuestionar que algunos responsables abandonen sus puestos mientras otros permanecen en ellos pese a las polémicas. En esa misma línea, ha relacionado sus reproches con la gestión de la crisis de Ceuta, el apagón y otros episodios que, a su juicio, han alimentado una sucesión de escándalos. También ha denunciado una supuesta suplantación de identidad por el uso y publicación de una carta con su nombre, asunto que ha presentado como otro ejemplo de la hipocresía que atribuye al socialismo.

El discurso ha incorporado asimismo una lectura económica. Feijóo ha señalado el encarecimiento de los precios y el coste de llenar el depósito de un vehículo como obstáculos para llegar a fin de mes, y ha acusado al Gobierno de aumentar la presión fiscal y la deuda pública. Frente a ello, ha defendido el mantenimiento de las pensiones y el fortalecimiento de la sanidad pública, mientras rechazaba lo que considera privilegios dentro del entorno socialista.

El acto de Badalona ha tenido una importancia añadida para la estrategia territorial del PP. Feijóo ha agradecido a Albiol su compromiso y le ha pedido que recorra Cataluña para liderar la propuesta contra la ocupación. Ha afirmado que acudió a Barcelona para ser presidente del Gobierno y ha sostenido que Cataluña debe desempeñar un papel determinante en las próximas elecciones generales. La apelación revela que el partido busca ampliar su mayoría precisamente en un territorio clave para hacer viable el cambio que reclama.

La consigna final, “Decencia sí, Sánchez no”, condensó el tono del mitin y su objetivo electoral. Feijóo ha pedido una mayoría suficientemente amplia para que el cambio sea “incuestionable”, vinculando la movilización catalana con la posibilidad de formar un futuro Gobierno. Más que presentar un programa completo, su intervención ha ordenado varias demandas sociales bajo un mismo marco de desgaste del Ejecutivo: seguridad, vivienda, fronteras, impuestos y ejemplaridad política.