Una jueza de Florida emitió este lunes una orden de arresto contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996. La decisión, adoptada casi tres décadas después de los hechos, vuelve a colocar el episodio en el centro de la confrontación política entre Washington, Miami y La Habana.

La orden fue expedida por Ariana Fajardo Orshan, magistrada del Undécimo Circuito Judicial de Florida, e incluye la posibilidad de solicitar la extradición del exdirigente cubano si fuera detenido fuera del estado. Castro, de 95 años, está acusado en Estados Unidos de asesinato en primer grado por la muerte de tres ciudadanos estadounidenses de origen cubano y de un residente.

El alcance práctico de la medida es, sin embargo, limitado mientras Castro permanezca en Cuba, país que no mantiene relaciones de cooperación judicial con Estados Unidos que permitan ejecutar fácilmente una orden de este tipo. La disposición tiene por ahora un peso principalmente judicial y político: formaliza una acusación en Florida y ofrece a las autoridades estatales una base para reclamar su detención si entra en una jurisdicción donde la orden pueda ser aplicada.

Un caso abierto desde el derribo de 1996

El 24 de febrero de 1996, cazas de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida. Murieron cuatro personas: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. Las autoridades estadounidenses y la Organización de Aviación Civil Internacional sostuvieron que los aparatos fueron abatidos en aguas internacionales.

La versión cubana ha defendido que la actuación militar respondió a la violación de su espacio aéreo y a incursiones previas. Hermanos al Rescate, formada por exiliados cubanos asentados en Miami, comenzó sobrevolando el Caribe para localizar y auxiliar a balseros que intentaban abandonar la isla. Con el tiempo, algunos de sus vuelos se aproximaron a las costas cubanas para lanzar folletos con mensajes políticos, una actividad que La Habana consideraba una provocación y una amenaza contra su soberanía.

Raúl Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y ocupaba una posición central en la estructura de mando cubana. La acusación estadounidense no sostiene únicamente que tuviera responsabilidad política por la actuación de las fuerzas armadas, sino que vincula el caso con supuestas operaciones de inteligencia destinadas a proporcionar a La Habana información sobre los vuelos de las avionetas.

La investigación vuelve a tomar impulso

El fiscal del estado de Florida, James Uthmeier, pidió reabrir la investigación en marzo. Dos meses después, el Departamento de Justicia estadounidense inició una acusación formal contra Castro. La actuación de la jueza representa el siguiente paso dentro de ese proceso y refleja la intención de los fiscales de mantener el caso activo pese al tiempo transcurrido.

Uthmeier afirmó que agentes del régimen de Castro habrían operado en comunidades estadounidenses, suministrado información a La Habana y contribuido a que los pilotos civiles fueran identificados como objetivos de los cazas cubanos. “Treinta años después seguimos luchando por justicia”, declaró al referirse a las cuatro víctimas.

La reapertura se produce en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba. Washington está aplicando un bloqueo petrolero contra la isla, según el contexto de la acusación, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, ha mencionado públicamente la posibilidad de “tomar” Cuba. En ese escenario, la causa judicial puede adquirir una dimensión que trasciende el debate penal y convertirse en otro instrumento de presión sobre el Gobierno cubano.

La respuesta de La Habana

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, rechazó la orden y la calificó de maniobra política. En sus redes sociales afirmó que la decisión refleja la “podredumbre política” y el “colapso moral” de un grupo de políticos del sur de Florida que, según su denuncia, engaña a sus seguidores para obtener colectas y financiación.

Rodríguez condenó lo que describió como una nueva acción “estéril” contra Raúl Castro y la vinculó con otras acusaciones que considera infundadas contra Cuba. La respuesta oficial mantiene la posición histórica de La Habana: el derribo fue una acción de defensa frente a incursiones que ponían en cuestión la soberanía cubana, mientras que la responsabilidad última correspondería a quienes organizaron los vuelos.

Las posiciones enfrentadas dejan abiertas varias cuestiones. La primera es jurídica: la acusación deberá demostrar la relación concreta entre Castro y la decisión operativa que terminó con el derribo. La segunda es jurisdiccional, porque los hechos ocurrieron en un espacio cuya delimitación ha sido objeto de controversia y el principal acusado se encuentra fuera del alcance habitual de las autoridades estadounidenses. La tercera es política: la causa se reactiva en un periodo de máxima presión bilateral, lo que puede dificultar que sus implicaciones judiciales sean separadas de la agenda de confrontación entre ambos países.

Para las familias de las víctimas y los sectores del exilio cubano en Florida, la orden representa un reconocimiento institucional de una demanda de justicia mantenida durante años. Para el Gobierno cubano, constituye una acción unilateral con motivaciones políticas. La ejecución de la medida dependerá de que Castro sea localizado en una jurisdicción cooperante y de que el proceso avance con pruebas suficientes, pero su emisión ya ha convertido un episodio de la Guerra Fría tardía en un nuevo foco de disputa entre La Habana y Washington.