Un juez de Miami firmó una orden estatal de arresto contra Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996. La decisión se basa en indicios que apuntan a una posible conspiración con agentes de inteligencia cubanos para cometer asesinato en primer grado.
Una investigación reabierta tres décadas después
El ataque causó la muerte de cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos. Las aeronaves fueron abatidas por cazas cubanos sobre aguas internacionales, según las acusaciones judiciales. La organización, con sede en Miami, realizaba vuelos de búsqueda y auxilio para cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.
La investigación sostiene que espías cubanos infiltrados en Florida recopilaron información sobre las rutas de vuelo y la transmitieron a responsables militares, lo que habría facilitado la operación. Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, un cargo que lo sitúa en el centro de la cadena de mando investigada, aunque la orden no equivale a una condena y las acusaciones deberán probarse ante los tribunales.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene previsto explicar los detalles de la orden en una rueda de prensa en Miami. El estado reabrió el caso en marzo, mientras que la justicia federal estadounidense acusó formalmente a Castro en mayo por cargos relacionados con asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
La medida amplía la presión judicial sobre el antiguo dirigente cubano y puede elevar el costo político de las relaciones entre Washington y La Habana. Su alcance práctico dependerá de la posibilidad de ejecutar la orden, ya que Castro permanece en Cuba, pero el caso introduce un frente penal renovado en un contexto marcado por nuevas sanciones estadounidenses y por la grave crisis económica de la isla.
