Francia afronta este sábado una nueva jornada de movilizaciones con 70.000 policías y gendarmes desplegados en todo el país y una amenaza elevada de disturbios. El Gobierno busca impedir que se repitan los saqueos y actos vandálicos de la semana pasada, que provocaron daños en unos 3.000 comercios, mientras sindicatos, estudiantes y chalecos amarillos tratan de mantener la presión en las calles.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha advertido de que las fuerzas de seguridad serán “implacables” con los saqueadores y los alborotadores. El dispositivo se ha diseñado especialmente para contener a grupos radicales de extrema izquierda y a delincuentes que, según el primer ministro, Sébastien Lecornu, podrían actuar al margen de las manifestaciones autorizadas. La magnitud del despliegue revela que el Ejecutivo no contempla la jornada como una protesta convencional, sino como una operación de control del orden público a escala nacional.

Una jornada marcada por las prohibiciones

Las autoridades han prohibido las concentraciones no organizadas por sindicatos en numerosas ciudades y han limitado los recorridos de otras marchas. Solo se han autorizado manifestaciones sindicales en París, Marsella, Estrasburgo, Lille, Mulhouse, Grenoble, Toulouse y Amiens. En otras localidades, como Lyon, Montpellier, Le Mans, Niza, Toulon y Perpiñán, rige una prohibición total de manifestarse.

En París, la prefectura ha impuesto un recorrido entre las plazas de Nación e Italia, después de descartar el itinerario que los chalecos amarillos querían realizar desde Bastilla hasta la Ópera Garnier. La modificación aleja la protesta de las principales zonas comerciales y de los centros de poder, pero también ha provocado un enfrentamiento político con los organizadores. La policía recuerda que la manifestación en Bastilla está prohibida y ha pedido a quienes se encuentren allí que abandonen la plaza y se dirijan hacia Porte d’Italie.

El impacto de las restricciones se extiende más allá de las calles. El Louvre, los museos de Orsay y Picasso y el Palacio de Versalles permanecerán cerrados. Además, el toque de queda nocturno continuará hasta el lunes en los alrededores de la plaza de la República y Les Halles. En Marsella, el transporte público quedará suspendido desde las cinco de la mañana del sábado hasta la misma hora del domingo.

El atentado de Trappes eleva todavía más la tensión

La jornada llega después de un ataque de carácter racista que ha agravado el clima de miedo. Una persona murió y otras cinco resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, por los disparos efectuados desde un vehículo en Trappes, a unos 30 kilómetros al oeste de París. El presunto autor, Kevin T., de 39 años y con antecedentes por delitos comunes, fue detenido.

La Fiscalía Antiterrorista informó además de que el sospechoso había preparado un dispositivo trampa en su domicilio, previsiblemente para que explotara cuando acudieran los agentes. El ataque introduce una dimensión xenófoba en una crisis que hasta ahora se había expresado sobre todo mediante el conflicto social, la violencia callejera y el enfrentamiento entre el Gobierno y los movimientos de protesta.

La coincidencia temporal con las manifestaciones aumenta el riesgo de que el atentado sea utilizado para alimentar discursos de confrontación. También complica la tarea de las autoridades: cualquier incidente puede interpretarse como una extensión de la protesta, una provocación política o una reacción de carácter racista, dificultando la separación entre movilización legítima y violencia organizada.

Comercios atrincherados y una seguridad privatizada

El temor a nuevos saqueos ha creado una presión adicional sobre los comerciantes. Según Le Parisien, vidrieros, carpinteros y empresas de seguridad privada están desbordados por la demanda. Unos reparan escaparates dañados y colocan paneles de madera; otros son contratados para proteger los establecimientos ante la posibilidad de que la policía no pueda responder a todas las llamadas.

También se ha disparado la compra de productos de autodefensa que no requieren licencia, como los aerosoles. Medios próximos a la extrema derecha, entre ellos CNews, han llegado a mencionar la intención de algunos comerciantes de adquirir armas de fuego o formar milicias de autodefensa. Aunque esas propuestas no representan necesariamente una respuesta generalizada, muestran hasta qué punto la inseguridad percibida está desplazando funciones tradicionalmente reservadas al Estado.

La protección de los escaparates se ha convertido así en un indicador visible de la crisis. Las planchas de madera no solo cubren daños materiales: expresan la pérdida de confianza de una parte del comercio en la capacidad de las instituciones para garantizar la actividad cotidiana durante una protesta masiva.

Los estudiantes mantienen el pulso con Macron

El conflicto tampoco se limita al movimiento de los chalecos amarillos. Las organizaciones sindicales estudiantiles han pedido continuar las movilizaciones después de reunirse con Emmanuel Macron. Los representantes reconocieron que el presidente se mostró abierto a reformar el sistema de acceso a la universidad, pero consideran insuficiente esa disposición y reclaman su derogación completa.

Los estudiantes exigen además mejores condiciones en los institutos y la sustitución de profesores. La decisión de mantener las protestas indica que el encuentro con Macron no logró transformar el diálogo político en compromisos concretos. Para el movimiento estudiantil, la cuestión no es únicamente el modelo de acceso universitario, sino la percepción de que el sistema educativo soporta recortes, falta de personal y desigualdades que afectan especialmente a los jóvenes con menos recursos.

Una crisis que desborda la disputa social

La movilización se desarrolla en un escenario político especialmente sensible. En Orléans, a unos 130 kilómetros de París, la Agrupación Nacional celebra un congreso para lanzar oficialmente la candidatura presidencial de Marine Le Pen, a unos seis meses de las elecciones. Las autoridades prevén entre 20.000 y 30.000 opositores al partido, mientras la formación espera reunir a unos 10.000 simpatizantes. Cerca de 3.000 agentes serán desplegados y se han prohibido las manifestaciones destinadas a boicotear el congreso.

La combinación de protestas sociales, inseguridad y competencia electoral modifica el significado de la jornada. La izquierda se moviliza en las calles, mientras la extrema derecha intenta convertir el desorden en una prueba de la incapacidad del Gobierno para controlar el país. La comparación con Mayo del 68, evocada por algunos estudiantes, resulta útil para entender la dimensión simbólica del momento, pero también tiene límites: hoy la protesta convive con una extrema derecha electoralmente fortalecida, una amenaza terrorista latente y una ciudadanía más expuesta a la violencia política.

El desafío para Macron no consiste solo en restablecer la circulación o proteger los comercios. Debe evitar que las restricciones excepcionales se conviertan en una respuesta permanente, sin perder el control de las calles ni dejar que la inseguridad monopolice el debate público. La evolución de esta jornada determinará si la protesta conserva un cauce sindical y estudiantil reconocible o si la violencia, la polarización y la respuesta policial terminan absorbiendo sus reivindicaciones iniciales.