Las fuerzas del orden francesas habían detenido a cerca de 1.000 personas este sábado durante las manifestaciones convocadas en distintos puntos del país, según el primer balance ofrecido por el ministro del Interior, Laurent Núñez. El responsable de seguridad advirtió de que la cifra aumentaría “de forma significativa” al cierre de la jornada, aunque describió el desarrollo general de las marchas como positivo y defendió el dispositivo desplegado tras los graves incidentes registrados una semana antes.

En una comparecencia ante la prensa poco después de las 19:30, hora local, Núñez afirmó que la policía y la Gendarmería habían actuado con anticipación para contener posibles episodios de violencia, saqueos y destrucción. El ministro contrapuso la situación de este sábado con la del día 17, cuando, a la misma hora, se habían practicado únicamente 385 arrestos y cientos de comercios habían sido vandalizados. A su juicio, la diferencia refleja un refuerzo de los efectivos y una estrategia de intervención más rápida y móvil.

Un dispositivo reforzado tras el caos de la semana anterior

El Gobierno había preparado un despliegue ampliado y había pedido a las autoridades locales que modificaran el recorrido de las manifestaciones autorizadas para alejarlas de los centros urbanos con mayor concentración de establecimientos comerciales. Núñez atribuyó a estas decisiones parte de la reducción de los daños, al considerar que la protección de las zonas comerciales permitió limitar las oportunidades de saqueo sin impedir la celebración de las protestas.

El ministro reconoció, no obstante, que se produjeron intentos de pillaje. Citó especialmente el caso de Marsella, donde algunos participantes trataron de saquear comercios, aunque fueron detenidos. “Se han protegido los comercios del centro de las ciudades”, aseguró. En su intervención insistió en que la prioridad operativa era que los agentes fueran “móviles, ágiles y reactivos”, una formulación que también funciona como respuesta a las críticas recibidas por la gestión de los disturbios del sábado anterior.

Según las cifras del Ministerio del Interior, las 289 manifestaciones celebradas en todo el país reunieron a unas 410.000 personas. La estimación oficial supone un descenso respecto a los 550.000 asistentes calculados por el Gobierno una semana antes. Los convocantes ofrecieron, sin embargo, una lectura diferente y situaron la participación en torno a 800.000 personas, al mismo nivel que el sábado anterior. La distancia entre ambos recuentos vuelve a evidenciar la disputa habitual sobre la medición de la movilización social y dificulta extraer conclusiones definitivas sobre su evolución.

Violencia contenida, pero con heridos graves

Núñez sostuvo que grupos de ultraizquierda se infiltraron en varias marchas con la intención de provocar actos violentos. Afirmó que las fuerzas de seguridad intervinieron de manera sistemática ante lo que calificó de “exacciones”, en línea con las instrucciones impartidas por el Ministerio. El Ejecutivo presenta esta actuación como una aplicación selectiva de la fuerza para aislar a los grupos violentos y mantener abiertas las protestas autorizadas, aunque la eficacia del dispositivo deberá valorarse también a partir de las investigaciones sobre detenciones, lesiones y posibles abusos.

La jornada dejó dos heridos graves, uno en Toulouse y otro en Clermont-Ferrand. El ministro defendió repetidamente la proporcionalidad de la actuación policial y aseguró que el uso de la fuerza se ajustó a las órdenes recibidas y al marco legal. Sus declaraciones llegan en un contexto de presión política, después de que sectores de la oposición y organizaciones sociales cuestionaran la preparación de las autoridades ante los disturbios del día 17. La existencia de heridos graves mantiene abierta la cuestión sobre las circunstancias concretas de cada intervención.

En Niza y Montpellier, según el balance ministerial, también se detectó la presencia de activistas de ultraderecha que buscaban enfrentarse con los participantes. La mención de grupos situados en extremos ideológicos distintos muestra que las autoridades afrontaron riesgos simultáneos: por un lado, la posibilidad de daños contra bienes y enfrentamientos con la policía; por otro, la acción de colectivos que podían tratar de atacar a los manifestantes o provocar choques entre bloques.

Una protesta con reivindicaciones sociales y educativas

Las movilizaciones tienen su origen en las reivindicaciones de estudiantes de instituto y en el malestar expresado por sindicatos y grupos de “chalecos amarillos” ante el aumento del coste de la vida. La amplitud de las convocatorias y la diferencia entre las cifras oficiales y las de los organizadores reflejan una protesta con una base social diversa, en la que confluyen demandas educativas, críticas económicas y rechazo a determinadas decisiones gubernamentales.

Uno de los focos políticos de la jornada estuvo en Orleans, donde grupos de izquierda organizaron una manifestación contra la ultraderechista Agrupación Nacional, conocida como RN. El partido celebró allí su congreso, concebido también como el punto de partida de la campaña de su candidata al Elíseo, Marine Le Pen. Núñez destacó que esa concentración se desarrolló sin incidentes, un dato relevante para el Gobierno porque permitió evitar un enfrentamiento directo entre la protesta antifascista y el encuentro de la formación ultraderechista.

El balance provisional ofrece, por tanto, una imagen de mayor control operativo que la de la semana anterior, pero no de normalización completa. La reducción de los saqueos y la anticipación policial contrastan con el elevado número de arrestos, los heridos graves y la presencia de grupos dispuestos a provocar enfrentamientos. La evolución de las movilizaciones dependerá ahora de la capacidad del Gobierno para preservar el derecho de manifestación, contener la violencia y responder a las demandas sociales que han ampliado el alcance de las protestas.