Francia llega al tramo decisivo antes de las elecciones presidenciales de abril de 2027 con sus finanzas públicas bajo una presión creciente y con una sociedad que exige más inversión estatal. El déficit fiscal alcanzará previsiblemente el 5,4% del producto interno bruto, muy por encima del límite del 3% establecido para la zona euro, mientras la deuda pública podría situarse en el 119,3% del PIB, el nivel más alto desde que comenzó esta serie estadística en 1978.

La tensión ya se refleja en los mercados. La prima de riesgo francesa alcanzó esta semana su punto más elevado desde 2011 y los bonos del Estado se encarecen: los títulos franceses a diez años ofrecen un rendimiento cercano al 5%, frente a alrededor del 3,4% de los bonos alemanes. París todavía conserva capacidad para financiarse, pero debe pagar más por cada nueva emisión. Esa diferencia no es solo un dato financiero: reduce los recursos disponibles para educación, servicios públicos y ayudas sociales.

El ajuste que nadie quiere asumir

El primer ministro Sébastien Lecornu ha anunciado que el presupuesto de 2027 buscará reducir el déficit hasta el 5% del PIB mediante recortes en el tamaño y las inversiones del Estado. La propuesta responde a una exigencia compartida por el Gobierno francés y las instituciones europeas: recuperar la confianza de los inversores antes de que el aumento de los intereses convierta el endeudamiento en una carga todavía más difícil de controlar.

El problema político es inmediato. Las manifestaciones estudiantiles reclaman mejores condiciones en los liceos y una mayor inversión educativa. Sindicatos y sectores vinculados al movimiento de los chalecos amarillos denuncian el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos. En octubre, Lecornu prometió añadir 1.200 millones de euros al presupuesto de Educación para 2027, pero advirtió que esa suma tendría que compensarse con reducciones en otras áreas.

La medida no ha satisfecho a los manifestantes ni a la oposición parlamentaria. La dirigente sindical Sophie Binet, de la CGT, afirmó que las demandas sociales no han sido tomadas en cuenta. En la Asamblea Nacional, varios partidos amenazan con presentar mociones de censura si el Ejecutivo intenta aprobar el presupuesto por decreto, como ocurrió durante las disputas fiscales de 2024 y 2025.

Una economía atrapada entre el euro y la calle

La dificultad francesa no consiste únicamente en gastar demasiado o recaudar poco. El país enfrenta una restricción doble. Al formar parte de la zona euro, no puede devaluar su moneda para mejorar de manera rápida la competitividad de sus empresas o aliviar el peso real de la deuda. Tampoco controla de forma autónoma la política monetaria, que corresponde al Banco Central Europeo.

Al mismo tiempo, una reducción brusca del gasto chocaría con una cultura política acostumbrada a un Estado amplio y con un electorado que rechaza nuevos recortes en áreas esenciales. El analista Alejandro Chafuen sostiene que Francia necesitaría liberar el potencial empresarial mediante una reducción de regulaciones e impuestos, con la expectativa de generar un impulso de confianza que un ajuste puramente contable no produciría.

Esa alternativa, sin embargo, también presenta riesgos. Rebajar impuestos podría estimular la actividad privada, pero en el corto plazo dejaría menos ingresos públicos y exigiría una financiación creíble. Reducir regulaciones puede favorecer la inversión, aunque sus efectos tardarían en compensar una deuda que ya obliga al Estado a pagar intereses más altos. La salida, por tanto, no depende de una sola medida, sino de la capacidad de combinar crecimiento, disciplina fiscal y protección social.

La advertencia que llega desde los mercados

El economista Joseph Brusuelas, de RSM US LLP, advierte que la crisis podría deteriorarse si el Gobierno no presenta pronto un plan de consolidación fiscal. A su juicio, el aumento de los rendimientos de la deuda sugiere que Francia se acerca a una situación en la que el costo del financiamiento puede agravar el desequilibrio original: cuanto más caro resulte refinanciar la deuda, menos margen habrá para sostener el gasto y más severos deberán ser los ajustes posteriores.

Brusuelas contempla incluso una intervención del Banco Central Europeo para comprar deuda francesa si la inestabilidad amenaza con extenderse a otras economías de la eurozona. No se trataría de una solución estructural, sino de una barrera contra un contagio financiero desordenado. La posibilidad revela la dimensión europea del problema: Francia es una de las principales economías del bloque y sus dificultades pueden alterar las condiciones de financiación de otros países.

La deuda entra en la campaña presidencial

Con el segundo mandato de Emmanuel Macron cerca de su final, las finanzas públicas se han convertido en el eje de la futura disputa electoral. La pregunta que enfrentan todos los aspirantes es cómo reducir la deuda sin empeorar la calidad de vida de los ciudadanos. Las respuestas reflejan visiones opuestas sobre el papel del Estado.

Jean-Luc Mélenchon propone que el Banco Central Europeo congele parcialmente la deuda francesa que mantiene con la institución, calculada en unos 600.000 millones de euros. Raphaël Glucksmann plantea reducir las ayudas públicas a las empresas y las exenciones fiscales para aumentar la recaudación. Los ex primeros ministros Édouard Philippe y Gabriel Attal defienden una reforma de la estructura de costos del Estado, mientras Marine Le Pen afirma que su partido podría ahorrar 150.000 millones de euros, especialmente mediante una reducción de los gastos destinados a la atención de migrantes.

La divergencia entre estas propuestas no elimina el dato central: el próximo presidente heredará una deuda elevada, un déficit difícil de corregir y una sociedad movilizada contra el deterioro de los servicios públicos. Francia no se enfrenta solo a una discusión presupuestaria, sino a una decisión sobre el modelo económico que puede sostener. Cada mes de demora encarece la respuesta; cada recorte sin respaldo social aumenta la conflictividad. El desafío será demostrar que la estabilidad financiera no exige abandonar las demandas ciudadanas, aunque sí obliga a definir con precisión qué puede financiar el Estado y cómo pretende volver a crecer.