A pocos meses de las próximas elecciones presidenciales, Emmanuel Macron encara la fase final de su mandato con una autoridad política debilitada y un país sometido a una presión económica persistente. El presidente que llegó al Palacio del Elíseo en 2017 como símbolo de renovación afronta ahora un balance marcado por las protestas sociales, el deterioro de la confianza pública y unas cuentas estatales cada vez más difíciles de sostener.

De la promesa de renovación al desgaste acumulado

Macron tenía 39 años cuando asumió la presidencia y convirtió su edad en una de sus principales credenciales. Frente a los partidos tradicionales, ofreció modernizar la economía, reformar el Estado y devolver a Francia un papel central en Europa. Sin embargo, esa promesa de transformación pronto chocó con una sociedad preocupada por la pérdida de ingresos, el acceso desigual a los servicios públicos y el aumento del coste de la vida.

La primera gran ruptura llegó en octubre de 2018, cuando el movimiento de los «chalecos amarillos» llevó a miles de personas a las calles contra el incremento de los impuestos sobre la gasolina y el diésel. El Gobierno presentó la medida como parte de la transición ecológica, pero para numerosos trabajadores rurales, agricultores y habitantes de ciudades secundarias representaba un castigo directo a quienes dependían del automóvil para desplazarse.

Durante 18 meses, las movilizaciones combinaron reclamaciones económicas con un profundo rechazo a la percepción de que las decisiones presidenciales se tomaban desde París y sin tener en cuenta la vida cotidiana de las zonas menos favorecidas. Los enfrentamientos con la policía y la violencia registrada en distintas jornadas deterioraron aún más la imagen del Ejecutivo, pero el conflicto también dejó una advertencia que se repetiría después: cualquier reforma que aumentara los costes de los hogares podía desencadenar una respuesta social inmediata.

Reformas que ampliaron la distancia con la calle

La contestación no terminó con los «chalecos amarillos». La Ley de Seguridad Global, que ampliaba las competencias policiales y restringía la difusión de imágenes de agentes durante las protestas, provocó nuevas manifestaciones y alimentó las críticas de organizaciones civiles y sectores de la oposición. Para sus detractores, la norma suponía una amenaza para la transparencia; para el Gobierno, respondía a la necesidad de proteger a las fuerzas de seguridad.

El conflicto más determinante, sin embargo, fue la reforma de las pensiones aprobada en 2023. El aumento de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años se justificó por la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Macron defendió públicamente que se trataba de una decisión necesaria, aunque impopular. La respuesta fue una ola de huelgas y concentraciones que paralizó sectores estratégicos y volvió a llenar las calles de las principales ciudades.

La reforma expuso una contradicción central de la etapa de Macron. Desde la perspectiva del Ejecutivo, elevar la edad de retiro era una forma de contener el gasto en un país con una población envejecida y una deuda elevada. Desde la perspectiva de muchos trabajadores, la medida trasladaba el coste del ajuste a quienes tenían empleos más físicos, carreras laborales discontinuas o menor esperanza de vida. La discusión dejó de ser únicamente presupuestaria y pasó a convertirse en una disputa sobre quién debía pagar la modernización del Estado.

El precio de vivir en Francia

Las protestas de los últimos años comparten un elemento: la pérdida de poder adquisitivo. En 2017, la inflación anual rondaba el 1%. En 2022 alcanzó el 5,3%, impulsada por la crisis energética y las perturbaciones económicas posteriores a la pandemia. Aunque se moderó hasta el 3,1% según los últimos datos citados, el descenso del ritmo de subida no ha devuelto los precios a los niveles anteriores.

De acuerdo con el índice anual de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos francés, los precios aumentaron aproximadamente un 19,6% entre 2017 y 2025. En términos cotidianos, una cesta de la compra que costaba alrededor de 100 euros al inicio del mandato pasó a ser, de media, unos 20 euros más cara. Para las familias con ingresos bajos y medios, esa diferencia representa una reducción real de la capacidad de consumo, incluso cuando la inflación deja de acelerarse.

La pandemia, la invasión rusa de Ucrania y la guerra con Irán también influyeron en la evolución de los precios. No todo el encarecimiento puede atribuirse a las decisiones presidenciales. No obstante, sindicatos y organizaciones sociales reprochan al Gobierno que los salarios y las ayudas públicas no hayan avanzado al mismo ritmo que los gastos esenciales. Esa percepción convierte un fenómeno internacional en una responsabilidad política concreta para el Ejecutivo.

Una nueva protesta en el sector educativo

En el último tramo del mandato, la tensión se ha trasladado también a la educación. Una revuelta contra la precariedad del sector, iniciada en un instituto de Saint-Denis, en las afueras de París, terminó extendiéndose a otras ciudades y obligó a confinar a la población durante una semana, según la información disponible. El episodio revela que el malestar ya no se concentra en una sola reforma: alcanza a los servicios públicos que durante décadas fueron una de las principales garantías de cohesión social en Francia.

La educación funciona además como un indicador sensible del deterioro institucional. Cuando faltan recursos, personal o estabilidad laboral, la ciudadanía percibe de forma directa la distancia entre el discurso de modernización y la experiencia diaria. La crisis deja de medirse solo mediante estadísticas fiscales y se vuelve visible en las aulas, los hospitales, el transporte y las administraciones locales.

El coste político de la herencia

El barómetro de Ifop publicado el 19 de octubre de 2026 sitúa en el 17% la proporción de franceses satisfechos con la actuación de Macron, mientras que el 56% declara estar muy descontento con su papel. La magnitud de esa brecha limita la capacidad del presidente para presentar sus reformas como un legado exitoso y complica la tarea de su sucesor, Édouard Philippe.

La derecha conservadora no tiene garantizada la victoria, pero parte con una desventaja política evidente. El desgaste del macronismo abre espacio a Marine Le Pen y a la extrema derecha, que puede convertir el malestar económico en un argumento contra las élites, la inmigración y el sistema político tradicional. La cuestión decisiva para Francia no será únicamente quién suceda a Macron, sino si el próximo Gobierno consigue recuperar poder adquisitivo y credibilidad sin agravar el desequilibrio presupuestario.

El déficit fiscal superó el 6% del producto interior bruto en 2024, por encima del límite europeo, mientras que la deuda pública alcanzó el 115,7% a finales de ese año. El proyecto presupuestario de 2025 planteó un ajuste cercano a 60.000 millones de euros mediante recortes del gasto y aumentos de ingresos. Ese esfuerzo puede mejorar las cuentas, pero también amenaza con intensificar la conflictividad si reduce servicios o ayudas en un momento de fragilidad social.

La principal paradoja del legado de Macron es que las reformas diseñadas para fortalecer el Estado han contribuido a debilitar su relación con la sociedad. Francia conserva capacidades económicas e institucionales relevantes, pero afronta una ciudadanía más desconfiada, una opinión pública polarizada y una sensación extendida de empobrecimiento. El futuro político del país dependerá de si logra transformar ese diagnóstico en una respuesta que combine disciplina financiera, protección social y una distribución más equilibrada del coste de los cambios.