Decenas de activistas de Greenpeace llegados de 17 países escalaron este miércoles uno de los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas y desplegaron una pancarta con un mensaje que vincula el gas con las guerras, la pobreza y la crisis climática. La acción, realizada en vísperas de una cumbre de líderes comunitarios, busca trasladar el debate sobre la energía desde los mercados y la seguridad de suministro hasta sus efectos cotidianos y ambientales.

Una factura de 61.500 millones para los hogares

La protesta coincide con un encarecimiento que, según nuevas estimaciones de Greenpeace Bélgica, supuso un coste adicional de 61.500 millones de euros para los hogares de la Unión Europea entre marzo y agosto, frente al mismo periodo de 2021. La organización calcula que la diferencia equivale a unos 50 euros mensuales por hogar. La cifra da dimensión social a la discusión que los dirigentes abordarán: el precio no es solo una variable económica, sino una presión que se distribuye entre millones de familias.

La organización sitúa esas estimaciones en un contexto de facturas crecientes y de un verano marcado por graves catástrofes climáticas en el continente. La coincidencia refuerza su argumento: la dependencia de combustibles fósiles expone a Europa tanto a la volatilidad de los precios como a daños climáticos. Sin embargo, las cifras citadas por Greenpeace describen el coste agregado y medio; por sí solas no detallan cómo se reparte el impacto entre países ni entre hogares con distintos niveles de consumo e ingresos.

Alivio inmediato y salida del gas para 2035

Thomas Gelin, activista de Greenpeace, planteó dos horizontes para la respuesta política. En el corto plazo, pidió un plan de emergencia para ayudar a quienes tienen dificultades para pagar las facturas. Para el largo plazo, defendió una hoja de ruta que elimine progresivamente el gas en la UE de aquí a 2035 y que base la seguridad energética en una transición completa hacia fuentes renovables.

La distinción es relevante: las ayudas pueden amortiguar una crisis, pero no reducen por sí mismas la exposición a futuras subidas. A juicio de Gelin, buscar nuevos proveedores de gas sin cambiar el sistema prolonga esa vulnerabilidad y favorece que las crisis se repitan. Su propuesta obliga a afrontar una cuestión práctica para los gobiernos: cómo proteger a los consumidores durante la transición y, al mismo tiempo, acelerar alternativas capaces de cubrir la demanda.

La disputa también se libra dentro del Parlamento

Greenpeace afirma que lleva tiempo defendiendo estas medidas ante representantes de la Comisión Europea y eurodiputados, mientras los grupos de presión del petróleo y el gas tratan de frenar el cambio. La cumbre convierte esa disputa en algo más que un debate sobre objetivos climáticos: enfrenta respuestas inmediatas al coste de la energía con decisiones estructurales sobre inversiones, suministro y dependencia exterior.

La acción tuvo un eco paralelo en la plaza de Luxemburgo, donde activistas de Extinction Rebellion Bélgica y otros colectivos organizaron una intervención de Red Rebels para representar las pérdidas asociadas a la crisis climática. Además, responsables de Extinction Rebellion desplegaron dentro de la Eurocámara una pancarta con el lema «El gas mata», según Greenpeace. Las protestas no resuelven la tensión entre asequibilidad y transición, pero la colocan ante los legisladores justo cuando deben debatir cómo responder al encarecimiento y qué modelo energético dejará a Europa menos expuesta a la próxima crisis.