Ante las inquietudes planteadas por vecinos y especialistas sobre la densificación prevista en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, Alfonso Iracheta, defendió el mecanismo como una oportunidad para contener el desplazamiento de la población hacia zonas cada vez más alejadas de los centros urbanos.

La discusión coloca en el centro una de las principales tensiones de la planeación metropolitana: concentrar más viviendas y actividades en áreas con infraestructura existente puede reducir la expansión territorial, pero también puede elevar la presión sobre los servicios, modificar el entorno de los barrios y acelerar el aumento de los precios del suelo. La densificación, por sí misma, no resuelve esos problemas; su resultado depende de las reglas, los servicios y las medidas de protección que la acompañen.

El argumento oficial: acercar la vivienda a la ciudad

La defensa de Iracheta parte de una premisa territorial. Cuando la vivienda nueva se construye lejos de los empleos, las escuelas, los hospitales y las redes de transporte, las familias enfrentan recorridos más largos y una mayor dependencia de sistemas de movilidad costosos o insuficientes. El crecimiento periférico también obliga a extender calles, redes de agua, drenaje, electricidad y equipamientos, con costos que recaen tanto en los gobiernos como en los hogares.

Desde esa perspectiva, el POZMVM busca orientar el crecimiento hacia zonas urbanizadas o con capacidad para recibir una mayor cantidad de habitantes. La intención no sería únicamente construir más, sino aprovechar mejor el suelo que ya forma parte de la metrópoli. El planteamiento puede favorecer una ciudad más compacta, siempre que el aumento de población vaya acompañado de infraestructura, transporte público, espacios abiertos y servicios suficientes.

El subsecretario también lamentó que, históricamente, la planeación territorial se haya desarrollado al margen de los ecosistemas que rodean a la zona metropolitana. Su señalamiento introduce una dimensión ambiental en el debate: la expansión desordenada no sólo aleja a la población de las oportunidades urbanas, sino que también presiona áreas naturales, zonas de recarga, suelos agrícolas y otros espacios que cumplen funciones esenciales para el equilibrio regional.

La preocupación vecinal no se limita a la altura de los edificios

Las objeciones expresadas por vecinos y especialistas reflejan que el problema no puede reducirse a una oposición entre viviendas bajas y construcciones más altas. El punto decisivo es quién se beneficiará del nuevo potencial inmobiliario y quién asumirá sus costos. Una mayor densidad puede mantener a los residentes cerca de sus redes familiares y laborales, pero también puede estimular la especulación, encarecer las rentas y desplazar a quienes ya viven en las zonas seleccionadas.

Ese riesgo es particularmente relevante cuando la actualización de las reglas urbanas incrementa el valor del suelo sin establecer mecanismos para preservar la vivienda accesible. Si el mercado responde con desarrollos dirigidos exclusivamente a los sectores de mayores ingresos, la densificación podría terminar produciendo una sustitución de población, aun cuando el objetivo declarado sea evitar la expulsión hacia la periferia.

También existe una preocupación por la capacidad real de los servicios urbanos. Más habitantes significan mayor demanda de agua, drenaje, recolección de residuos, movilidad, escuelas y atención médica. La autorización de nuevos proyectos sin una evaluación pública de esa capacidad puede trasladar las deficiencias a los residentes actuales. En ese escenario, el problema no sería la densidad en abstracto, sino una densidad desconectada de la planeación de infraestructura.

El reto será convertir el principio en garantías verificables

Para que el POZMVM cumpla el objetivo planteado por sus promotores, la densificación tendría que vincularse con obligaciones concretas. Entre ellas se encuentran la identificación de zonas con capacidad comprobada para recibir nuevos habitantes, la evaluación del impacto acumulado de los proyectos y la programación de inversiones públicas antes o al mismo tiempo que el desarrollo inmobiliario.

La protección de los residentes actuales requiere instrumentos adicionales. La vivienda de interés social o de renta asequible, los apoyos para evitar desalojos, la transparencia en los cambios de uso de suelo y la participación efectiva de las comunidades pueden determinar si la transformación urbana es incluyente o termina beneficiando principalmente a propietarios y desarrolladores. La consulta vecinal, además, tendría que estar acompañada de información técnica accesible y de respuestas claras sobre agua, transporte, equipamiento y riesgos ambientales.

El componente ecológico señalado por Iracheta también exige pasar de la declaración general a la delimitación precisa de áreas que deben conservarse. Frenar la expansión urbana requiere proteger los ecosistemas que hacen posible la vida metropolitana, pero también ofrecer alternativas habitacionales y de movilidad dentro de las zonas urbanas. De lo contrario, las restricciones ambientales podrían reducir la oferta formal sin resolver la necesidad de vivienda.

Una decisión con efectos metropolitanos

La controversia alrededor del programa revela que la discusión no corresponde a un solo municipio ni puede resolverse con decisiones aisladas. La zona metropolitana funciona como un sistema: la vivienda construida en un punto modifica los flujos de transporte, la demanda de agua, los precios del suelo y la presión sobre los ecosistemas en otros territorios. Por eso, la coordinación entre autoridades y la publicación de indicadores de seguimiento serán determinantes.

El POZMVM representa una oportunidad para corregir décadas de expansión poco articulada, pero también plantea un riesgo si la densificación se interpreta únicamente como una autorización para construir más. Su legitimidad dependerá de que el crecimiento compacto mejore el acceso a la ciudad, conserve el entorno y no expulse a la población que pretende beneficiar. El debate recién abierto tendrá que demostrar, con reglas y resultados medibles, que concentrar la ciudad puede ser compatible con una vida urbana más asequible y equilibrada.