La apertura de la embajada colombiana en Jerusalén y el anuncio de que Bogotá presentó una solicitud para retirarse del Grupo de La Haya marcan un cambio de rumbo de alto valor simbólico y consecuencias diplomáticas potencialmente duraderas. En su primera visita a Israel, el canciller Omar Bula convirtió la inauguración de la sede en una señal política: el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella busca recomponer la relación bilateral y traducir ese acercamiento en decisiones concretas. Sin embargo, ambas medidas operan en planos distintos. Una modifica la representación diplomática; la otra redefine la posición de Colombia frente a un mecanismo de presión internacional ligado al conflicto palestino-israelí.

Una decisión con historia detrás

El traslado de la embajada desde Tel Aviv reabre una controversia que no empezó con esta visita. La condición de Jerusalén ha sido objeto de disputa internacional y de resoluciones de Naciones Unidas. En 1980, el Consejo de Seguridad aprobó las resoluciones 476 y 478, que rechazaron las medidas destinadas a alterar el estatus de la ciudad y llamaron a los Estados a retirar sus misiones diplomáticas. Por eso, instalar una embajada allí no es un cambio administrativo ordinario: se interpreta como una toma de posición sobre una cuestión en la que Israel y los palestinos sostienen reclamos incompatibles.

El gesto también revierte la ruptura política reciente entre Bogotá y Jerusalén. Las relaciones se habían suspendido durante el gobierno de Gustavo Petro, en un contexto de deterioro marcado por la guerra en Gaza y por las críticas colombianas a la actuación israelí. La promesa de reanudarlas y trasladar la embajada permite al nuevo Ejecutivo mostrar que su política exterior será distinta. La rapidez con que Bula cumplió el compromiso, celebrada por el primer ministro Benjamín Netanyahu y el canciller Gideon Sa’ar, refuerza la señal de continuidad: el acercamiento no queda en declaraciones, sino que se expresa en una sede permanente y visible.

La ceremonia, con la participación del alcalde de Jerusalén, Moshé Lion, y de las embajadoras Vivian Aisen y Tania Gilinski, dio a esa decisión una dimensión pública. La ubicación de la sede en el centro de la ciudad y su presentación como “la casa de los colombianos” buscan darle una función consular y comunitaria, además de política. Pero su valor simbólico rebasa a los ciudadanos que requieran asistencia: para Israel, la apertura suma legitimidad diplomática a su reclamo sobre Jerusalén como capital; para los palestinos y los países que defienden su autodeterminación, representa un respaldo implícito a una decisión que consideran contraria al derecho internacional.

La salida del Grupo de La Haya y el costo de la ruptura

El segundo anuncio amplía el alcance del giro. Bula afirmó que Colombia solicitó formalmente retirarse del Grupo de La Haya, copresidido hasta ahora por Sudáfrica y Colombia. Según la descripción del propio grupo recogida en la información, su propósito es respaldar y hacer cumplir decisiones y medidas de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional relacionadas con el conflicto, la ocupación de Gaza y Cisjordania y los derechos palestinos. El canciller lo calificó como un instrumento creado para aislar y atacar a Israel; esa caracterización muestra que el desacuerdo no es solo sobre una membresía, sino sobre cómo entiende el gobierno colombiano el uso de los mecanismos jurídicos internacionales.

Retirarse puede reducir la capacidad de Bogotá para influir desde dentro en las iniciativas del grupo y acercarla a gobiernos que priorizan la relación estratégica con Israel. También puede generar fricciones con países que consideran la rendición de cuentas judicial una parte central de la respuesta a la guerra. La diferencia es relevante: abandonar una plataforma política no modifica por sí solo las obligaciones jurídicas que Colombia tenga como Estado ni determina el curso de los procesos ante los tribunales. Sí altera, en cambio, la señal que envía sobre qué foros considera legítimos y qué costos está dispuesta a asumir para sostener una posición.

Una alianza prometida, una región que observa

Israel presenta a Colombia como “nación hermana” y socio estratégico, y la embajada puede facilitar contactos políticos, cooperación económica y proyectos en ámbitos de interés común. La sede ofrece un canal estable para que esas relaciones no dependan únicamente de visitas de alto nivel. Sin embargo, las posibilidades materiales no deben confundirse con resultados inmediatos: la inauguración no garantiza acuerdos comerciales, inversiones ni cooperación sectorial. Para convertir el acercamiento en beneficios verificables, ambos gobiernos tendrán que definir proyectos, presupuesto, responsables y mecanismos de seguimiento.

La reacción regional anticipa un costo diplomático. Egipto, Kuwait y el Parlamento Árabe condenaron la apertura, mientras Turquía pidió a Bogotá revertirla y sostuvo que contradice resoluciones de Naciones Unidas y criterios jurídicos internacionales. Estas críticas no implican automáticamente sanciones ni una ruptura con esos países, pero elevan el precio político de la decisión y pueden complicar la coordinación colombiana en espacios multilaterales. En América Latina, donde varios gobiernos han expresado posiciones distintas sobre Israel y Palestina, la medida puede acentuar divisiones y someter la política exterior colombiana a un escrutinio más intenso.

El compromiso anunciado por Bula de combatir el antisemitismo añade una dimensión interna que no debería quedar subordinada a la disputa diplomática. Condenar el odio contra los judíos y proteger a las comunidades judías es compatible con debatir las decisiones del gobierno israelí y defender los derechos palestinos; confundir esas categorías empobrece el debate y puede poner en riesgo a personas concretas. La acusación del canciller contra la administración anterior, al vincular su postura con una supuesta ola de antisemitismo, exige pruebas y políticas públicas consistentes, no solo una disputa partidista. La protección contra la discriminación debe aplicarse con criterios iguales, también frente al racismo y la hostilidad hacia las comunidades palestinas y árabes.

El desafío de largo plazo será sostener una política exterior que combine alianza bilateral, respeto a las instituciones internacionales y protección de la convivencia interna. Si la nueva relación produce cooperación concreta y la defensa contra el antisemitismo se traduce en acciones verificables, el giro podría adquirir una base más amplia que la afinidad entre gobiernos. Si, por el contrario, las decisiones se convierten en gestos identitarios sin resultados o en una ruptura permanente con los foros jurídicos, Colombia arriesgará capacidad de mediación y credibilidad en un conflicto donde la legitimidad internacional es parte central de la disputa.