La Pre-COP31 celebrada en Fiji puede parecer un encuentro lejano, vinculado principalmente con islas del Pacífico amenazadas por el aumento del nivel del mar. Sin embargo, sus conclusiones tienen una relación directa con Guatemala. La reunión puso en el centro una pregunta que afecta a millones de personas: quién paga y quién recibe apoyo cuando una sequía destruye cosechas, una tormenta daña viviendas o una comunidad queda sin agua segura.

El mensaje más importante de los países vulnerables fue que limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius no es una meta simbólica ni exclusiva de los negociadores internacionales. Es una condición para reducir daños que ya se sienten en la vida cotidiana. Cada fracción adicional de calentamiento aumenta la presión sobre los cultivos, las fuentes de agua, la salud pública, las carreteras y los ingresos de las familias que dependen de actividades agrícolas o informales.

Una isla del Pacífico y el Corredor Seco enfrentan el mismo problema

Fiji y Guatemala no tienen la misma geografía, pero sí comparten una vulnerabilidad estructural. En las islas del Pacífico, el aumento del nivel del mar amenaza viviendas, suelos agrícolas, infraestructura y fuentes de agua dulce. En Guatemala, las sequías recurrentes del Corredor Seco, las lluvias intensas y las tormentas tropicales afectan la producción de alimentos, las viviendas y los caminos que conectan a las comunidades con mercados, escuelas y centros de salud.

La diferencia geográfica no elimina la conexión. Cuando una familia pierde su cosecha por falta de lluvia, debe reducir el consumo de alimentos, endeudarse o migrar temporalmente en busca de ingresos. Cuando una tormenta destruye un puente o una carretera, los productos se encarecen y el acceso a servicios básicos se vuelve más difícil. Por eso, la crisis climática no debe entenderse únicamente como un problema ambiental: también es un factor que profundiza la pobreza y amplía las desigualdades.

Lo que está en juego para las familias guatemaltecas

La Pre-COP31 priorizó cuatro asuntos: conservar el objetivo de 1.5 grados, facilitar el financiamiento climático, reconocer el papel de los océanos y dar mayor peso a las comunidades afectadas. Para una persona que vive en Guatemala, el segundo punto es especialmente relevante. El financiamiento climático puede traducirse en sistemas de riego, cosecha de agua, alertas tempranas, semillas resistentes, viviendas mejor ubicadas y obras públicas capaces de soportar lluvias extremas.

El problema es que esos recursos suelen avanzar lentamente entre gobiernos, bancos multilaterales y organismos internacionales antes de llegar a quienes enfrentan el riesgo. La burocracia, la falta de proyectos técnicos y la débil capacidad institucional pueden hacer que una comunidad vulnerable quede fuera de los programas de apoyo. En consecuencia, no basta con que los países desarrollados anuncien fondos: también se necesita transparencia para saber cuánto dinero llega, a qué municipios se asigna y qué resultados produce.

Esto interesa directamente a agricultores, pescadores, trabajadores rurales, propietarios de pequeñas empresas y familias que viven en zonas expuestas a inundaciones o deslizamientos. También afecta a quienes viven en ciudades, porque los daños en las áreas productivas pueden elevar los precios de los alimentos y las interrupciones en el transporte pueden impactar el abastecimiento y el empleo.

La adaptación no puede esperar a la próxima gran cumbre

Uno de los aprendizajes de Fiji es que la adaptación debe avanzar al mismo tiempo que la reducción de emisiones. Aunque Guatemala contribuya relativamente poco al calentamiento global en comparación con los grandes emisores, sus habitantes sí enfrentan consecuencias severas. Esperar a que las emisiones mundiales disminuyan antes de invertir en prevención dejaría a muchas comunidades expuestas durante años.

Adaptarse significa tomar decisiones concretas antes de que ocurra el desastre. Incluye proteger cuencas, recuperar suelos, mejorar el almacenamiento de agua, actualizar los mapas de riesgo, reforzar escuelas y centros de salud, ordenar el crecimiento urbano y garantizar que las alertas lleguen a las personas en formatos comprensibles. También implica respaldar los conocimientos de las comunidades, porque quienes viven en el territorio suelen identificar cambios en los ciclos de lluvia y zonas de riesgo que no siempre aparecen en los planes oficiales.

El ciudadano también necesita exigir resultados verificables

La Declaración de Taku Pakasoa puede orientar la discusión internacional, pero una declaración por sí sola no cambia las condiciones de una familia. Su valor dependerá de que las prioridades se conviertan en presupuestos, proyectos y controles públicos. Para Guatemala, eso significa que las políticas climáticas deberían evaluarse por sus efectos concretos: menos pérdidas agrícolas, menor tiempo de recuperación después de una tormenta, mejor acceso al agua y mayor protección para los municipios con alta vulnerabilidad.

La ciudadanía puede seguir tres señales para medir si las promesas avanzan. La primera es si los recursos llegan a los municipios más expuestos y no se concentran únicamente en la capital. La segunda es si las obras incorporan criterios de riesgo climático desde su diseño. La tercera es si las comunidades participan en las decisiones y pueden fiscalizar la ejecución. Sin esos elementos, el financiamiento puede convertirse en anuncios sin impacto duradero.

La advertencia de Fiji no anuncia un peligro distante, sino una presión que ya influye en el precio de los alimentos, la disponibilidad de agua, la seguridad de las viviendas y las oportunidades de trabajo. La reunión ofrece una oportunidad para que Guatemala defienda una distribución más justa de los recursos y fortalezca su propia capacidad de prevención. Para las familias, la discusión climática internacional adquiere sentido cuando se transforma en caminos transitables, cosechas protegidas, alertas oportunas y comunidades con mayores posibilidades de recuperarse.