Brasil llega al balotaje del 25 de octubre con dos proyectos enfrentados sobre el futuro de la Amazonía. Luiz Inácio Lula da Silva promete mantener la reducción de la deforestación y avanzar hacia una pérdida neta de bosques igual a cero en 2030, aunque sostiene la expansión petrolera como fuente de financiación para la transición energética. Flávio Bolsonaro, por su parte, ofrece combatir la deforestación ilegal y ampliar la autonomía de las comunidades indígenas para decidir sobre agricultura, arrendamiento y minería. La diferencia no es solo electoral: puede determinar qué actividades serán fiscalizadas, cuáles recibirán incentivos y hasta dónde llegará la protección estatal sobre uno de los principales reguladores climáticos del planeta.

La disputa ambiental adquirió centralidad después de permanecer en un segundo plano durante buena parte de la campaña. Los incendios forestales y la difusión de datos oficiales sobre la caída de la deforestación colocaron a la Amazonía en el centro de los ataques entre ambos bloques. Para los especialistas, el problema es que el medio ambiente está siendo utilizado principalmente como arma política, mientras las propuestas de largo plazo sobre energía, minería, agricultura y derechos indígenas continúan poco desarrolladas.

Un descenso histórico bajo presión

La administración de Lula ha presentado como uno de sus principales logros la reducción de la deforestación amazónica. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el área deforestada entre agosto de 2025 y julio de 2026 alcanzó el nivel más bajo desde el comienzo de los registros, en 1988. El dato permite al Gobierno defender la recuperación de los mecanismos de control debilitados durante años anteriores.

Sin embargo, la mejora convive con una nueva emergencia por los incendios. Durante las dos primeras semanas de octubre se registraron más de 1.600 focos en el estado de Amazonas, dentro de la Amazonía Legal, un aumento del 253% frente al mismo periodo del año anterior. En todo el bioma, los incendios se triplicaron desde el 4 de octubre, fecha de la primera vuelta presidencial.

El Gobierno federal sostiene que algunos fuegos pudieron ser provocados deliberadamente y ha anunciado investigaciones para identificar a los responsables. La oposición utiliza las llamas para acusar a Lula de inacción. Pero la relación entre incendios y deforestación no permite conclusiones tan simples: un descenso anual de la tala no elimina la degradación acumulada, la ocupación ilegal ni la vulnerabilidad de los bosques durante los periodos secos.

La contradicción de la agenda de Lula

El programa ambiental de Lula combina políticas de conservación, demarcación de tierras indígenas y control de la tala con una apuesta por ampliar la producción de petróleo. El presidente argumenta que los ingresos de los hidrocarburos pueden financiar la transición hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles. Sus críticos consideran que esa estrategia contiene una contradicción estructural: Brasil podría reducir la deforestación y, al mismo tiempo, aumentar su contribución al calentamiento global mediante nuevas fronteras petroleras.

La exploración en la Amazonía y frente a las costas brasileñas ha provocado cuestionamientos incluso entre sectores favorables a la protección forestal. La objeción no se limita al impacto directo de cada proyecto. También se refiere a la señal económica que envía el Estado: si la expansión extractiva continúa, la transición puede terminar financiándose con actividades que prolongan la crisis climática que amenaza a la propia selva.

Además, la continuidad de las políticas de Lula no dependería únicamente de la voluntad presidencial. La derecha ganó influencia en el Congreso y el agronegocio conserva una capacidad decisiva de presión. La defensa de la Amazonía requerirá, por tanto, presupuesto, organismos de fiscalización con autonomía y acuerdos legislativos capaces de resistir intereses regionales muy organizados.

El modelo de Bolsonaro y el riesgo de flexibilización

Flávio Bolsonaro afirma que frenaría la deforestación ilegal en 2029, un año antes del objetivo planteado por Lula, y promete crear incentivos económicos para conservar y restaurar los bosques. No obstante, su propuesta se conoce principalmente por la insistencia en el término “ilegal”. Para los expertos, esa precisión puede abrir la puerta a una ampliación de las áreas donde la explotación sea considerada legítima, sin que exista claridad sobre los límites ambientales o la capacidad de control.

El antecedente de la presidencia de Jair Bolsonaro pesa sobre la campaña de su hijo. Entre 2019 y 2022, la deforestación amazónica aumentó cerca de un 60% y se talaron alrededor de 45.000 kilómetros cuadrados, según datos oficiales. Durante ese periodo también se debilitaron los mecanismos de fiscalización y no se demarcó ninguna nueva tierra indígena. La minería ilegal en territorios yanomamis agravó una crisis humanitaria que mostró las consecuencias concretas de reducir la protección ambiental.

Flávio Bolsonaro ha expresado escepticismo sobre el cambio climático y ha defendido decisiones adoptadas por la administración de su padre. También sostiene que las comunidades indígenas deberían poder decidir libremente si destinan sus tierras a la agricultura, el arrendamiento o la minería. El planteamiento busca presentar la autonomía como una herramienta de desarrollo, pero ignora que muchas comunidades enfrentan presiones externas de empresas, intermediarios, invasores y redes ilegales con mayor capacidad económica y política.

El clima amplía el costo de la decisión

La elección se produce en un contexto climático cada vez más adverso. Brasil sufrió en 2023 una sequía histórica, con ríos en niveles extremadamente bajos, comunidades aisladas, pérdida de peces y dificultades para el transporte y el abastecimiento. En una región cuya vida social depende de los ciclos fluviales y de lluvias regulares, estos episodios no son únicamente fenómenos ambientales: afectan la salud, la alimentación, el comercio y la seguridad de millones de personas.

La previsión de un nuevo episodio de El Niño durante 2026 aumenta el riesgo de sequías, temperaturas extremas e incendios. En ese escenario, la política ambiental no puede reducirse a reaccionar ante el fuego ni a publicar cifras de deforestación. También debe abordar la planificación territorial, la prevención de delitos ambientales, la adaptación de las comunidades y el modelo energético que definirá la presión sobre la selva durante las próximas décadas.

La principal diferencia entre los dos candidatos está en el grado de confianza que ofrecen sobre la continuidad institucional. Lula presenta resultados verificables en el control de la tala, pero mantiene una estrategia extractiva que limita la coherencia de su agenda climática. Bolsonaro promete conservación y autonomía, aunque su discurso y su vínculo con el legado de Jair Bolsonaro generan dudas sobre la fiscalización y la protección de los territorios indígenas.

Para la Amazonía, el resultado no será una elección entre desarrollo y conservación, sino entre distintos modos de distribuir los costos del desarrollo. La reducción de la deforestación solo será duradera si la preservación deja de ser menos rentable que la destrucción y si las comunidades cuentan con protección efectiva frente a las presiones económicas. De lo contrario, cada cambio de gobierno volverá a poner en riesgo los avances alcanzados.