Cuba genera hoy menos electricidad que hace dos décadas y, al mismo tiempo, enfrenta apagones más prolongados y frecuentes. La producción nacional cayó de los 20.837 gigavatios-hora (GWh) registrados en 2018 a unos 14.100 GWh en 2025, un descenso del 32%, mientras la economía perdía industrias, turistas, habitantes y capacidad de consumo. La reducción de la demanda, lejos de aliviar la crisis, está ocultando parcialmente la magnitud del deterioro del sistema eléctrico.

La Unión Eléctrica (UNE) preveía para este 18 de octubre una disponibilidad de apenas 920 megavatios (MW) frente a una demanda estimada de 2.800 MW, con un déficit anunciado de 1.880 MW. Si el país necesitara los 3.500 MW que las autoridades identificaban como máxima demanda histórica, la brecha ascendería a 2.580 MW, un 37% más. La diferencia muestra que el problema no consiste únicamente en la cantidad de electricidad que falta, sino también en que la economía cubana consume cada vez menos porque produce y funciona menos.

Una capacidad instalada que no se traduce en energía

Cuba declara una capacidad instalada de entre 6.600 y 7.200 MW, más del doble de la demanda que suele alcanzar en los horarios pico. Sobre el papel, esa reserva debería permitir cubrir las necesidades nacionales. En la práctica, buena parte de las centrales termoeléctricas permanece fuera de servicio o trabaja de manera intermitente por averías, falta de mantenimiento y dificultades para garantizar el combustible.

Las principales plantas fueron diseñadas o adaptadas para utilizar crudo nacional. Ese petróleo, de alta corrosividad, exige reparaciones e inversiones constantes que durante años quedaron relegadas. La antigüedad de los equipos reduce la potencia realmente disponible y convierte la capacidad nominal en una referencia poco útil para medir el suministro efectivo. Una central puede conservar una elevada potencia teórica y entregar muy poca electricidad a lo largo del año si permanece detenida por fallos técnicos.

Por esa razón, los partes diarios de la UNE no permiten calcular por sí solos la dimensión de la crisis. El déficit anunciado para una hora determinada indica cuántos megavatios no están disponibles en ese momento, pero no cuánta energía deja de producirse durante semanas o meses ni cuánto suministro se pierde por las interrupciones acumuladas.

El consumo residencial gana peso por el derrumbe productivo

La estructura del consumo confirma la transformación de la economía. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), los usuarios residenciales utilizaron 8.843 GWh en 2024, aproximadamente el 63% de los 13.985 GWh facturados en el país. Las entidades estatales consumieron 4.570 GWh, menos de un tercio del total.

El predominio de las viviendas no significa que los hogares estén recibiendo un servicio suficiente. Refleja, sobre todo, que la actividad industrial, comercial y de servicios se ha contraído con mayor intensidad. Una fábrica paralizada deja de consumir electricidad, pero también deja de producir bienes; un hotel vacío reduce su demanda energética, pero no genera ingresos ni empleo. La menor factura eléctrica puede ser, en este contexto, el resultado de una economía detenida y no de una mejora en la eficiencia.

El consumo por habitante también descendió. En 2019 se situaba en torno a 1.541 kilovatios-hora anuales, mientras que cinco años después había bajado a 1.435, cerca de un 7% menos. La caída combina la disminución de la población con un menor uso de electricidad por persona, en un país donde los apagones obligan además a limitar voluntariamente el consumo doméstico.

La generación distribuida perdió su función de respaldo

El retroceso no se limita a las grandes termoeléctricas. Los grupos electrógenos, incorporados para reforzar el sistema mediante la llamada generación distribuida, produjeron más de 5.900 GWh en 2021 y apenas 2.095 GWh en 2024. La caída supera el 64% y responde al deterioro de los equipos y a las restricciones de combustible.

Ese desplome eliminó uno de los principales respaldos disponibles cuando las plantas mayores sufren averías. La fragilidad se hizo más visible después de la pérdida de los suministros petroleros venezolanos, aunque la reducción de la generación no puede atribuirse únicamente a ese factor. La falta de mantenimiento y la escasez de inversiones han debilitado instalaciones que dependían de un flujo constante de combustible y reparaciones.

Las cifras de producción eléctrica muestran la tendencia con mayor claridad que los anuncios diarios. En 2006, las centrales termoeléctricas produjeron 15.511 GWh. La generación llegó a 20.000 GWh en 2015, impulsada por la expansión de las plantas de diésel y fueloil, pero comenzó a descender cinco años después. En 2025 ya se encontraba por debajo del nivel de 2006 y los datos disponibles para 2026 apuntan a un deterioro adicional.

Inversiones y límites administrativos

La política de inversiones también ayuda a explicar el desequilibrio. Entre 2019 y 2024, cerca del 40% de la inversión nacional se concentró en hoteles, restaurantes y actividades inmobiliarias relacionadas con el turismo. En 2020, ese sector recibió el 47,6% de las inversiones, frente al 9,4% destinado conjuntamente a electricidad, gas y agua.

La apuesta no logró crear una infraestructura eléctrica capaz de sostener la recuperación que se esperaba del turismo. Al contrario, dejó en segundo plano el mantenimiento de las instalaciones existentes mientras el resto de la economía perdía capacidad productiva. Desde finales de 2025, el Gobierno extendió los planes obligatorios de ahorro al sector privado. En marzo de 2026, más de 110.000 entidades habían recibido notificaciones sobre sus límites de consumo.

Esas restricciones contienen la demanda registrada, pero no resuelven la necesidad energética. Una empresa que no puede utilizar la electricidad requerida puede aparecer en las estadísticas como un consumidor más eficiente, aunque en realidad esté produciendo menos o haya detenido parte de sus operaciones.

El combustible entra, pero el sistema sigue sin recuperarse

Las exportaciones de combustible estadounidense a Cuba alcanzaron en julio de 2026 un récord de 3,22 millones de barriles, principalmente diésel y gasolina, y volvieron a marcar un máximo en agosto, con un valor de 74,86 millones de dólares. Sin embargo, esos derivados se destinan principalmente al sector privado y no sustituyen necesariamente el crudo utilizado por las termoeléctricas.

La cuestión pendiente es cómo se distribuyen esos cargamentos y qué proporción termina apoyando la generación eléctrica. Mientras no existan series públicas y comparables sobre la energía efectivamente entregada, el consumo sectorial y la electricidad perdida durante los apagones, seguirá siendo difícil separar el efecto de la contracción económica del impacto directo de la escasez energética. Lo que sí muestran los datos disponibles es una doble caída: Cuba consume menos porque produce menos, y produce menos electricidad porque su sistema ya no puede sostener ni siquiera esa economía reducida.