La Comunidad del Caribe (CARICOM) atraviesa una etapa de creciente divergencia en su política exterior frente a Estados Unidos. Mientras algunos de sus miembros buscan reforzar la cooperación estratégica con Washington, otros recurren al multilateralismo y al derecho internacional para preservar su autonomía, y un tercer grupo intenta mantener una relación flexible que le permita colaborar sin quedar plenamente alineado. El resultado es una tensión entre los beneficios que cada país puede obtener por separado y la influencia que el bloque puede ejercer cuando actúa de forma coordinada.

Fundada en 1973, la CARICOM reúne a 15 países con objetivos de integración regional, coordinación diplomática y cooperación frente a desafíos económicos, sociales y de seguridad. Con excepción de Haití, independiente desde 1804, los demás Estados soberanos del bloque alcanzaron la independencia entre las décadas de 1960 y 1980. Esa trayectoria poscolonial explica la importancia que el tratado constitutivo concede a la coordinación de las políticas exteriores y a la igualdad soberana.

Una relación marcada por la cercanía y la asimetría

Estados Unidos ocupa una posición central en los cálculos de los gobiernos caribeños por razones geográficas, económicas y de seguridad. La proximidad facilita los intercambios comerciales, la cooperación contra el crimen organizado y la gestión de asuntos migratorios, pero también expone a los pequeños Estados a las decisiones de una potencia con recursos muy superiores. La cuestión ya no consiste únicamente en definir si un país es aliado o crítico de Washington, sino en determinar cuánto margen conserva para discrepar cuando sus intereses entran en conflicto.

Durante buena parte del período posterior a la independencia, los países de la CARICOM intentaron preservar ese margen mediante el no alineamiento, la acción multilateral y la defensa de normas internacionales. Sin embargo, la invasión estadounidense de Granada en 1983 reveló los límites de ese consenso. Algunos gobiernos caribeños respaldaron la intervención, mientras otros la denunciaron como una violación de la soberanía nacional. La controversia dejó claro que la cercanía geográfica no producía automáticamente una posición común.

La actual administración Trump ha vuelto a poner a prueba ese equilibrio. Su actitud más asertiva hacia los asuntos del hemisferio ha incrementado la presión sobre los gobiernos caribeños, que deben ponderar la cooperación con Washington frente a la defensa de la autonomía estratégica. La asimetría entre ambas partes no es nueva; lo que cambia es el entorno internacional, la competencia entre grandes potencias y el costo potencial de adoptar una posición considerada inconveniente por Estados Unidos.

Cuatro respuestas ante una potencia dominante

El análisis de las declaraciones nacionales realizadas por 14 miembros de la CARICOM durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas muestra un abanico de estrategias. El marco utilizado distingue entre alineamiento con la potencia dominante, búsqueda de equilibrio entre actores rivales y contrapeso institucional. No se trata de categorías rígidas, sino de tendencias que reflejan la orientación predominante de cada diplomacia.

Guyana y Trinidad y Tobago aparecen como los países más próximos al alineamiento con Washington. Ambos han procurado ampliar su capacidad de acción mediante el fortalecimiento de sus vínculos de seguridad y estratégicos con Estados Unidos. En sus cálculos nacionales, la protección, el desarrollo económico y el posicionamiento internacional se presentan cada vez más en términos compatibles con las prioridades estadounidenses.

Trinidad y Tobago ha mostrado una disposición especialmente explícita a adaptarse a las preferencias de Washington. Guyana, por su parte, ilustra cómo una dependencia importante en materia de seguridad puede traducirse en señales diplomáticas más cercanas a una potencia dominante. En ambos casos, la cooperación bilateral ofrece ventajas concretas, aunque también puede reducir el espacio para formular posiciones regionales independientes.

Haití se encuentra en una situación distinta, marcada principalmente por la necesidad. Sus condiciones internas y sus desafíos de seguridad limitan el margen para elegir entre distintas estrategias de política exterior. Bahamas, Jamaica y Belice ocupan una posición intermedia: cooperan estrechamente con Estados Unidos cuando coinciden sus intereses, pero preservan canales de maniobra mediante la CARICOM y las instituciones multilaterales.

El espacio del equilibrio diplomático

Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Surinam representan una forma más pronunciada de equilibrio flexible. Estos Estados combinan el compromiso práctico con Washington con la resistencia a determinados aspectos de su agenda. Su objetivo es conservar opciones abiertas y evitar que una relación necesaria en áreas como la seguridad o la economía se convierta en una dependencia política completa.

En el extremo contrario se encuentran Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda. Estos países recurren principalmente a un equilibrio institucional o blando: defienden el derecho internacional, el multilateralismo y la igualdad soberana como instrumentos para limitar la capacidad de presión estadounidense. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, se ha convertido en una de las voces más visibles de esta visión, basada en reformar las reglas internacionales para ampliar la capacidad de acción de los Estados pequeños.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, encarna una orientación diferente, centrada en aprovechar de manera pragmática las relaciones con los principales centros de poder. Las posiciones de ambas dirigentes reflejan dos modelos de actuación para los países pequeños: transformar las instituciones multilaterales para corregir los desequilibrios o trabajar dentro de las estructuras existentes y obtener beneficios de ellas.

El costo de actuar por separado

La diversidad de estrategias no equivale a una división simple entre gobiernos proestadounidenses y antiestadounidenses. Cada país intenta gestionar una relación asimétrica a partir de sus necesidades de seguridad, sus vulnerabilidades económicas y sus prioridades diplomáticas. Esa flexibilidad puede permitir respuestas más ajustadas a las circunstancias nacionales, pero dificulta la adopción de posiciones comunes en asuntos regionales sensibles.

La paradoja para la CARICOM es que la diferenciación puede aumentar el margen de maniobra individual de sus miembros y, al mismo tiempo, debilitar el poder de negociación colectivo. Si el bloque no logra coordinar sus respuestas, su capacidad para defender intereses compartidos frente a Estados Unidos y otras potencias será menor. El Caribe se convierte así en un laboratorio de las opciones disponibles para los pequeños Estados en un sistema internacional más multipolar, donde la autonomía depende tanto de las alianzas bilaterales como de la fortaleza de las instituciones regionales.