La Casa Blanca pidió el martes 13 de octubre la dimisión de Kimberly Guilfoyle como embajadora de Estados Unidos en Grecia, después de varias semanas de informaciones periodísticas que cuestionaron su conducta, sus relaciones con empresarios y el uso de su posición diplomática. La decisión llegó tras las críticas públicas del presidente Donald Trump y en medio de demandas demócratas para que se investiguen unas acusaciones que la diplomática niega.

Una salida precedida por la presión política

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, confirmó que la Administración había solicitado la renuncia de Guilfoyle. La portavoz describió a la embajadora como “un activo valioso para el equipo” y le deseó lo mejor, pero no ofreció una explicación detallada sobre las razones concretas de su salida.

Un día antes, Trump había reconocido que estudiaba apartarla del puesto. “Lo estamos analizando. No estamos contentos”, respondió al ser preguntado por las informaciones publicadas. Posteriormente, el presidente vinculó de forma explícita la decisión con la controversia: afirmó que Guilfoyle estaba haciendo un buen trabajo, pero que la Casa Blanca no estaba satisfecha con lo que había leído y había decidido introducir un cambio.

Según fuentes citadas por Associated Press, Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, estaban extremadamente molestos por las conductas atribuidas a la embajadora. La sucesión de revelaciones convirtió el caso en un problema político para la Administración, especialmente porque afectaba a una representación diplomática situada en un país aliado y estratégicamente relevante.

Acusaciones sobre dinero, regalos y viajes

Las principales informaciones fueron publicadas desde finales de septiembre por The Wall Street Journal. Una de ellas sostiene que Guilfoyle habría pedido a un empresario y donante republicano que asumiera una factura de tarjeta de crédito de 100.000 dólares antes de su audiencia de confirmación en el Senado, celebrada en julio de 2025. A cambio, según mensajes citados por el periódico, habría ofrecido facilitar el acceso a miembros de la Administración estadounidense.

El entorno de la diplomática rechaza esa interpretación. Sus abogados, David Schwartz y Jesse Binnall, sostienen que el dinero reclamado correspondía a servicios profesionales prestados antes de su nominación, como conferencias y apariciones públicas que, según su versión, todavía no habían sido pagadas. También niegan que existieran irregularidades en los viajes realizados en aviones privados.

Los letrados aseguran que Guilfoyle consultó previamente al Departamento de Estado antes de cada desplazamiento y que actuó conforme a las normas aplicables. Las informaciones publicadas también plantearon dudas sobre la aceptación de regalos, servicios y desplazamientos financiados por empresarios griegos. Audios atribuidos a la embajadora recogerían comentarios sobre viajes de lujo pagados por personas vinculadas al sector empresarial del país.

La dimensión diplomática de la controversia

El caso no se limita a posibles conflictos de interés económicos. The Wall Street Journal informó de que Guilfoyle habría afirmado en una recepción que Estados Unidos podía debilitar al Gobierno griego si así lo decidía. El periódico también señaló que la embajadora habría promovido los intereses comerciales de una empresa griega dedicada a la construcción y la energía, cuyo representante habría asistido a reuniones diplomáticas privadas.

La agencia EFE informó de otro episodio ocurrido durante una cena celebrada en marzo con funcionarios griegos y estadounidenses. Guilfoyle habría atribuido la caída del Gobierno rumano a la presión ejercida por la Administración Trump y sugerido que Washington podía propiciar cambios parecidos en otros países, incluida Grecia. De confirmarse, afirmaciones de ese tipo plantearían dudas sobre el uso de la influencia estadounidense frente a un Gobierno aliado.

Las informaciones también describieron tensiones con miembros del personal de la embajada en Atenas y una reacción airada tras su exclusión de un acto relacionado con Grecia durante el Foro Económico Mundial de Davos. El Daily Mail publicó, además, detalles sobre un supuesto deterioro de las relaciones internas en la misión diplomática. Hasta el anuncio de su salida, ninguna resolución oficial había confirmado que las acusaciones fueran ciertas.

Guilfoyle defiende su reputación

Guilfoyle respondió en la red social X que las acusaciones eran falsas y que defendería enérgicamente su nombre, su reputación y su integridad. Afirmó que había dedicado su trayectoria profesional a la defensa de la justicia y de los valores estadounidenses, y rechazó que las denuncias pudieran definir décadas de servicio público.

El Departamento de Estado declinó precisar si su inspector general había abierto una investigación formal. Un funcionario estadounidense citado bajo condición de anonimato indicó que el organismo estaba examinando las acusaciones, aunque no aclaró en qué fase se encontraba el proceso. Una revisión preliminar puede concluir sin sanciones o desembocar en una investigación completa y, eventualmente, en medidas disciplinarias.

Los demócratas Gregory Meeks y Jeanne Shaheen, principales representantes de la oposición en los comités de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes y del Senado, reclamaron una investigación. Robert García, miembro de mayor rango demócrata del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, también pidió esclarecer la conducta de la embajadora.

Un puesto sensible para Washington y Atenas

En Grecia, la oposición exigió que el Ministerio de Asuntos Exteriores convocara a Guilfoyle para responder a las acusaciones. La exviceministra Sia Anagnostopoulou calificó el episodio como una cuestión de dignidad nacional. El ministro Giorgos Gerapetritis respondió que la embajadora había recibido el mismo trato que cualquier representante extranjero y que no había sido necesario convocarla oficialmente. El Gobierno griego no reaccionó de inmediato tras conocerse su salida.

Grecia es miembro de la OTAN, alberga instalaciones militares importantes para las operaciones estadounidenses en el Mediterráneo oriental y participa en iniciativas europeas relacionadas con la protección del transporte comercial en el mar Rojo. Por eso, las acusaciones tenían un alcance mayor que el de una disputa personal: podían afectar a la confianza entre dos gobiernos y a la credibilidad de la representación estadounidense.

Guilfoyle, abogada y antigua fiscal en California, alcanzó notoriedad como presentadora de Fox News antes de incorporarse al entorno político de Trump. Fue esposa del actual gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, y posteriormente se comprometió con Donald Trump Jr. El Senado confirmó su nombramiento como embajadora en Grecia en julio de 2025.

Su destitución no prueba por sí misma que las denuncias sean ciertas ni equivale a una conclusión formal sobre su responsabilidad. Sí muestra, sin embargo, que la acumulación de acusaciones y el coste político de la polémica llevaron a la Casa Blanca a retirar a su representante en un destino diplomático sensible. La eventual investigación deberá determinar si hubo incumplimientos de las normas oficiales o si el caso terminó siendo, principalmente, una crisis de confianza y de gestión política.