El Gobierno de la Ciudad de México aún no publica los lineamientos que deben regir el nuevo modelo de verificación del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), pese a que autoridades capitalinas habían asegurado que el documento estaría disponible el lunes siguiente a su anuncio. La promesa no se concretó y el marco normativo acumula más de dos semanas de retraso, dejando en suspenso la aplicación integral de un esquema que busca privilegiar la prevención sobre la clausura.

La ausencia de los lineamientos no significa necesariamente que las verificaciones hayan quedado paralizadas. Sin embargo, sí mantiene sin definición pública aspectos esenciales para que ciudadanos, empresas y funcionarios conozcan cómo se aplicará el nuevo enfoque: qué conductas serán consideradas corregibles, qué plazos tendrán los establecimientos para subsanar irregularidades y en qué circunstancias procederá una sanción más severa, incluida la suspensión de actividades.

Una promesa de prevención todavía sin reglas visibles

El cambio anunciado para el Invea plantea una modificación relevante en la relación entre la autoridad verificadora y los establecimientos sujetos a inspección. En lugar de colocar la clausura como respuesta inmediata ante cualquier incumplimiento, el modelo pretende dar prioridad a la orientación y a la corrección, al menos cuando la falta no represente un riesgo grave o una afectación directa a terceros.

Para que esa intención pueda aplicarse de manera uniforme, el Gobierno capitalino necesita convertirla en reglas verificables. Un discurso de prevención, sin criterios publicados, puede producir interpretaciones distintas entre inspectores y generar incertidumbre entre los responsables de negocios, obras, anuncios, establecimientos mercantiles y otras actividades reguladas por la administración local.

Los lineamientos también deberían precisar cómo se documentarán las visitas, qué información deberá entregarse a los inspeccionados y bajo qué condiciones una advertencia podrá transformarse en multa o clausura. Sin esa ruta definida, la autoridad corre el riesgo de que el nuevo modelo sea percibido como un anuncio político más que como una herramienta administrativa operable.

El retraso afecta la certeza para ciudadanos y negocios

La publicación de reglas no es un trámite menor. En materia de verificación administrativa, los lineamientos funcionan como una referencia para limitar la discrecionalidad y permitir que los particulares anticipen las consecuencias de un incumplimiento. La demora, por tanto, no sólo posterga la puesta en marcha de una política pública; también prolonga un periodo de ambigüedad para quienes deben cumplir con obligaciones locales.

Para los establecimientos, la incertidumbre puede traducirse en decisiones difíciles. Un negocio que recibe una observación necesita saber si puede corregirla dentro de un plazo, si debe presentar documentos adicionales o si enfrenta una medida inmediata. La falta de criterios públicos puede elevar los costos de cumplimiento, retrasar inversiones y fomentar respuestas defensivas, incluso cuando el objetivo oficial es promover la regularización voluntaria.

El problema adquiere una dimensión adicional cuando las verificaciones tienen efectos económicos inmediatos. Una clausura puede interrumpir operaciones, afectar empleos y comprometer contratos o entregas. Si el modelo busca sustituir medidas de cierre por mecanismos graduales de corrección, los procedimientos deben ser transparentes y aplicarse bajo condiciones comparables para evitar que casos similares reciban tratamientos distintos.

El punto central: cómo se distinguirá el riesgo

La eficacia del esquema dependerá de la capacidad del Invea para distinguir entre infracciones formales y situaciones que impliquen un peligro real. No requiere la misma respuesta un documento vencido que una condición que comprometa la seguridad estructural, la protección civil, la salud pública o la integridad de las personas. La prevención puede ser razonable en el primer caso, pero insuficiente en el segundo si se convierte en una demora para actuar.

Por ello, los lineamientos tendrán que establecer categorías de riesgo, criterios de reincidencia y supuestos de intervención inmediata. También será necesario definir quién autorizará una clausura, cómo se revisará una decisión y qué mecanismos estarán disponibles para impugnarla. La claridad en estos puntos puede reducir conflictos y proteger tanto a los particulares como a los propios verificadores.

Un modelo preventivo no implica eliminar las sanciones. Su credibilidad dependerá de que las medidas correctivas tengan plazos definidos y consecuencias claras cuando no se cumplan. Si la autoridad ofrece oportunidades de regularización sin una fecha límite o sin una respuesta posterior prevista, el sistema puede perder capacidad disuasoria. En cambio, una secuencia documentada de orientación, requerimiento, corrección y sanción permitiría equilibrar cumplimiento y protección del interés público.

La publicación será la primera prueba del nuevo esquema

El retraso también coloca al Gobierno de la Ciudad de México ante una prueba de confianza institucional. La administración presentó el nuevo modelo como una transformación en la forma de verificar, pero todavía debe demostrar que cuenta con una arquitectura normativa suficiente para hacerlo funcionar. La demora de más de dos semanas no determina por sí misma el fracaso de la política, aunque sí aumenta la presión para que el documento sea completo, accesible y coherente con la legislación vigente.

La publicación deberá acompañarse de información práctica: obligaciones específicas, procedimientos para corregir irregularidades, criterios de riesgo, plazos y vías de revisión. Sin esa explicación, el documento podría cumplir formalmente con su difusión y, aun así, no resolver las dudas que enfrentan quienes serán verificados.

Mientras el Gobierno capitalino mantiene pendiente la emisión de los lineamientos, el Invea opera en un escenario de transición. El resultado del nuevo modelo no se medirá únicamente por el número de clausuras que disminuya, sino por su capacidad para elevar el cumplimiento, reducir decisiones arbitrarias y actuar con rapidez cuando exista un riesgo comprobable. La fecha de publicación y el contenido final de las reglas serán los primeros indicadores de si la promesa de prevención puede convertirse en una práctica administrativa consistente.