La crisis escolar europea combina falta de docentes, edificios deteriorados y desigualdadLas protestas estudiantiles que comenzaron en septiembre en el instituto público Antoine-de-Saint-Exupéry, en Créteil, han puesto en primer plano problemas que exceden a Francia: aulas sin personal suficiente, edificios inadecuados y condiciones de aprendizaje muy distintas según el origen social y el territorio. Lo que empezó con una huelga de profesores y papeleras incendiadas se convirtió en una movilización nacional, con más de 250.000 estudiantes en las calles el 6 de octubre, según las autoridades.La protesta nació de carencias concretasEn el centro de Créteil faltaban docentes de matemáticas, francés y lengua e historia, además de una enfermera de baja. La consigna «sin enfermera, es una desgracia» acompañó el bloqueo, difundido después por TikTok. Un mes más tarde, las promesas del ministro Édouard Geffray —3.000 profesores sustitutos y 1.000 millones de euros adicionales— no habían desactivado el malestar. La convocatoria prevista para el 17 de octubre, bajo el lema «Jaunes et jeunes», busca unir a estudiantes con trabajadores, docentes, personal sanitario y otros colectivos afectados por el coste de vida.La falta de profesorado no es exclusiva de los centros que protagonizaron las protestas. En 2025, el 45% de los alumnos franceses de 15 años asistía a escuelas cuya dirección declaró problemas para cubrir puestos docentes. La proporción alcanzaba el 46% en Grecia, el 49% en España y el 52% en Alemania; la media de la OCDE era del 39%. La escasez se agrava porque cada vez menos personas eligen la profesión y sustituir a quienes se jubilan o causan baja resulta especialmente difícil en zonas menos atractivas.El código postal también pesa en el aulaAdrien Misson, representante del sindicato francés UNSA, describe un sistema de asignación que puede enviar a profesores jóvenes y con menos puntos a destinos difíciles de cubrir. La puntuación nacional favorece, entre otros factores, a quienes tienen pareja, hijos o una discapacidad. Misson sostiene que la lógica debería invertirse: más recursos, menos alumnos por clase y mejores incentivos en los centros que más los necesitan. La experiencia francesa con primas o ventajas por permanecer varios años no ha resuelto el problema; desde 2023-24, «Le Pacte» ofrece remuneración extra a quienes aceptan tareas adicionales.La desigualdad se refleja también en los resultados. En ciencias, los estudiantes franceses de entornos socioeconómicos favorecidos aventajaron en 100 puntos a los más desfavorecidos en PISA 2025, una diferencia equivalente a entre dos cursos y medio y tres de aprendizaje. La brecha se redujo 21 puntos entre 2022 y 2025, pero Rodrigo Castañeda Valle, analista de la OCDE, advierte que la mejora a largo plazo no se debe a un avance sostenido del alumnado desfavorecido: sus resultados permanecieron relativamente estables, mientras descendían los de los más favorecidos. En España la diferencia era de 71 puntos y la media de la OCDE, de 85.Los estudiantes cuestionan además Parcoursup, la plataforma francesa de acceso a la universidad. Sylvie, alumna de 17 años, considera que el sistema clasifica a los candidatos según el centro del que proceden y su lugar de residencia. Su crítica enlaza con una percepción más amplia: se exige un rendimiento comparable a jóvenes que estudian en condiciones muy desiguales. La brecha no se explica únicamente por la selección universitaria; también intervienen los recursos del centro, la estabilidad de sus equipos y las oportunidades disponibles en cada barrio.Edificios que dificultan aprenderLas carencias materiales completan el cuadro. En Grecia, el 47% de los alumnos de 15 años y en España el 44% acudían a centros cuyos directores señalaban que la infraestructura o los problemas de calefacción y refrigeración perjudicaban el aprendizaje. En Rumanía, al menos 97 escuelas públicas de 16 condados tenían instalaciones sanitarias calificadas como deficientes: letrinas exteriores o baños sin agua corriente ni conexión al alcantarillado. El Gobierno aprobó el 9 de octubre 7,849 millones de lei, alrededor de 1,6 millones de euros, para obras de saneamiento.En Bulgaria hay centros con dificultades para ofrecer calefacción, aseos interiores, instalaciones deportivas o laboratorios. En Grecia, donde casi dos tercios de los edificios escolares se construyeron antes de 1985, algunos alumnos estudian en aulas prefabricadas. En octubre se registraron desprendimientos de yeso en colegios de Lamia y Tesalónica; varios estudiantes resultaron heridos y uno fue trasladado al hospital. En España, antes de la pandemia unos 50.000 alumnos asistían a clase en módulos prefabricados. Cataluña redujo sus barracones de 1.006 en 2021 a 915 en 2025, pero siguen existiendo miles de aulas provisionales en el país.Calor, contratación y decisiones presupuestariasEl calor extremo añade presión a edificios poco adaptados. En una encuesta realizada durante la ola de calor de junio por el Instituto Austriaco de Tecnología, el 88% de más de 1.500 estudiantes y docentes dijo que las temperaturas escolares les provocaron estrés; tres cuartas partes tuvieron dificultades para concentrarse y más de la mitad refirió dolores de cabeza. Algunas aulas superaron los 30 grados. España destinó 200 millones de euros a mejorar la eficiencia energética de centros educativos, pero climatizar los 1.200 centros catalanes considerados deficientes costaría, según Equitat, unos 1.300 millones.La respuesta, por tanto, no puede limitarse a cubrir vacantes: requiere combinar contratación y retención de docentes, inversión en edificios y medidas que compensen las desventajas territoriales. La OCDE propone incentivos —complementos salariales, menor carga lectiva y oportunidades de carrera— para quienes trabajan en centros desfavorecidos, fórmulas utilizadas en Corea del Sur e Inglaterra. En Francia, en cambio, el proyecto presupuestario para 2027 prevé suprimir 1.588 puestos docentes, 1.250 de ellos en la enseñanza pública. Esa decisión alimenta la desconfianza de sindicatos y estudiantes: cuando se recortan plazas mientras persisten aulas sin personal y edificios deteriorados, las promesas de mejora pierden credibilidad antes de llegar a las escuelas.

La crisis escolar europea combina falta de docentes, edificios deteriorados y desigualdad

Las protestas estudiantiles que comenzaron en septiembre en el instituto público Antoine-de-Saint-Exupéry, en Créteil, han puesto en primer plano problemas que exceden a Francia: aulas sin personal suficiente, edificios inadecuados y condiciones de aprendizaje muy distintas según el origen social y el territorio. Lo que empezó con una huelga de profesores y papeleras incendiadas se convirtió en una movilización nacional, con más de 250.000 estudiantes en las calles el 6 de octubre, según las autoridades.

La protesta nació de carencias concretas

En el centro de Créteil faltaban docentes de matemáticas, francés y lengua e historia, además de una enfermera de baja. La consigna «sin enfermera, es una desgracia» acompañó el bloqueo, difundido después por TikTok. Un mes más tarde, las promesas del ministro Édouard Geffray —3.000 profesores sustitutos y 1.000 millones de euros adicionales— no habían desactivado el malestar. La convocatoria prevista para el 17 de octubre, bajo el lema «Jaunes et jeunes», busca unir a estudiantes con trabajadores, docentes, personal sanitario y otros colectivos afectados por el coste de vida.

La falta de profesorado no es exclusiva de los centros que protagonizaron las protestas. En 2025, el 45% de los alumnos franceses de 15 años asistía a escuelas cuya dirección declaró problemas para cubrir puestos docentes. La proporción alcanzaba el 46% en Grecia, el 49% en España y el 52% en Alemania; la media de la OCDE era del 39%. La escasez se agrava porque cada vez menos personas eligen la profesión y sustituir a quienes se jubilan o causan baja resulta especialmente difícil en zonas menos atractivas.

La crisis escolar europea combina falta de docentes, edificios deteriorados y desigualdadLas protestas estudiantiles que comenzaron en septiembre en el instituto público Antoine-de-Saint-Exupéry, en Créteil, han puesto en primer plano problemas que exceden a Francia: aulas sin personal suficiente, edificios inadecuados y condiciones de aprendizaje muy distintas según el origen social y el territorio. Lo que empezó con una huelga de profesores y papeleras incendiadas se convirtió en una movilización nacional, con más de 250.000 estudiantes en las calles el 6 de octubre, según las autoridades.La protesta nació de carencias concretasEn el centro de Créteil faltaban docentes de matemáticas, francés y lengua e historia, además de una enfermera de baja. La consigna «sin enfermera, es una desgracia» acompañó el bloqueo, difundido después por TikTok. Un mes más tarde, las promesas del ministro Édouard Geffray —3.000 profesores sustitutos y 1.000 millones de euros adicionales— no habían desactivado el malestar. La convocatoria prevista para el 17 de octubre, bajo el lema «Jaunes et jeunes», busca unir a estudiantes con trabajadores, docentes, personal sanitario y otros colectivos afectados por el coste de vida.La falta de profesorado no es exclusiva de los centros que protagonizaron las protestas. En 2025, el 45% de los alumnos franceses de 15 años asistía a escuelas cuya dirección declaró problemas para cubrir puestos docentes. La proporción alcanzaba el 46% en Grecia, el 49% en España y el 52% en Alemania; la media de la OCDE era del 39%. La escasez se agrava porque cada vez menos personas eligen la profesión y sustituir a quienes se jubilan o causan baja resulta especialmente difícil en zonas menos atractivas.El código postal también pesa en el aulaAdrien Misson, representante del sindicato francés UNSA, describe un sistema de asignación que puede enviar a profesores jóvenes y con menos puntos a destinos difíciles de cubrir. La puntuación nacional favorece, entre otros factores, a quienes tienen pareja, hijos o una discapacidad. Misson sostiene que la lógica debería invertirse: más recursos, menos alumnos por clase y mejores incentivos en los centros que más los necesitan. La experiencia francesa con primas o ventajas por permanecer varios años no ha resuelto el problema; desde 2023-24, «Le Pacte» ofrece remuneración extra a quienes aceptan tareas adicionales.La desigualdad se refleja también en los resultados. En ciencias, los estudiantes franceses de entornos socioeconómicos favorecidos aventajaron en 100 puntos a los más desfavorecidos en PISA 2025, una diferencia equivalente a entre dos cursos y medio y tres de aprendizaje. La brecha se redujo 21 puntos entre 2022 y 2025, pero Rodrigo Castañeda Valle, analista de la OCDE, advierte que la mejora a largo plazo no se debe a un avance sostenido del alumnado desfavorecido: sus resultados permanecieron relativamente estables, mientras descendían los de los más favorecidos. En España la diferencia era de 71 puntos y la media de la OCDE, de 85.Los estudiantes cuestionan además Parcoursup, la plataforma francesa de acceso a la universidad. Sylvie, alumna de 17 años, considera que el sistema clasifica a los candidatos según el centro del que proceden y su lugar de residencia. Su crítica enlaza con una percepción más amplia: se exige un rendimiento comparable a jóvenes que estudian en condiciones muy desiguales. La brecha no se explica únicamente por la selección universitaria; también intervienen los recursos del centro, la estabilidad de sus equipos y las oportunidades disponibles en cada barrio.Edificios que dificultan aprenderLas carencias materiales completan el cuadro. En Grecia, el 47% de los alumnos de 15 años y en España el 44% acudían a centros cuyos directores señalaban que la infraestructura o los problemas de calefacción y refrigeración perjudicaban el aprendizaje. En Rumanía, al menos 97 escuelas públicas de 16 condados tenían instalaciones sanitarias calificadas como deficientes: letrinas exteriores o baños sin agua corriente ni conexión al alcantarillado. El Gobierno aprobó el 9 de octubre 7,849 millones de lei, alrededor de 1,6 millones de euros, para obras de saneamiento.En Bulgaria hay centros con dificultades para ofrecer calefacción, aseos interiores, instalaciones deportivas o laboratorios. En Grecia, donde casi dos tercios de los edificios escolares se construyeron antes de 1985, algunos alumnos estudian en aulas prefabricadas. En octubre se registraron desprendimientos de yeso en colegios de Lamia y Tesalónica; varios estudiantes resultaron heridos y uno fue trasladado al hospital. En España, antes de la pandemia unos 50.000 alumnos asistían a clase en módulos prefabricados. Cataluña redujo sus barracones de 1.006 en 2021 a 915 en 2025, pero siguen existiendo miles de aulas provisionales en el país.Calor, contratación y decisiones presupuestariasEl calor extremo añade presión a edificios poco adaptados. En una encuesta realizada durante la ola de calor de junio por el Instituto Austriaco de Tecnología, el 88% de más de 1.500 estudiantes y docentes dijo que las temperaturas escolares les provocaron estrés; tres cuartas partes tuvieron dificultades para concentrarse y más de la mitad refirió dolores de cabeza. Algunas aulas superaron los 30 grados. España destinó 200 millones de euros a mejorar la eficiencia energética de centros educativos, pero climatizar los 1.200 centros catalanes considerados deficientes costaría, según Equitat, unos 1.300 millones.La respuesta, por tanto, no puede limitarse a cubrir vacantes: requiere combinar contratación y retención de docentes, inversión en edificios y medidas que compensen las desventajas territoriales. La OCDE propone incentivos —complementos salariales, menor carga lectiva y oportunidades de carrera— para quienes trabajan en centros desfavorecidos, fórmulas utilizadas en Corea del Sur e Inglaterra. En Francia, en cambio, el proyecto presupuestario para 2027 prevé suprimir 1.588 puestos docentes, 1.250 de ellos en la enseñanza pública. Esa decisión alimenta la desconfianza de sindicatos y estudiantes: cuando se recortan plazas mientras persisten aulas sin personal y edificios deteriorados, las promesas de mejora pierden credibilidad antes de llegar a las escuelas.

El código postal también pesa en el aula

Adrien Misson, representante del sindicato francés UNSA, describe un sistema de asignación que puede enviar a profesores jóvenes y con menos puntos a destinos difíciles de cubrir. La puntuación nacional favorece, entre otros factores, a quienes tienen pareja, hijos o una discapacidad. Misson sostiene que la lógica debería invertirse: más recursos, menos alumnos por clase y mejores incentivos en los centros que más los necesitan. La experiencia francesa con primas o ventajas por permanecer varios años no ha resuelto el problema; desde 2023-24, «Le Pacte» ofrece remuneración extra a quienes aceptan tareas adicionales.

La desigualdad se refleja también en los resultados. En ciencias, los estudiantes franceses de entornos socioeconómicos favorecidos aventajaron en 100 puntos a los más desfavorecidos en PISA 2025, una diferencia equivalente a entre dos cursos y medio y tres de aprendizaje. La brecha se redujo 21 puntos entre 2022 y 2025, pero Rodrigo Castañeda Valle, analista de la OCDE, advierte que la mejora a largo plazo no se debe a un avance sostenido del alumnado desfavorecido: sus resultados permanecieron relativamente estables, mientras descendían los de los más favorecidos. En España la diferencia era de 71 puntos y la media de la OCDE, de 85.

Los estudiantes cuestionan además Parcoursup, la plataforma francesa de acceso a la universidad. Sylvie, alumna de 17 años, considera que el sistema clasifica a los candidatos según el centro del que proceden y su lugar de residencia. Su crítica enlaza con una percepción más amplia: se exige un rendimiento comparable a jóvenes que estudian en condiciones muy desiguales. La brecha no se explica únicamente por la selección universitaria; también intervienen los recursos del centro, la estabilidad de sus equipos y las oportunidades disponibles en cada barrio.

Edificios que dificultan aprender

Las carencias materiales completan el cuadro. En Grecia, el 47% de los alumnos de 15 años y en España el 44% acudían a centros cuyos directores señalaban que la infraestructura o los problemas de calefacción y refrigeración perjudicaban el aprendizaje. En Rumanía, al menos 97 escuelas públicas de 16 condados tenían instalaciones sanitarias calificadas como deficientes: letrinas exteriores o baños sin agua corriente ni conexión al alcantarillado. El Gobierno aprobó el 9 de octubre 7,849 millones de lei, alrededor de 1,6 millones de euros, para obras de saneamiento.

En Bulgaria hay centros con dificultades para ofrecer calefacción, aseos interiores, instalaciones deportivas o laboratorios. En Grecia, donde casi dos tercios de los edificios escolares se construyeron antes de 1985, algunos alumnos estudian en aulas prefabricadas. En octubre se registraron desprendimientos de yeso en colegios de Lamia y Tesalónica; varios estudiantes resultaron heridos y uno fue trasladado al hospital. En España, antes de la pandemia unos 50.000 alumnos asistían a clase en módulos prefabricados. Cataluña redujo sus barracones de 1.006 en 2021 a 915 en 2025, pero siguen existiendo miles de aulas provisionales en el país.

Calor, contratación y decisiones presupuestarias

El calor extremo añade presión a edificios poco adaptados. En una encuesta realizada durante la ola de calor de junio por el Instituto Austriaco de Tecnología, el 88% de más de 1.500 estudiantes y docentes dijo que las temperaturas escolares les provocaron estrés; tres cuartas partes tuvieron dificultades para concentrarse y más de la mitad refirió dolores de cabeza. Algunas aulas superaron los 30 grados. España destinó 200 millones de euros a mejorar la eficiencia energética de centros educativos, pero climatizar los 1.200 centros catalanes considerados deficientes costaría, según Equitat, unos 1.300 millones.

La respuesta, por tanto, no puede limitarse a cubrir vacantes: requiere combinar contratación y retención de docentes, inversión en edificios y medidas que compensen las desventajas territoriales. La OCDE propone incentivos —complementos salariales, menor carga lectiva y oportunidades de carrera— para quienes trabajan en centros desfavorecidos, fórmulas utilizadas en Corea del Sur e Inglaterra. En Francia, en cambio, el proyecto presupuestario para 2027 prevé suprimir 1.588 puestos docentes, 1.250 de ellos en la enseñanza pública. Esa decisión alimenta la desconfianza de sindicatos y estudiantes: cuando se recortan plazas mientras persisten aulas sin personal y edificios deteriorados, las promesas de mejora pierden credibilidad antes de llegar a las escuelas.

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