La democracia atraviesa la etapa más frágil desde el comienzo de la llamada tercera ola, iniciada en 1974 con la Revolución de los Claveles en Portugal. Los principales informes internacionales coinciden en que el deterioro ya no constituye una sucesión de episodios aislados, sino una tendencia global sostenida. La expansión de gobiernos autocráticos, la manipulación digital del debate público y la pérdida de compromiso de Estados Unidos con el orden liberal han alterado el equilibrio que durante décadas pareció contener el retroceso democrático.

El mapa mundial se inclina hacia la autocracia

El dato más contundente procede de V-Dem: al cierre de 2025 había 92 autocracias frente a 87 democracias. El 74 por ciento de la población mundial, unos 6.000 millones de personas, vivía bajo regímenes autocráticos, mientras solo el 7 por ciento, cerca de 600 millones, residía en democracias liberales. La diferencia no es únicamente estadística. Revela que la forma de gobierno que garantiza mayores controles institucionales se ha convertido en una experiencia minoritaria, incluso dentro del conjunto de países que todavía celebran elecciones.

Freedom House registró en 2025 el vigésimo año consecutivo de retroceso de la libertad global: 54 países empeoraron en derechos políticos y libertades civiles, frente a 35 que avanzaron. Idea Internacional identificó, por su parte, el undécimo año seguido en que los retrocesos superaron a las mejoras. En 98 países, equivalentes al 57 por ciento de los evaluados, la situación democrática se deterioró.

La persistencia de esta tendencia cambia la naturaleza del desafío. Ya no se trata solo de defender elecciones periódicas, sino de impedir que los gobiernos utilicen la legitimidad electoral para vaciar de contenido los controles que hacen posible la alternancia. Una democracia puede conservar urnas y partidos, pero perder progresivamente la independencia judicial, la libertad de prensa y la capacidad de fiscalizar al poder.

La ruptura ya no llega necesariamente en tanques

El segundo ancla del deterioro es el cambio en la forma de muerte de las democracias. Los golpes militares no han desaparecido, pero dejaron de ser el mecanismo principal de quiebre institucional. Con mayor frecuencia, el desmantelamiento comienza con líderes elegidos de manera legítima que presentan al Congreso, los tribunales, la prensa o los organismos electorales como obstáculos impuestos por élites conspiradoras.

El procedimiento suele ser gradual. Primero se desacredita a los árbitros institucionales; después se modifican las reglas de supervisión, se presiona a los medios críticos y se colonizan las entidades encargadas de controlar al Ejecutivo. La mayoría parlamentaria o la popularidad presidencial se convierten entonces en argumentos para justificar la concentración de poder. La apelación a una supuesta voluntad popular permite presentar las garantías constitucionales como privilegios de minorías, aunque esas garantías existan precisamente para proteger a todos los ciudadanos cuando cambia la mayoría.

Estados Unidos representa una pieza decisiva de esta transformación. La reducción de la cooperación democrática durante la administración de Donald Trump y la normalización de la cercanía con dirigentes autoritarios debilitan el respaldo internacional que Washington ofreció, con contradicciones, durante buena parte de la etapa liberal. Cuando una potencia que se presentaba como garante abandona esa función, los gobiernos autoritarios encuentran más margen para desafiar las reglas regionales sin asumir costos equivalentes.

América Latina conserva apoyo democrático, pero no paciencia

La región ofrece una imagen menos uniforme. En 2025, el 71 por ciento de los latinoamericanos vivía bajo regímenes democráticos, aunque apenas el 5 por ciento lo hacía en democracias liberales. Uruguay mantiene las instituciones de mayor calidad, acompañado en distintos grados por Costa Rica y Chile. Cuba y Nicaragua permanecen como dictaduras; Venezuela atraviesa una situación excepcional de dependencia respecto de Estados Unidos; Haití padece un colapso estatal y El Salvador avanza hacia un modelo autoritario respaldado por amplios sectores debido a sus resultados en seguridad.

El problema regional no se explica solo por la voluntad de los gobernantes. La insatisfacción con la democracia pasó del 56,2 por ciento en 1995 al 64,7 por ciento en 2024. Estados débiles, desigualdad, corrupción, violencia criminal y narcotráfico han deteriorado la relación entre ciudadanía e instituciones. Cuando el Estado no puede proteger, impartir justicia ni ofrecer servicios básicos, la defensa de los procedimientos democráticos pierde atractivo frente a la promesa de eficacia inmediata.

La paradoja aparece en los datos de LAPOP: el 65 por ciento de los latinoamericanos sigue considerando preferible la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo, una parte significativa acepta sacrificar controles, derechos de las minorías o independencia judicial a cambio de seguridad y resultados concretos. El apoyo a la democracia, por tanto, no equivale automáticamente al apoyo a sus reglas. La estabilidad del sistema dependerá de que las instituciones logren demostrar que proteger derechos y gobernar con eficacia no son objetivos incompatibles.

La defensa comienza por recuperar resultados y confianza

La respuesta no puede limitarse a denunciar el autoritarismo después de que haya capturado los órganos de control. Hace falta reconstruir la legitimidad democrática en sus dos dimensiones: la de origen, basada en elecciones libres, y la de ejercicio, vinculada con la capacidad de gobernar, rendir cuentas y resolver problemas públicos. Sin una administración eficaz, la defensa abstracta de las instituciones pierde fuerza; sin controles, la eficacia puede convertirse en la puerta de entrada de la arbitrariedad.

Eso exige reformas estatales, sistemas fiscales capaces de reducir desigualdades, políticas firmes contra la corrupción y estrategias de seguridad compatibles con los derechos humanos. También requiere ampliar la participación ciudadana y proteger el periodismo independiente. La inteligencia artificial y los algoritmos han acelerado la manipulación del debate público, de modo que la alfabetización mediática debe dejar de ser una iniciativa marginal y convertirse en una política cívica permanente.

La renovación democrática tendrá además una dimensión regional. La Carta Democrática Interamericana necesita herramientas más eficaces para prevenir y responder a formas de autoritarismo que operan desde gobiernos formalmente electos. El desenlace permanece abierto: las sociedades aún cuentan con tribunales independientes, autoridades electorales, medios y organizaciones civiles capaces de contener la concentración de poder. Pero esas reservas no son automáticas. La democracia se conserva cuando los ciudadanos exigen resultados sin renunciar a las reglas que permiten controlar a quienes gobiernan.