Luisa González, principal figura electoral del correísmo en los comicios presidenciales de 2023 y 2025, fue detenida este jueves en la localidad de Canuto, en la provincia costera de Manabí. La medida se produjo dentro del caso denominado “Laberinto”, una investigación de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en el financiamiento político y en el gasto publicitario de la campaña presidencial de 2023.

El arresto coloca bajo presión a una dirigente que, pese a haber perdido dos segundas vueltas frente al presidente Daniel Noboa, se había consolidado como la representante más visible del movimiento de Rafael Correa. También abre una nueva etapa en la disputa política ecuatoriana: la investigación judicial se cruza con una oposición que denuncia persecución y con un oficialismo que enfrenta cuestionamientos sobre el funcionamiento de las instituciones.

Una detención vinculada a la campaña que llevó al correísmo a la segunda vuelta

La Fiscalía sostiene que el caso “Laberinto” busca determinar si existieron anomalías en la forma en que se financiaron y ejecutaron los gastos electorales de González durante la campaña de 2023. La investigación no se limita a una controversia administrativa: examina posibles delitos relacionados con el manejo de recursos y con la publicidad política utilizada para impulsar su candidatura.

González rechazó la acusación y calificó de “absurdo” el motivo de su detención. En un mensaje difundido desde su cuenta oficial, afirmó que responderá con dignidad y vinculó la actuación fiscal con una supuesta persecución política. Sus declaraciones trasladan el caso desde el terreno estrictamente judicial al conflicto institucional que desde hace años enfrenta al correísmo con sus adversarios.

La causa “Laberinto” se suma al expediente conocido como “Caja Chica”, abierto desde comienzos de año contra González y Revolución Ciudadana. En ese proceso se investiga la presunta utilización de dinero ilícito en efectivo procedente de Venezuela para financiar la campaña de 2023, bajo una hipótesis de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero. Se trata de acusaciones aún en investigación, cuya solidez deberá establecerse mediante pruebas y decisiones judiciales.

El nuevo expediente intensifica la confrontación con Daniel Noboa

La detención llega en un escenario de máxima polarización. González perdió la segunda vuelta de 2023 ante Noboa y volvió a ser derrotada por el mismo rival en las elecciones de 2025, esta vez en una contienda para un mandato presidencial completo de cuatro años. La repetición del enfrentamiento convirtió a ambos en los principales antagonistas de la política ecuatoriana.

La ex candidata acusa a Noboa de estar detrás de las investigaciones abiertas contra el correísmo, aunque el texto de la denuncia política no aporta pruebas que demuestren esa intervención. El Gobierno, por su parte, debe afrontar el desafío de que una acción fiscal contra una dirigente opositora no sea percibida como un mecanismo de neutralización política. La independencia de la Fiscalía y el control judicial de la medida serán determinantes para preservar la credibilidad del proceso.

González describió al país como sumido en una “situación insostenible” y responsabilizó al Gobierno por el deterioro económico, la violencia, la corrupción y las restricciones a las libertades. El tono de su respuesta muestra que su estrategia de defensa no será únicamente jurídica. Su entorno previsiblemente buscará convertir la detención en un símbolo de la confrontación entre el correísmo y el Gobierno de Noboa.

De colaboradora de Correa a candidata presidencial

La trayectoria de González explica por qué su arresto tiene un impacto que excede el expediente fiscal. Nacida en Quito y criada en Canuto, es abogada, madre de dos hijos y una de las colaboradoras de mayor confianza de Correa. Se incorporó al proyecto correísta cuando el expresidente comenzaba su ascenso político y ocupó cargos de responsabilidad en la administración pública.

Durante los gobiernos de Correa fue coordinadora de Agenda Estratégica, viceministra de Gestión Turística, secretaria general del Despacho Presidencial y secretaria nacional de la Administración Pública. También ejerció funciones consulares en España. Esa experiencia la convirtió en una dirigente con conocimiento del aparato estatal y en una figura particularmente cercana al núcleo histórico de la Revolución Ciudadana.

Su paso a la primera línea política se produjo tras la disolución de la Asamblea Nacional impulsada por Guillermo Lasso mediante el mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”. En las elecciones extraordinarias de 2023, Revolución Ciudadana la eligió como candidata presidencial en lugar de Jorge Glas. Desde entonces, González dejó de ser una operadora interna del correísmo para convertirse en su principal rostro electoral.

El futuro de Revolución Ciudadana queda bajo presión

La situación judicial de González también afecta a la estructura partidaria. Revolución Ciudadana permanece suspendida a petición de la Fiscalía, y esa condición ya limitó la capacidad de sus dirigentes para competir en espacios electorales. La propia González intentó este año inscribir, sin éxito, una candidatura a la prefectura de Manabí con otra organización política.

El movimiento enfrenta así una doble dificultad. Por un lado, debe responder a investigaciones que cuestionan sus mecanismos de financiamiento y que pueden comprometer a dirigentes centrales. Por otro, necesita preservar una identidad política capaz de movilizar a sus seguidores en un contexto donde Correa permanece fuera del país y González se encuentra ahora bajo custodia.

El desenlace dependerá de la evidencia que presente la Fiscalía, de las decisiones de los jueces y de la capacidad de las instituciones para garantizar un proceso con controles verificables. Para el correísmo, la detención representa una amenaza inmediata a su liderazgo político; para el Gobierno, una prueba sobre los límites entre la lucha contra la corrupción y la disputa partidaria. En ambos casos, el expediente “Laberinto” puede convertirse en uno de los episodios más relevantes de la nueva etapa de confrontación política en Ecuador.