La excandidata presidencial Luisa González, principal figura electoral del correísmo en los últimos comicios de Ecuador, fue detenida en la madrugada de este jueves 22 de octubre en la localidad de Canuto, provincia de Manabí. La captura se produjo dentro de una investigación de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la financiación política y el gasto publicitario de su campaña presidencial de 2023, un caso denominado “Laberinto”.

González, abogada de 48 años y madre de dos hijos, fue trasladada en el marco de las diligencias judiciales, según la información difundida sobre el procedimiento. La investigación no equivale a una condena y las acusaciones deberán ser examinadas por la Justicia. El episodio, sin embargo, vuelve a colocar en el centro de la agenda la confrontación entre el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, y el Gobierno del actual mandatario, Daniel Noboa.

Una investigación distinta al caso “Caja Chica”

La Fiscalía abrió a comienzos de año un expediente contra González y Revolución Ciudadana conocido como “Caja Chica”. En ese proceso se investiga un supuesto esquema de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero y la presunta entrada de efectivo procedente de Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. La detención de este jueves, no obstante, corresponde a “Laberinto”, centrado en el origen y el uso de recursos destinados a la actividad electoral y a la publicidad.

La diferencia entre ambos expedientes es relevante porque muestra que la presión judicial sobre González no se limita a una sola acusación. El Ministerio Público examina distintas dimensiones de la campaña: por un lado, la presunta procedencia de determinados fondos; por otro, la forma en que se habrían registrado y gastado los recursos electorales. Hasta el momento, la información disponible no establece una responsabilidad penal definitiva de la política.

Del entorno de Correa a la primera línea electoral

La trayectoria de González está estrechamente vinculada a Correa. Cuando el exmandatario comenzó a consolidar su proyecto político, ella se incorporó a su administración y ocupó diversos cargos públicos. Fue coordinadora de Agenda Estratégica en 2010, vicecónsul en Madrid, secretaria general del Despacho Presidencial y viceministra de Gestión Turística. En 2017 también ejerció como secretaria nacional de la Administración Pública y cónsul en Alicante, España.

Después de la salida de Correa del poder, González trasladó su actividad al terreno electoral. En 2021 obtuvo un escaño en la Asamblea Nacional y se convirtió en una de las voces más firmes de la oposición al Gobierno conservador de Guillermo Lasso. La decisión de Lasso de aplicar en 2023 la llamada “muerte cruzada”, que disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas, abrió el camino para que el correísmo buscara una candidatura presidencial.

El movimiento eligió a González en lugar de Jorge Glas, exvicepresidente de Correa, quien acumulaba condenas por corrupción pero se encontraba en libertad en ese momento. Glas fue detenido en 2024 durante el ingreso de fuerzas ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, una operación ordenada por el Gobierno de Noboa después de que México le concediera asilo político. El episodio provocó una crisis diplomática entre ambos países.

Dos derrotas frente a Noboa y una oposición persistente

González compitió contra Noboa en la segunda vuelta presidencial de 2023 y volvió a enfrentarlo en las elecciones de 2025. En ambas ocasiones perdió ante el dirigente de derechas. La primera contienda se produjo en un escenario excepcional, marcado por la disolución de la Asamblea y por una fuerte crisis de seguridad. Noboa terminó imponiéndose y asumió inicialmente para completar el periodo presidencial interrumpido.

Durante ese periodo, González mantuvo una oposición activa. El correísmo logró imponerse en algunas preguntas de los referendos promovidos por Noboa, entre ellas las relacionadas con una eventual Asamblea Constituyente destinada a reemplazar la Constitución de 2008, impulsada durante el Gobierno de Correa. Esos resultados demostraron que, pese a sus derrotas presidenciales, Revolución Ciudadana conservaba capacidad de movilización y una base electoral significativa.

En los comicios de 2025, Noboa obtuvo nuevamente la victoria para un mandato completo de cuatro años. Correa y González cuestionaron el resultado y denunciaron un supuesto fraude, aunque no presentaron pruebas concluyentes que sustentaran esa acusación. La amplitud de la ventaja presidencial superó las previsiones de algunos sondeos y profundizó la disputa interna sobre el futuro del correísmo.

Una detención con impacto político

El caso judicial llega en un momento especialmente sensible para la oposición. Revolución Ciudadana fue suspendida a petición de la Fiscalía y quedó inhabilitada para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos previstas para noviembre. Ante esa situación, González intentó inscribir su candidatura a la prefectura de Manabí con otra organización política, pero no logró concretarla.

El movimiento de Correa sostiene que las investigaciones forman parte de una persecución política dirigida contra sus dirigentes y responsabiliza a Noboa de promover o alentar las acciones judiciales. El Gobierno, por su parte, ha defendido la actuación de las instituciones encargadas de investigar posibles delitos y no existe, en la información disponible, una decisión judicial que establezca que la detención responda a una orden presidencial.

La detención de González tendrá efectos más allá de su situación personal. Puede debilitar la capacidad del correísmo para reorganizarse antes de las elecciones regionales, pero también puede reforzar su discurso de victimización y movilizar a sus seguidores. La evolución del expediente “Laberinto”, el tratamiento judicial de las acusaciones y la existencia o no de pruebas verificables serán determinantes para establecer si el caso se convierte en una causa penal con consecuencias duraderas o en un nuevo capítulo de la prolongada confrontación política ecuatoriana.